Una financiación a varias velocidades

El sistema de financiación autonómica presume de ser tan complejo como el mecanismo de anticitera, un instrumento construido por los científicos griegos en el año 150 antes de Cristo para predecir posiciones astronómicas y cuya creación se considera una especie de enigma de la antigüedad. El reparto de los recursos entre el Estado y las comunidades es poco intuitivo y tan abstruso que a algunos consejeros autonómicos les cuesta entenderlo.

En ese contexto, este lunes se celebra la comisión bilateral entre el Ejecutivo y la Generalitat, donde está previsto que se escenifique el acuerdo para la financiación singular de Cataluña. El Gobierno está dispuesto a reconocer algunas especificidades a esta comunidad y abordar una financiación que tenga en cuenta que el Govern ha asumido más competencias que otras autonomías y, por tanto, tiene un mayor nivel de autogobierno.

La negociación entre el Gobierno y la Generalitat es una buena oportunidad para desbloquear la reforma del sistema de financiación para todas las comunidades de régimen común, que lleva encallada 10 años. Así lo pretende el Ministerio de Hacienda, que supervisa las deliberaciones a tres bandas entre el ministerio de Política Territorial, la Generalitat y ERC.

La negociación no es fácil porque se trata de que el Estado ceda más competencias y financiación a Cataluña sin crear agravios al resto de territorios. Algo así como soplar y sorber al mismo tiempo. La solución planteada por el Ejecutivo consiste en un modelo de financiación a varias velocidades. Así, las mismas competencias que consiga la Generalitat podrán extenderse a aquellas comunidades que las reclamen, “respetando, reconociendo y financiando las singularidades y voluntad de autogobierno”.

Un informe publicado por el IVIE, una de las instituciones que más ha estudiado la financiación autonómica, concluye esta semana que sería posible generalizar el modelo singular de Cataluña al resto de territorios. Pero advierte de que tendrían que darse ciertos requisitos: debería basarse en criterios transparentes para calcular el cupo y la cuota de solidaridad interterritorial. Y habría que incluir en el sistema a País Vasco y Navarra, las comunidades forales. Cupo y cuota de solidaridad son dos conceptos que pueden echar a perder todo el sistema. El cupo es la cuantía que las comunidades que recauden sus impuestos deben pagar al Estado por la prestación de servicios, como la defensa, las embajadas o las grandes inversiones de transporte. Y la solidaridad es la cuantía que deben aportar los territorios más ricos para que las que tienen menos renta puedan prestar los servicios públicos en igualdad de condiciones. De cómo se definan los criterios, el cálculo y la transparencia de estos mecanismos de ajuste dependerá el buen funcionamiento del régimen autonómico.

Antes de llegar a ese punto, las conversaciones aún están en cómo darle más protagonismo a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para que pueda recaudar, gestionar y controlar los tributos que los ciudadanos pagan en esa comunidad. El Ministerio de Hacienda ha marcado varias líneas rojas en ese punto. En primer lugar, se resiste a que el fisco catalán actúe de forma independiente. Prefiere organizar un sistema en red al que se puedan sumar todas las agencias autonómicas, pero siempre bajo la supervisión final de la Agencia Tributaria estatal (AEAT). También se opone a la cesión total de la capacidad normativa del IRPF. Y alberga dudas sobre la coordinación para mantener una eficaz política de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Este es uno de los riesgos de descentralizar la Agencia Tributaria.

El sistema es complejo y la negociación, ardua. Más allá de todos los tecnicismos del sistema de financiación, existen dos principios imprescindibles para forjar un sistema fiable, duradero y que no genere recelos. Se trata de la transparencia y la lealtad institucional. El resto de comunidades debe conocer con precisión los detalles del acuerdo para evitar agravios y el acuerdo debe servir para reforzar la confianza mutua entre el Estado central y Cataluña después de años de suspicacias.