Un cartel con el rostro severo, casi amenazante, de Donald Trump cuelga de la fachada del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde hace unos meses. La imagen está acompañada de un lema: “Make America Safe Again” [Hagamos América de nuevo segura]. Lonas parecidas a esa, con la misma cara desafiante del presidente, penden de otros edificios federales. Pero ninguna resulta tan simbólica y con tanta carga política. Aunque el Departamento de Justicia depende de la Casa Blanca, tradicionalmente se ha considerado el más autónomo del Gabinete para limitar las injerencias en las cuestiones judiciales. Desde el Watergate, el escándalo que acabó con Richard Nixon a principios de los setenta, los presidentes han permanecido más o menos alejados de ese departamento. Pero desde que Trump desembarcó en la Casa Blanca, esa supuesta neutralidad ha saltado por los aires.
El presidente estadounidense coloca a su exabogado Todd Blanche como fiscal general para que impulse las causas contra sus enemigos políticos y lo defienda de posibles ataques judiciales
Un cartel con el rostro severo, casi amenazante, de Donald Trump cuelga de la fachada del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde hace unos meses. La imagen está acompañada de un lema: “Make America Safe Again” [Hagamos América de nuevo segura]. Lonas parecidas a esa, con la misma cara desafiante del presidente, penden de otros edificios federales. Pero ninguna resulta tan simbólica y con tanta carga política. Aunque el Departamento de Justicia depende de la Casa Blanca, tradicionalmente se ha considerado el más autónomo del Gabinete para limitar las injerencias en las cuestiones judiciales. Desde el Watergate, el escándalo que acabó con Richard Nixon a principios de los setenta, los presidentes han permanecido más o menos alejados de ese departamento. Pero desde que Trump desembarcó en la Casa Blanca, esa supuesta neutralidad ha saltado por los aires.
Esta semana acaba de situar a su exabogado y amigo Todd Blanche como fiscal general, el cargo que dirige el Departamento de Justicia. Es el último paso de una estrategia de nombramientos en puestos claves para reforzar el control sobre una institución que se había convertido en uno de los pocos focos de resistencia a sus políticas caóticas y arbitrarias. Ya tiene una mayoría favorable en el Supremo, con seis conservadores (tres propuestos por él) de los nueve jueces. Ha nombrado nuevos jueces y fiscales que espera que le apoyen, y ha situado a una veintena de sus abogados privados en lugares estratégicos para relanzar la persecución contra sus enemigos políticos.
Blanche no es un abogado cualquiera. Es el que representó a Trump en el caso de los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels y por el que fue condenado por 34 delitos por las irregularidades en los registros contables al intentar ocultar pagos por 130.000 dólares a la mujer. También estuvo en la primera línea de defensa de los casos por conspiración y obstrucción electoral por las irregularidades en las elecciones de 2020. Y fue el abogado defensor del presidente en el caso de la retención de documentos oficiales clasificados en su mansión de Mar-a-Lago tras acabar su primer mandato.
Blanche, que hasta ahora se desempeñaba como fiscal general interino, ocupa el cargo que dejó vacante hace cinco meses Pam Bondi, destituida por su polémica gestión en la desclasificación de los archivos del pederasta millonario Jeffrey Epstein y su vacilante táctica para perseguir en los tribunales a los enemigos políticos de Trump. Blanche es más leal aún que Bondi; fue el estratega de la sentencia dictada por el Supremo en 2024 que concede inmunidad a los presidentes en el ejercicio de sus cargos. Y en función de esta, cree que Trump tiene derecho a hacer cualquier cosa.
Blanche publicado, además, la última remesa de los documentos de Epstein. Un proceso plagado de irregularidades, con múltiples archivos que aún permanecen secretos y otros que revelaron la identidad de las víctimas.
