Más allá del controvertido principio de la «prioridad nacional», el programa del gobierno de coalición para Andalucía incluye también una apuesta por la construcción de vivienda, nuevas deducciones de impuestos y un plan para la climatización de los centros educativos Leer Más allá del controvertido principio de la «prioridad nacional», el programa del gobierno de coalición para Andalucía incluye también una apuesta por la construcción de vivienda, nuevas deducciones de impuestos y un plan para la climatización de los centros educativos Leer
El acuerdo sellado este jueves entre Juanma Moreno (PP) y Vox tiene vocación de servir de marco programático para toda la legislatura, para lo que los socios del gobierno de coalición se comprometen a negociar y aprobar los presupuestos de los años 2027, 2028, 2029 y 2030. El pacto incluye un nuevo paquete de rebajas fiscales que permitirá un ahorro para los contribuyentes andaluces de 1.300 millones de euros en cuatro años, un programa para la construcción de vivienda nueva, un plan de climatización para los centros escolares y una ampliación de los conciertos para el Bachillerato.
En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en estos tramos al final de la misma.
Habrá deducciones de la cuota integra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos: 500 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo, 1.000 euros por el nacimiento o adopción del segundo hijo y 1.500 euros por el tercero o sucesivos hijos. Además, se incrementarán en un 50% a lo largo de la legislatura las deducciones autonómicas por familia numerosa, elevando la cuantía desde los actuales 200 euros a 300 euros.
Igualmente se incorporan deducciones fiscales por los gastos educativos, la compra de gafas y para los pacientes con ELA (2.000 euros).
Se suprimirán y revisarán los tributos propios en materia ambiental actualmente vigentes —impuestos sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales—. También se irán reduciendo las tasas autonómicas vinculadas a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca.
Se bonificará el impuesto de sucesiones para herencias entre hermanos y se prevé su extensión a los parientes de tercer grado (tíos y sobrinos) si la evolución de la recaudación lo permite de acuerdo con las normas de sostenibilidad financiera.
La Junta de Andalucía rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales. No participará en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes. Se realizarán pruebas de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios.
El gobierno suprimirá todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que 2participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal». «La Junta de Andalucía no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada».
Dice el pacto que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de «prioridad nacional», aunque a posteriormente establece que la asignación prioritaria de los recursos públicos será para «quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Se pretende impedir el acceso al padrón de las personas que carezcan de un título habilitante de ocupación de la vivienda o documentación equivalente, para evitar que el empadronamiento en esas condiciones pueda constituir prueba de residencia o generar acceso a derechos o prestaciones.
La Junta de Andalucía empleará todos los medios necesarios para proteger la superficie agraria útil, el patrimonio natural y los suelos de uso tradicional frente a la instalación de macroproyectos de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, se excluirá la instalación de macroplantas eólicas y fotovoltaicas en suelos de regadío, inundables o de valor agronómico.
El acuerdo prevé subvenciones a tanto alzado durante el segundo año de actividad que compensará parte de los costes de las cuotas a la Seguridad Social. También se reforzará la protección en caso de enfermedad, bonificando dos meses de cuota mediante compensación económica en situaciones de baja médica.
Se aprobará una ley de familia con el objetivo de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, con especial enfoque en familias numerosas y con personas dependientes, incluyendo medidas de apoyo en conciliación, vivienda, transporte y educación, además de rebajas fiscales.
Se impulsará igualmente una Ley de Segunda Infancia que garantice la cobertura a los niños usuarios de los servicios de atención temprana una vez alcancen la edad de seis años, así como asegure el refuerzo de los servicios de atención temprana en Andalucía.
La Junta impulsará la construcción de al menos 20.000 nuevas viviendas protegidas a lo largo de la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada, con el objetivo de ampliar de forma efectiva el parque de vivienda disponible y dar respuesta a la demanda existente. El acceso a la vivienda pública se «inspirará» en el principio de prioridad nacional y se concreta en la exigencia de «arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Andalucía y España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler)».
Se impulsará una reforma profunda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en Andalucía con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y reducir la carga fiscal que soportan las familias. Esa rebaja será del 0,25% del tipo general en cada año de legislatura.
Además, la Junta estudiará «fórmulas fiscales jurídicamente viables de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas o extractivas de fondos o sociedades que contribuyan al encarecimiento de la vivienda, al acaparamiento de suelo residencial o a la expulsión de población local del mercado de acceso a la vivienda.
El gobierno de coalición impulsará un Programa Primera Vivienda Joven, que contemplará ayudas directas al alquiler, un sistema de aval público para facilitar el acceso a la compra de la primera vivienda, -ya hay más de 2.850 andaluces beneficiarios de este aval- y la reserva especifica de VPO tanto en alquiler como en propiedad para menores de 35 años. También se implantará un programa de ayudas al alquiler con opción de compra para menores de 35 años que permita descontar del precio de la vivienda el 100% de lo pagado en alquiler.
Se completara la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía, extendiendo la bonificación del 100% del servicio socioeducativo a los niños de 0 a 1 años tanto en la red pública como en los centros adscritos.
La Junta de Andalucía no renovará la adhesión al programa nacional que sirve de marco al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
Se impulsará la climatización y eficiencia energética de los centros educativos públicos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de confort térmico, reducir el consumo energético, favorecer el rendimiento académico y asegurar entornos de aprendizaje seguros y de calidad.
Se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio, con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas.
El documento negociado apunta que «se avanzará en la concertación de unidades de Bachillerato en Andalucía, priorizando la Educación Especial y la Formación Profesional, y se garantizará la libertad de elección de centro».
Se realizará una auditoría interna de las listas de espera del SAS, incluyendo lista quirúrgica, consultas externas, pruebas diagnósticas, demoras no estructurales, suspensiones, salidas de lista, criterios de prioridad y diferencias entre hospitales.
Se propone implantar progresivamente en todos los centros de salud una agenda diaria con cupos reservados para cuadros agudos, pediatría y pacientes vulnerables, con triaje enfermero, criterios homogéneos de prioridad y refuerzo de personal administrativo y sanitario donde sea necesario.
Se permitirá la colaboración con entidades privadas «cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada, pero siempre con contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen objetivos».
Se reforzarán los programas de cribado oncológico, vacunación, detección precoz de diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades raras y patologías prioritarias, con captación activa por zonas, seguimiento de coberturas, auditoría de demoras diagnósticas y publicación de resultados.
Se realizará una auditoría anual del coste sanitario derivado de la atención a extranjeros en Andalucía, diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada. La medida deberá incluir también el coste no compensado por el Estado, por otros países o por convenios internacionales, así como las facturas emitidas, cobradas y pendientes de cobro.
Los socios de gobierno declaran su rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur en tanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores andaluces, «con documento oficial dirigido al Gobierno central y a la representación española en el Consejo de la UE».
Además, se suprimirá o no se creará toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo derivada del Pacto Verde o la Agenda 2030, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y favorecer la competitividad y supervivencia del campo andaluz.
«Las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente se orientarán siempre a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas, sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz».
La Junta de Andalucia se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces.
Se procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva, garantizando que los recursos públicos se asignen exclusivamente al servicio de las necesidades de los andaluces.
Los grupos parlamentarios que conforman la coalición de gobierno (PP y Vox) aprobarán una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica.
Andalucía // elmundo
