Un juzgado de La Línea investiga si se están aplicando con rigor los controles en la frontera con Gibraltar

El jefe de la Policía de Fronteras ha sido citado como testigo por la jueza que lleva la instrucción Leer El jefe de la Policía de Fronteras ha sido citado como testigo por la jueza que lleva la instrucción Leer  

Un juzgado de La Línea investiga si España está aplicando de forma rigurosa el Código Shengen en la frontera de Gibraltar. Según ha adelantado el diario Europa Sur y ha podido confirmar EL MUNDO, la jueza que dirige la instrucción, Alba Serrano, ha citado como testigo al jefe de la Unidad Central de Fronteras, para que aporte información sobre los protocolos que se aplican en la Verja, después de que un inspector jefe de la Policía Nacional denunciara presiones de sus superiores para que no se exija el pasaporte a los ciudadanos del Peñón cuando entran a España.

La declaración tendrá lugar, en principio, el día 7 de febrero. La titular del juzgado quiere conocer, con exactitud, todos los detalles relativos al cruce de personas en la frontera y si se está aplicando lo dispuesto en los artículos 6 y 11 del Código de Schengen en el puesto fronterizo de la Línea de la Concepción.

Asimismo, según han confirmado a EL MUNDO fuentes conocedoras del proceso, también se ha solicitado a otro cargo de la Policía Nacional que elabore un informe sobre lo que viene sucediendo en algunos momentos concretos con el control de pasaportes.

La tensión en la Verja ha aumentado en los últimos meses ante la falta de resultados de la negociación abierta entre España y el Gobierno británico para resolver los mecanismos de control de la frontera tras el Brexit y la salida del Reino Unido del territorio de libre circulación de la UE regulado a través del Código Shengen.

Mientras no exista un acuerdo que indique lo contrario, las autoridades deberán considerar a los ciudadanos que entran en España desde Gibraltar como extracomunitarios, lo que le obliga a mostrar su pasaporte y a registrar el motivo y el tiempo de permanencia en territorio de la UE. Esos controles suponen un problema para muchos gibraltareños que tienen su segunda residencia en España.

Los policías que vigilan el puesto fronterizo se quejan de la falta de instrucciones precisas y por escrito en relación a la obligación o no de exigir el sellado de los pasaportes. A finales del pasado año se vivieron algunos momentos de tensión y retenciones en la Verja al respecto. Este aspecto también será abordado en la testifical del jefe policial.

Otro de los asuntos que también es objeto de investigación, y que ha tenido especial incidencia en los últimos días debido al temporal que ha azotado el Estrecho, tiene que ver con el desvío de vuelos procedentes de Londres que no han podido aterrizar en el aeródromo de la colonia y sí lo han hecho en Málaga. La autoridad judicial quiere conocer todos los detalles de los controles realizados o no a los ciudadanos que no pertenecen a la UE y al espacio Schengen.

Mientras tanto, la normalidad sigue siendo la nota predominante cada mañana en el acceso de los trabajadores transfronterizos, la mayoría españoles, aunque las dudas sobre qué va a ocurrir con el Tratado del Brexit aumentan. Pese a la voluntad que expresan todos los actores implicados en la negociación, el acuerdo no acaba de firmarse y esto podría generar problemas para los ciudadanos y también para las fuerzas de seguridad que no saben a qué atenerse.

Por otra parte, dos ciudadanos españoles comparecen este viernes ante la Corte de Magistrados gibraltareña acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales. Su detención se produjo tras una larga y compleja investigación llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP). Se trata de D. N. L; residente en Estepona, y F. C. G; con domicilio en Casares (Málaga). Ambos son directores de la empresa Victoria Construction Ltd, registrada en Gibraltar, y fueron detenidos en febrero de 2024 como sospechosos de fraude por falsa representación.

Las acusaciones se refieren a la infradeclaración de obligaciones fiscales corporativas y personales. En su día se presentaron numerosos cargos contra los dos empresarios por diferentes actuaciones presuntamente delictivas y que en total superan el millón de libras esterlinas.

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