Y también, como fiscal general interino, alcanzó un acuerdo extrajudicial con Trump para archivar la demanda por 10.000 millones contra el IRS, la agencia tributaria estadounidense, a cambio de crear un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares para los amigos y aliados que se sintieron perseguidos por la Administración anterior. El fondo hubiera beneficiado supuestamente a la turba que, influida por Trump, asaltó el Congreso el 6 de enero de 2021 para tratar de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. El acuerdo contenía una inmunidad fiscal para Trump, su familia y todas sus empresas. El polémico acuerdo estuvo a punto de hacer descarrilar el nombramiento de Blanche como fiscal general. Tuvo que comprometerse a enterrar el fondo de compensación y limitar la inmunidad fiscal del presidente para convencer a varios republicanos para que votasen su nombramiento.
“El señor Blanche ha tomado varias acciones que han erosionado aún más la independencia del Departamento de Justicia”, dijo el jueves la senadora republicana Susan Collins, para explicar que rechazaría su nominación. “Aunque creo que Blanche es un abogado capaz, el Departamento de Justicia se ha vuelto cada vez más político”, argumentó, al tiempo que advirtió: “Más de 1.200 exempleados del Departamento de Justicia se han opuesto a su nominación, argumentando que ha socavado la institución”.
El nombramiento de Blanche se ve como un movimiento del presidente para estrechar el control sobre la justicia. El republicano, que ha pasado media vida en tribunales de justicia ―coleccionaba demandas por su agresiva forma de hacer negocios en el Nueva York de finales del siglo pasado―, busca relanzar la persecución política de sus enemigos y blindar sus políticas más cuestionables.
Trump nunca ha ocultado que quiere venganza. Ha sido sometido a dos impeachment o juicios políticos en el Congreso de Estados Unidos de los que salió victorioso, pero le dejaron una profunda herida y mucho rencor. “Tenemos que ganar las [elecciones] de mitad de mandato porque si no ganamos… encontrarán una excusa para destituirme”, dijo a principios de año en un mitin con legisladores republicanos en Washington sobre los comicios del próximo noviembre para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. Con frecuencia insulta y menosprecia a sus rivales, a los que amenaza con llevar a juicio.
Tras su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump lanzó una campaña de represalias políticas contra los que le investigaron y acusaron. Para ello, ordenó a Pam Bondi, la exfiscal general, que demandara a James Comey, antiguo director del FBI, que le investigó por su relación con la trama rusa de injerencia en las elecciones de 2016. La Fiscalía lo demandó por una foto de números (8647) realizados con conchas en la playa, que interpretaron como un código de amenaza al presidente.
Trump también ha pedido llevar a los tribunales a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional durante su primer Gobierno; o contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York, que abrió un caso contra él por fraude bancario y financiero. También pidió al fiscal general que investigara al senador demócrata Mark Kelly, antiguo astronauta y piloto de combate, y a otros cinco legisladores que publicaron un vídeo en el que instaban a los miembros de las fuerzas armadas a desobedecer órdenes ilegales ante los cambios introducidos por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en el Departamento de Defensa. “Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser arrestado y sometido a juicio”, publicó Trump en su red social poco después de que los senadores difundieran el vídeo.
“A veces la venganza puede estar justificada. Tengo que ser honesto”, confesó el mandatario republicano durante la última campaña electoral, cuando le preguntaron si se vengaría de sus rivales políticos.
Hay un capítulo del libro Regime Change, escrito por dos periodistas de The New York Times, que ilustra esa sed de venganza del presidente y los que le rodean. Cuentan los autores que en la primavera de 2025, a los pocos meses de recuperar el poder, Trump estaba en el Despacho Oval rodeado de sus asesores mientras trataba de hacer una lista de “agravios pasados”. En un momento dado, el presidente dijo: “Recuerdo que había un abogado en la Administración que decía que las elecciones habían sido justas y que no había habido fraude. ¿Quién era?”, preguntó.
Uno de sus asesores más estrechos recordó que se trataba de un abogado público del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Se llamaba Krebs”, dijo otro de los asesores. “Eso es, Chris Krebs”, dijo Trump, según el relato del libro. “¿Qué fue de él? Era un tipo malo. Mírenlo”, les dijo a sus hombres de confianza. Unos días después, la Casa Blanca emitió una orden al Departamento de Justicia para que investigara a Krebs.
