Debió ser a finales de 1977 cuando Felipe González, por sugerencia de Willy Brandt, recién elegido presidente de la Internacional socialista, me encargara viajar a Argentina porque nos llegaban informaciones muy preocupantes sobre la brutal represión que estaba ejerciendo la Junta Militar tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Amnistía Internacional, entre otras ONG, emitía informes alarmantes sobre desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros de jóvenes sospechosos de pertenecer a organizaciones guerrilleras como los Montoneros.
El régimen militar justificaba la represión con el argumento de que el país vivía un guerra civil, una tesis que ha recuperado Milei
Debió ser a finales de 1977 cuando Felipe González, por sugerencia de Willy Brandt, recién elegido presidente de la Internacional socialista, me encargara viajar a Argentina porque nos llegaban informaciones muy preocupantes sobre la brutal represión que estaba ejerciendo la Junta Militar tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Amnistía Internacional, entre otras ONG, emitía informes alarmantes sobre desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros de jóvenes sospechosos de pertenecer a organizaciones guerrilleras como los Montoneros.
Los últimos años del Gobierno de la presidenta Isabelita Perón habían sido caóticos con una Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina, de extrema derecha) ejerciendo violencia extrema contra la guerrilla urbana que, a su vez, asesinaba a militares o secuestraba a políticos o empresarios, lo que generó un clima de guerra civil.
Sabía que no iba a ser fácil aquel viaje. Yo era ya diputado y secretario de Relaciones Internacionales del PSOE y ya había viajado al Chile de Pinochet y al Uruguay del general Gregorio Álvarez interesándome por la situación de los derechos humanos.
Conté con el apoyo para mi tarea con el respaldo del entonces ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja (de la UCD), quien instruyó a su embajador en Buenos Aires, Enrique Pérez Hernández, para que me diera cobertura en mi delicada tarea.
Mi primera entrevista en Buenos Aires fue con el almirante Emilio Massera, miembro de la Junta Militar que presidía el general Jorge Videla. Me recibió en su despacho de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que ya era el centro clandestino de detención y tortura, pero ni el embajador ni la opinión pública ni yo lo sabíamos.
Massera estuvo frío, pero correcto. No reconoció la represión extrajudicial y me dio una versión de la situación que yo oiría en muchas otras entrevistas que tuve y que ahora observo que retoma el presidente Javier Milei y que ya entonces era falaz: Argentina vivía una guerra civil larvada y las Fuerzas Armadas habían tenido que intervenir para restaurar el orden. Mis objeciones, recordándole principios elementales del derecho, no sirvieron más que para enervarlo.
La segunda entrevista fue insólita. Me recibía en su despacho Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical, partido ilegalizado por los militares y cercano a la socialdemocracia. De entrada, Balbín me reprochó con malos modales mi injerencia (neocolonialista) y enseguida me endilgó la teoría de la necesidad de la intervención militar, como ya había hecho Massera y seguiría oyendo en otras entrevistas.
La siguiente reunión fue mucho más grata. Me recibió en su céntrico domicilio Raúl Alfonsín, que dirigía una corriente progresista de la Unión Cívica Radical, muy crítica con Balbín. Alfonsín me dijo que al golpe militar había seguido una brutal y masiva represión, como no se había conocido nunca, a pesar de los numerosos antecedentes de dictaduras militares en Argentina.
Como es sabido, Alfonsín fue el presidente de Argentina en las primeras elecciones tras la dictadura (1983) y quien tuvo el valor de enviar a la justicia a los miembros de la Junta Militar de Videla y Massera que años después terminarían en la cárcel, condenados a largas penas.
También me recibieron en domicilios privados varios dirigentes del peronismo que si bien fueron amables en las formas no se alejaron mucho en sus exposiciones del relato de Balbín, a pesar de que en aquellos momentos miles de jóvenes peronistas estaban siendo asesinados o torturados. Antonio Cafiero e Ítalo Argentino Luder destacaban entre aquella dirigencia que parecía estar esperando que los milicos hicieran el trabajo sucio, que ya vendrían ellos después ganando las elecciones. Para Luder fue un gran chasco que Alfonsín le ganara en 1983.
Me entrevisté también con líderes sindicales y de la sociedad, pero quiero destacar por último al cardenal Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, quien de maneras suaves vino a repetirme la inevitabilidad del golpe de 1976 y que Argentina vivía una guerra civil.
El embajador Pérez Hernández me acompañó a todas las entrevistas y me echó más de un capote. Me contó con profusión de detalles cómo veía él la situación. De hecho, mantenía escondidos en la embajada a jóvenes e incluso niños que temían ser secuestrados. Con mano izquierda, negociaba con los milicos sacar discretamente a los escondidos en su residencia y llevarlos al aeropuerto para que Iberia (también con tripulaciones ayudando) los trasladara a España.
Mi conclusión es que no se reunían las condiciones para un viaje de Brandt y González, pero que debíamos intensificar nuestra tarea solidaria con los perseguidos del Cono Sur que estaban sufriendo una cruel y masiva represión.
Internacional en EL PAÍS
