El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 60 años), aclara las dudas sobre la llamada ley de nietos tras las acusaciones de intento de pucherazo y manipulación del censo lanzadas por el PP. Filólogo de formación y exprofesor de instituto, fue presidente de Canarias entre 2019 y 2023. En la entrevista analiza los casos de corrupción que afectan al PSOE y la decisión del Supremo de librar de la cárcel por colaboración con la justicia al corruptor Víctor de Aldama, quien trató de vincularlo a una mordida.
El ministro explica que no dará tiempo a resolver los 2,4 millones de solicitudes de la ‘ley de nietos’ antes de las próximas elecciones generales
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 60 años), aclara las dudas sobre la llamada ley de nietos tras las acusaciones de intento de pucherazo y manipulación del censo lanzadas por el PP. Filólogo de formación y exprofesor de instituto, fue presidente de Canarias entre 2019 y 2023. En la entrevista analiza los casos de corrupción que afectan al PSOE y la decisión del Supremo de librar de la cárcel por colaboración con la justicia al corruptor Víctor de Aldama, quien trató de vincularlo a una mordida.
Pregunta. El pasado 30 de junio explicó que la mayoría de los 2,4 millones de solicitantes de la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática la iba a obtener porque cumplía los requisitos. Según el tiempo medio de resolución de expedientes, ¿cuántos de esos solicitantes calcula que podrán votar en las próximas elecciones generales?
Respuesta. Ya tienen pasaporte más de 300.000 y cerca de 600.000 lo tienen reconocido. Resolver todos los expedientes puede tardar años, como pasó con la Ley de Memoria Histórica [de 2007, que establecía otros criterios para obtener la nacionalidad]. En el verano de 2027, que es cuando se cumplen los cuatro años de la legislatura, podríamos estar hablando de medio millón de personas. Ni hemos acelerado ni hemos hecho nada que no se hubiera hecho en el pasado. Felipe González hizo dos modificaciones legislativas en ese sentido; con [José María] Aznar se ampliaron los derechos para la adquisición de la nacionalidad española. Pero el PP dice una cosa en Madrid y otra en Buenos Aires. Es bastante hipócrita. Además, cada uno votará lo que le dé la gana, ¿o es que el PP ya sabe lo que van a votar?
P. La instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública afirma que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, aunque Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que se remontan al siglo XIX. De acuerdo a esa circular, ¿podrían obtener la nacionalidad descendientes de españoles que abandonaron el país por razones personales o económicas o incluso simpatizantes del bando sublevado?
R. Se pueden acoger los que se fueron por cuestiones de carácter social y económicas producidas por una dictadura que hizo involucionar a España, personas que tendrían hoy derecho al sufragio si sus progenitores o abuelos no hubiesen tenido que abandonar el país. Esa instrucción es de 2022 y no entiendo por qué la polémica surge ahora.
P. ¿Cuál es el criterio para asignar a los nuevos nacionalizados a una circunscripción electoral? ¿Qué ocurre si hay diferencias entre el lugar de nacimiento del abuelo y el de la última residencia o entre el de la abuela y el abuelo?
R. El descendiente de un español nacido en un lugar determinado se adscribe a ese lugar. Tiene que haber alguna razón objetiva y documentada de arraigo.
P. ¿A qué provincias o circunscripciones electorales se han adscrito la mayoría de los ya nacionalizados?
R. Desconozco el dato, pero casi el 50% de solicitudes se han presentado en Argentina, donde hay una importante colonia gallega, canaria y asturiana.
P. El líder del PP sembró dudas sobre el procedimiento sin aportar prueba alguna. Habló de “ingeniería electoral” y cuestionó a los encargados de gestionarlo. El volumen de solicitudes obligó a Exteriores a reforzar el servicio consular. ¿Qué tareas realizan los funcionarios y cuáles se han encomendado a empresas?
R. Puedes reforzar los equipos, pero los expedientes solo son validados por fedatarios públicos, funcionarios. Ponerlos en cuestión como han hecho Feijóo e Isabel Díaz Ayuso es una locura. Han metido la pata y ahora no saben cómo salir del atolladero.
El PP aplaude al Papa y luego aplasta los derechos de los menores migrantes de la mano de Vox”
Ángel Víctor Torres
P. La encuesta monográfica de EL PAÍS sobre la justicia reveló que más del 65% de la población cree que en España existe el “lawfare”. ¿Usted también lo cree?
R. La mayoría de los jueces son personas justas, lo que no hace imposible que haya quien actúe por otros criterios. Lo que ha ocurrido con el pasaporte de la mujer del presidente del Gobierno ha sido recriminado por muchísimos juristas. ¿Cómo puede [el juez Juan Carlos Peinado] dudar de funcionarios de la Policía Nacional? Es una atrocidad.
P. ¿Lo que hace el juez Peinado le parece lawfare?
R. Me parece algo absolutamente estrambótico. Él sabe perfectamente que no hay ningún tipo de riesgo de nada.
P. Cuando estalló el caso Gürtel, Mariano Rajoy declaró: “Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”. Y cuando un juez imputó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, dirigentes socialistas lo vincularon a una frase de Aznar, “el que pueda hacer que haga”, y aseguraron que sus enemigos no iban a parar hasta sacarles del Gobierno. ¿Cree que la política está contribuyendo de alguna manera a esa desconfianza en los jueces, o esa percepción es computable al 100% a la judicatura?