Es otro ejemplo de cómo Trump está utilizando la presión sobre el sistema judicial para su política de represalias contra cualquiera que le lleve la contraria, para tratar de proteger sus políticas y levantar una línea de defensa para cuando los demócratas supuestamente vayan a por él, que es lo que más teme.
Lo ocurrido esta semana con el caso de la piscina reflectante de Washington, un proyecto suyo, también es una muestra de esa presión que ejerce sobre la justicia. La fiscal federal, Jeanine Pirro, una vieja amiga del presidente de la época en que ambos actuaban en programas de telerrealidad, retiró hace una semana la demanda contra los acusados de vandalizar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. La decisión ha enfurecido a Trump, que acusó a Pirro de “plegarse como un paraguas” y “acobardarse”. Desde entonces, ha estado presionando para que reabra el casporque no puede aceptar que la reforma de la piscina fuera defectuosa, porque va contra su imagen de gran constructor eficaz y resolutivo.
El político republicano también tiene el viento a favor en el Tribunal Supremo, con seis magistrados conservadores frente a tres progresistas. En más del 80% de los fallos le dan la razón. Aun así, se ha llevado decepciones en algunos casos relevantes como el de los aranceles o el de derechos de ciudadanía por nacimiento. Pero no le ha importado. Ha encontrado vías para eludir las sentencias y mantener sus políticas.
En los 567 días desde que regresó al Despacho Oval para su segundo mandato, ha nombrado 54 jueces y 52 fiscales federales. Además, ha estrechado el control sobre el FBI, la DEA (agencia antidroga) y la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) como ningún otro presidente, al menos, en el siglo XXI.
Este pasado viernes, en una sesión maratoniana, los republicanos, a instancias de la Casa Blanca, lograron aprobar 136 nombramientos, entre los que se encontraban decenas de jueces de distintos niveles jurisdiccionales, nuevos fiscales y otros cargos judiciales. Biden nombró a más jueces federales a lo largo de sus cuatro años, pero Trump está avanzando muy deprisa en la ocupación de los puestos clave que controlan la investigación y persecución federal.
El presidente estadounidense ha sustituido a funcionarios de carrera con décadas de experiencia por sus abogados privados en puestos decisivos de la Administración. Además de colocar a Blanche como fiscal general, que representa el caso más sonado; también ha situado a Emil Bove como juez del tribunal de apelaciones para el tercer circuito, un puesto crítico para admitir o rechazar recursos. Bove fue el abogado que representó a Trump en el caso de los documentos clasificados encontrados en su mansión de Florida y en el de la acusación contra él por obstrucción electoral al no reconocer su derrota en 2020. También colocó en la Casa Blanca a Will Scharf, que lo defendió en el caso de la interferencia electoral. Hasta una veintena de letrados que le defendieron en el pasado ahora ocupan altos cargos en la Administración.
La colonización de puestos clave para intentar controlar la justicia y la investigación coincide con un debilitamiento de la autoridad de estos organismos. En los últimos meses se han disparado las quejas de jueces federales contra el Departamento de Justicia por no acatar órdenes judiciales o utilizar indebidamente el sistema para perseguir a opositores políticos, según un informe publicado por la agencia Reuters, que señala que en paralelo se han debilitado los organismos de control interno y cumplimiento.
El informe señala que casi la mitad del personal de la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) ha abandonado la institución desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Y un 17% de los funcionarios de la Oficina del Inspector General también han salido. De esta forma se han reducido las investigaciones de asuntos internos, por quejas de abuso de poder o irregularidades cometidas por el Departamento de Justicia.
“La politización, incluso la instrumentalización, del Departamento no comenzó con esta Administración, pero se ha acelerado con ella”, dijo la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, en el pleno del Senado del viernes, para explicar su rechazo a Blanche. “Tengo problemas con el manejo de la liberación de los archivos de Epstein; las protecciones amplias de inmunidad otorgadas al presidente, a su familia y a sus negocios; las declaraciones que se han hecho a grupos antiaborto; y la persecución repetida de individuos que van desde exmiembros del personal de la Administración hasta senadores de EE UU en funciones”, concluyó Murkowski.
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