Una primavera frenética para acabar con el hacinamiento de niños inmigrantes en Canarias

Más de un año de negociaciones y desplantes después, España ha aprobado un nuevo modelo de acogida de menores extranjeros no acompañados. La ley de extranjería obligará ahora, con los votos favorables de 179 diputados, a que todos los territorios sean solidarios y que la atención al colectivo más vulnerable entre los inmigrantes no sea solo una obligación de los territorios de entrada. La votación se siguió de un largo silencio hasta que se anunció un resultado, en el que solo el PP y Vox votaron en contra. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, intentó no llorar, pero acabó emocionado y arropado por la ministra de Infancia, Sira Rego. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no soltó una lágrima, pero vivió un momento emocionante cuando la mayoría de diputados presentes en el hemiciclo. Todos los implicados estaban eufóricos y optimistas, pero todavía queda un largo camino burocrático y legislativo hasta que el primer adolescente salga de Canarias.

Rego aspira a poner en marcha los traslados en verano, una vez que tanto su departamento como el Gobierno canario hayan puesto la maquinaria a andar. La ministra de Infancia convocará para el próximo 28 de abril a todas las comunidades autónomas en una cita en la que les presentará las cifras de menores que deberían ser reubicados en cada territorio con base en los criterios pactados de población, renta, esfuerzo previo de acogida… Los cálculos aún son preliminares porque hay quienes juegan con los números. Aragón no ha informado de los menores que acoge; Madrid no habla de plazas disponibles, sino de menores que han pasado por sus centros y Andalucía ha colado el acogimiento familiar (que apenas se usa con menores migrantes) como plazas de su red. En cualquier caso, la tabla final de reparto, según han advertido fuentes ministeriales, no será muy diferente a la que ya trascendió hace unas semanas y que supone que un puñado de las comunidades del PP tengan que asumir el grueso de los traslados (solo Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía deberían acoger unos 2.000 adolescentes).

Visto el rechazo frontal del PP a esta iniciativa y las amenazas de varios dirigentes de recurrir el reparto en el Constitucional, Rego cuenta ya con la oposición de las comunidades gobernadas por el PP. “Tenemos mecanismos que nos permiten garantizar el cumplimiento del real decreto”, advierten fuentes del ministerio. “Si quieren cooperar, fenomenal, pero si parte de ellas deciden rebelarse, nosotros seguiremos trabajando en el marco de la ley”.

En paralelo a las conversaciones con las comunidades autónomas, el Gobierno tiene aún que preparar el desarrollo del real decreto, que aún está en fase de elaboración. Ese texto que deberá aprobar el Consejo de Ministro es fundamental para definir la letra pequeña, desde cómo se ejecutarán los traslados a cómo debe ser la recepción de la comunidad de acogida.

El Gobierno canario (así como el de Ceuta) también tiene aún trabajo por hacer. En primer lugar, Canarias, con unos 6.000 niños y adolescentes en una red dimensionada para 800, tiene que formalizar su situación de contingencia migratoria. Este es el estatus con el que se activa legalmente la reubicación de los menores y que supone certificar que sus recursos están al triple de su capacidad. A partir de esa declaración, se activaría de forma más inmediata el traslado de los menores que sigan llegando a las islas, para lo que, en teoría, hay un plazo de 15 días desde su desembarco. Con los protocolos claros y las plazas por comunidad asignadas, se reubicará a los que ya están alojados en el archipiélago, dando prioridad a los que son mayores de 16 años y no tienen arraigo.

La consejería de Juventud e Infancia canaria ya ha comenzado a seleccionar esos perfiles, pero todo ese trámite no es menor. Los recursos administrativos de las islas también son limitados y se han visto saturados por ejemplo cuando ha habido que ejecutar los traslados voluntarios de unos centenares de niños, esos traslados que provocaron el pasado julio la ruptura de Vox con el PP en las comunidades donde gobernaban conjuntamente. A las condiciones (a veces estrictas) de las comunidades, se sumó que la propia administración canaria se vio incapaz de tramitar en tiempo y forma la documentación necesaria para enviar a los niños a otros territorios.

Clavijo, contento por lograr lo que lleva tantos meses persiguiendo, no olvida que aún tiene tres contenciosos pendientes con el Gobierno central, entre otros, las diferentes partidas económicas prometida para compensar el esfuerzo de acogida de estos años y que no han sido entregadas. La demanda asciende a 135 millones de euros. Otro es el que se refiere a la acogida de los 1.200 menores que han pedido asilo o tienen intención de hacerlo y que el Supremo ha considerado que debe asumir el Estado. Aún está por ver cómo se resuelve.