R. La separación de poderes es un principio fundamental que deberíamos respetar todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. A mí nunca me ha gustado judicializar la política. El PP fue condenado. Nosotros tenemos a personas que están siendo investigadas. Hay que darle tiempo a la justicia. José Luis Ábalos fue apartado. Y el día que se hizo público el informe de Santos Cerdán también dejó el puesto. Otros no hicieron lo mismo.
P. ¿Tiene la misma percepción del juez Peinado que del juez Calama o del juez Pedraz, que también instruyen causas que afectan al PSOE?
R. Yo respeto todos los procesos judiciales. Creo que tenemos una gran justicia en nuestro país, garantista, y que ahora lo que le está haciendo daño es el show que la acompaña porque la investigación judicial ha de ser sigilosa, discreta para poder llegar a las mejores conclusiones.
P. Miguel Sebastián, que fue ministro con Zapatero, escribió recientemente en elDiario.es que, seguramente, las joyas halladas en el despacho del expresidente fueron un regalo de un país árabe porque él había recibido unas muy parecidas; calificó de “hipocresía” las críticas y llegó a plantear: “¿Tener las joyas a la vista en una caja fuerte de un despacho es ocultar?”. De haber recibido usted ese regalo, ¿lo tendría “a la vista en una caja fuerte” o lo habría entregado a Patrimonio Nacional?
R. Es la opinión de alguien que estuvo en el Gobierno de Zapatero, pero el expresidente aún no ha hablado. Estoy convencido de que Zapatero lo aclarará. No debemos elucubrar.
P. Pero sí sabe qué habría hecho usted en caso de recibir un regalo parecido.
R. A mí no me ha ocurrido. Pero en todo caso, él no ha dicho aún que fuera un regalo.
P. El presidente del Gobierno sí sugirió que esas joyas eran un regalo cuando aseguró que “la España de 2007 no es la de 2026″. Pero en 2007 ya estaba en vigor un código ético que había instaurado el propio Gobierno de Zapatero. No tenía rango de ley, pero obligaba a entregar obsequios que superaran el valor de cortesía. ¿Le parecía una buena medida?
R. Me parece una buena medida, pero elucubrar si eso fue un regalo o no es participar en una cuestión más morbosa que de contenido.
P. ¿Usted ha recibido regalos de ese tipo?
R. No. Pero es lamentable pensar que todos los políticos reciben regalos para su beneficio particular, porque eso hace que la ciudadanía se distancie de la clase política y confiar en la política es básico para confiar en los sistemas democráticos.
P. ¿Cuándo fue la primera vez que oyó hablar de Leire Díez?
R. Yo ni la conocía ni había oído hablar de ella. Con sinceridad, creo que la primera vez fue cuando saltó a los medios de comunicación.
P. ¿Cree que se equivocó su partido al decir que era una militante más cuando ahora sabemos que se reunió con la directora de la Guardia Civil y el secretario de Organización en numerosas ocasiones y cuando, en lugar de pagar cuotas de militante, recibía pagos del PSOE?
R. Tampoco lo sé. Esto está bajo investigación y soy bastante cauteloso con los procesos de investigación.
P. Víctor de Aldama, al que el Supremo ha librado de ir a la cárcel por colaborar con la justicia, insiste en que usted le pidió dinero, una mordida, a través de Koldo García. Usted siempre lo ha negado. ¿Le sorprende que el corruptor no vaya a ir a la cárcel?
R. El juez le pidió una prueba cuando me atacaba públicamente. Dijo que yo había estado en un piso en Madrid haciendo uso de mujeres vejadas sexualmente. Tuve que demostrar que ese día estaba en mi casa. He seguido sufriendo sus mentiras y, lamentablemente, ha habido quien le ha dado cobertura. En marzo presenté una denuncia contra él por dañar mi honor y el de mi familia. Está en el juzgado y seguirá su trámite. Creo que hay alguien por encima de Aldama que, como no me puede hacer daño penal, pretende hacerme daño político porque gané las elecciones en Canarias y mi voluntad es volver a ser candidato. Sinceramente, no me esperaba que la atenuación de su condena por colaboración iba a llegar a ese grado. Y me parece muy preocupante que un delincuente condenado se convierta para muchos en adalid de la anticorrupción y que haya medios de comunicación que lo lleven a los platós.
P. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio que un excompañero del Consejo de Ministros, José Luis Ábalos, era condenado a 24 años de prisión?
R. Es una sentencia muy dura. Hay quien la ha comparado con sentencias por delitos de sangre. Pero, si después de la investigación, la Justicia lo ha considerado así, no tengo nada más que decir. Solo añadiré que no pueden pagar todos los militantes y cargos públicos por personas que nunca debieron representarnos o recibir el honor de tener un cargo en nuestra organización.
