Un juzgado ya está investigando la gestión del Hospital de Torrejón después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya unificado las denuncias por posibles irregularidades “que consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos”, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La Fiscalía apunta a un delito de prevaricación tras recibir cuatro denuncias por los audios y los documentos publicados por EL PAÍS que mostraban las órdenes de aumentar listas de espera y rechazar pacientes
Un juzgado ya está investigando la gestión de Ribera al frente del Hospital de Torrejón después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya unificado las denuncias por posibles irregularidades “que consistirían en diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos”, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La investigación responde a cuatro denuncias presentadas a raíz de la publicación por parte de este periódico de unos audios en los que se escuchaba al consejero delegado del Grupo Ribera (empresa que gestiona este hospital público) dando instrucciones a sus directivos para aumentar las listas de espera e incrementar así el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de la empresa.
Dado que el juzgado de Torrejón de Ardoz ya ha abierto una causa sobre el caso, la Fiscalía archiva sus diligencias tras estimar que “los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”, recogido en los artículos 404 y siguientes del Código Penal.
Las denuncias mencionadas por el ministerio público proceden del PSOE, del abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo, de la asociación Defensor del Paciente y de una fuente anónima, que pusieron en conocimiento de la Fiscalía los hechos que publicó EL PAÍS a partir del 3 de diciembre.
En las grabaciones se escucha cómo Pablo Gallart da instrucciones a un grupo de directivos del Grupo Ribera y del Hospital de Torrejón para aumentar hasta “los cuatro o cinco millones” el EBITDA de la empresa, justificándolo por la falta de rentabilidad del proyecto.
Indica a sus subordinados la necesidad de aumentar las listas de espera, manteniéndolas por debajo de la media de los hospitales públicos, y revisar qué actividad es “contributiva para el EBITDA” (rentable). Pide a sus mandos “ser imaginativos” para conseguir el objetivo, en sus palabras, de “salvar Torrejón”.
Posteriormente a la reunión, hubo instrucciones por escrito para no aceptar a pacientes “no cápita” (es decir, a los que no les correspondía el hospital) de diálisis peritoneal y de reutilizar catéteres cardíacos de un solo uso, según correos electrónicos a los que tuvo acceso este periódico.
Tras las publicaciones de EL PAÍS, el grupo Ribera apartó a Gallart de la gestión del hospital, aunque lo mantuvo en el cargo dentro de la empresa y aseguró que se trataba de audios fuera de contexto. Este periódico ha publicado la grabación completa de su intervención en la reunión.
Este jueves, previamente a conocerse la investigación judicial, se había convocado en la puerta principal del Hospital de Torrejón una movilización para pedir una mejora de las condiciones laborales, de las ratios, una carrera profesional digna, contra la falta de personal y por la mejora de la calidad asistencial. La convocan los sindicatos CSI-F, Amyts, Satse, CC OO y USAE.
Reacciones
Ni el Grupo Ribera, que gestiona el hospital, ni la Comunidad de Madrid, la Administración responsable de la concesión, han recibido hasta el momento notificación de la investigación, según han asegurado a EL PAÍS sus portavoces oficiales, por lo que no realizarán valoraciones.
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que su partido llegará “hasta el final” ante la “privatización” en la región y dice que es “lo más importante” que se “está jugando” la ciudadanía.
“Estamos viendo un modelo de privatización donde la codicia no tiene fin (…) Siempre es lo mismo. Todo acaba siempre en grupos privados de Sanidad. Todo acaba en manos de Quirón. Y todo eso acaba financiando vacaciones y áticos”, ha lanzado el ministro en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Más Madrid ha celebrado que el caso esté en manos de los juzgados y ha cargado contra la gestión privada de la sanidad. “Además de lesivo para los pacientes y perjudicial para las cuentas públicas, la gestión privada de los hospitales madrileños es con toda probabilidad delictiva”, ha lanzado la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Carmen Flores, presidenta de la asociación Defensor del Paciente, también se ha mostrado “muy contenta” por la noticia y ha señalado a la Comunidad de Madrid: “No puede decir que no sabía nada. Es la responsable última porque es la que da dinero público a un hospital para que lo utilice para atender a todos los pacientes, independientemente del tipo de patología. No puede dejar a unos en lista de espera para atender a otros más rentables”.
Flores denuncia que dar el dinero a las empresas privadas y desentenderse de la gestión puede suponer un delito de prevaricación y de desviación de fondos.
Tras las publicaciones de las informaciones por parte de EL PAÍS, la Consejería de Sanidad aseguró que tras una auditoría en el Hospital de Torrejón, no había detectado irregularidades.
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