Votos y vetos

Núñez Feijóo ha desvelado que no descarta un Gobierno con Vox si fuera necesario para formar una nueva mayoría. La doctrina anterior era que confiaba obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario o, de no conseguirlo, recurrir a pactos puntuales con dicha fuerza política. Todo indica, pues, y así lo han hecho saber, que pactar con Vox no tiene el coste electoral que antes se le atribuía. O sea, quien vote al PP implícitamente tendrá que asumir algunas de las posiciones de la ultraderecha; entre ellas, la tan traída y llevada “prioridad nacional”. En el bloque de izquierdas estaríamos ante algo parecido, aunque la eventual alianza se articula aquí entre el PSOE y una amplia constelación de partidos, muchos de ellos con principios antagónicos. Como es lo que ha venido ocurriendo en esta legislatura, ya sabemos cómo funciona y no es preciso insistir en ello.

El resultado es que votar a cualquiera de los dos grandes partidos, algo que hará más del 60% de los españoles, equivale a aceptar una parte sustancial de las posiciones políticas de las demás formaciones de su bloque. O, dicho de otro modo, a asumir también sus vetos. En la práctica significa que nuestra oferta política queda reducida a la elección entre bloques más que entre partidos políticos específicos. Desde luego, la fuerza relativa de los partidos pequeños dependerá de sus resultados, pero eso no quita que no puedan ejercer vetos decisivos, en algunos casos incluso desfigurando los principios o posiciones básicos del partido hegemónico de cada bloque. Esta es la principal diferencia entre nuestro tradicional bipartidismo imperfecto y el nuevo bibloquismo.

La consecuencia fundamental es que casi nadie obtiene exactamente lo que desea, ni siquiera cuando el partido de su preferencia forma parte del bloque ganador. Satisfacen, eso sí, lo que parece ser la aspiración más extendida entre importantes sectores de la población: que pierda el bloque contrario. Es decir, se impone la lógica del partidismo negativo. Algunos lo manifiestan mediante el lema de “echar a Sánchez”, venga quien venga; otros, a través de la consigna de “impedir que entre la ultraderecha”. Esto ayuda a explicar lo que señalábamos al principio, que Vox haya dejado de percibirse como algo tóxico. O, en el otro extremo, Bildu o Junts.

Esta disonancia de nuestro sistema político es una de tantas manifestaciones de la crisis de representación: los ciudadanos no se sienten representados por quienes en teoría deberían hacerlo, los propios partidos políticos. O, dicho de otro modo, y como ocurre en nuestro país, que estos acaban siendo elegidos más por consideraciones identitarias y emocionales que por una evaluación racional de sus programas electorales. Bajo las actuales condiciones de polarización extrema, resulta casi inevitable que el voto se sustente más sobre el rechazo al adversario que en preferencias racionales o en un juicio político apoyado sobre la rendición de cuentas. Y el efecto es igualmente previsible: disminuyen las exigencias hacia el propio partido y se amplía el umbral de tolerancia frente a conductas que, en otras circunstancias, nos habrían parecido inaceptables.

Este es el trasfondo que ahora mismo sustenta las esperanzas de Sánchez, a pesar de los casos de corrupción, o las de un Feijóo abrazándose a Vox. Los incentivos siguen estando en abundar en el enfrentamiento entre bloques en vez de recurrir a otras posibles opciones de colaboración política más acordes con las preferencias ciudadanas. Por eso apenas cabe hacerse ilusiones sobre un recambio en el titular del Gobierno: seguiremos practicando la política de trincheras en vez de otra más dirigida al entendimiento y la colaboración transversal. Es lo que hay.