P. Feijóo critica que los inmigrantes regularizados y que por tanto empezarán a contribuir con sus impuestos al sistema vayan a tener tarjeta sanitaria y “acceso a una matrícula gratuita en una escuela de primaria”. ¿A qué atribuye el endurecimiento del discurso del PP sobre inmigración?
R. A su obsesión por presidir España como sea. Con Aznar se regularizaron cerca de 600.000 inmigrantes. Es amnesia selectiva o puro cinismo. Feijóo está demostrando que para arañar votos es capaz de sepultar sus principios y hace el más absoluto de los ridículos porque critica lo que hizo un Gobierno del PP o lo que él mismo pidió, como con la ley de nietos. No queda nada de aquel presidente de Galicia que decía que él no había llegado a la presidencia del PP para crispar. Aplauden al Papa durante siete minutos después de que este diga que a los niños que vienen de África hay que tratarlos como seres humanos, que es lo que son, y luego aplastan los derechos de los menores y pactan con Vox que no van a aceptar a ningún “MENA”.
P. ¿Por qué parece que ya no da tanto miedo Vox? Es el partido que más crece en las estimaciones de voto desde 2023.
R. A mí sí me lo da. Hay que ver qué mensaje populista se está lanzando, en qué nos estamos equivocando los que no somos así y qué ha hecho el PP. Creo que a los trabajadores sí les da miedo escuchar lo que dijo Feijóo señalándolos y diciendo que el absentismo es un cáncer. Yo he pasado por una enfermedad y una operación. Feijóo se coloca de parte de la patronal irresponsable.
P. ¿Cree entonces que el PP es el que más ha hecho por colocar a Vox en la posición en la que se encuentra actualmente?
R. El PP podrá ganar o no las elecciones, pero quien manda en esa coalición ya es Vox. Y es el PP el que ha engordado a Vox, imitándolos, comprando su discurso. Por eso sube la ultraderecha. Feijóo se ha equivocado completamente de estrategia. Está totalmente entregado a un partido que pretende recentralizar la política, sepultando a los barones, como Alfonso Rueda, que reclaman más transferencias. Es patético ver firmar a Juan Manuel Moreno Bonilla con la nariz tapada la prioridad nacional. Quien manda en Andalucía ya es Vox porque en las coaliciones no manda quien tiene más diputados, consejeros o ministros, sino quien logra imponer sus tesis, aunque sea minoritario. Las tesis de la ultraderecha española ya no se distinguen de las de la derecha. Feijóo los ha blanqueado. Su sumisión a la ultraderecha es absoluta.
P. La derecha denuncia algo parecido a propósito del PSOE y las cesiones a Junts, como la amnistía, para que Sánchez fuera investido presidente.
R. Junts no está en el Gobierno de España. Y gracias a la amnistía tenemos un país mejor cohesionado y un presidente catalán que defiende la Constitución.
P. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había adjudicado por error al Valle de Cuelgamuros la categoría de BIC, levantó las medidas cautelares que había impuesto para suspender las catas en la explanada del monumento previas al desarrollo del proyecto de resignificación. ¿Qué plazos manejan para la ejecución de esa resignificación, a la que obliga la Ley de Memoria Democrática de 2022?
R. Hay quienes ponen permanentes palos en las ruedas. Esto deberían defenderlo todos los demócratas, como se hizo en los campos de Mauthausen y Auschwitz o en los centros de represión de las dictaduras argentina y chilena. Cuelgamuros es un espacio que el dictador creó para su exaltación, levantado por presos republicanos, pero todavía hay quien se opone a que deje de ser un lugar de exaltación del fascismo.
P. ¿Le preocupa el calendario electoral? ¿Cabe la posibilidad de que empiecen las obras y una victoria de la derecha las deje a medias?
R. Vamos a trabajar para que la ultraderecha y la derecha ultra no gobiernen este país porque la involución sería absoluta. Seguramente, las iniciativas judiciales para impedir que podamos avanzar continuarán. Vamos a intentar recortar los plazos. La voluntad es que las obras comiencen cuanto antes.
P. Acaban de incluirse en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática dos monumentos y dos inscripciones que deben ser retirados, pero administraciones del PP han remoloneado a la hora de ejecutar ese tipo de medidas. La ley prevé multas de entre 2.001 y 10.000 euros para quien no retire esos elementos y de hasta 150.000 para quienes no tomen las medidas necesarias para impedir actos de exaltación de la Guerra Civil, la dictadura o sus dirigentes. ¿Se ha impuesto alguna sanción en aplicación de la ley? ¿Cree que es lo que terminará pasando?
R. El catálogo aún se está conformando, y ahora se están analizando otros 15 vestigios. Lo hace una comisión independiente con expertos en arquitectura, arte e historia. El político no puede ir contra el criterio técnico. Si una administración o particular no procede a la retirada una vez concluido el expediente, efectivamente, la Ley de Memoria prevé sanciones económicas y a su vez remite a la Ley de Procedimiento Común, de forma que, si no lo retirase la administración competente, lo haríamos nosotros. En ninguna democracia sana se permite que un monumento sin valor artístico esté en la calle para enaltecer una etapa de sangre, crímenes de lesa humanidad y opresión.
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