La fiscal ha retirado este lunes su acusación contra la cúpula de Salud durante la pandemia por la demora en la vacunación de policías y guardias civiles. Así, aunque el Ministerio público pedía inicialmente 12 años de inhabilitación para la entonces consejera Alba Vergés y otros tres altos cargos del departamento por prevaricación, esta mañana, durante el turno de informes y conclusiones en el juicio, ha decidido desistir, aunque no ha explicado los motivos.No así las acusaciones populares, un sindicato de policías y una asociación de guardias, Jupol y Jucil, que mantienen la petición de 15 años de inhabilitación para cargo público para Vergés, y también para Josep Maria Argimon, Adrià Comella y Marc Ramentol, que entonces ejercían como director general de Salud; responsable del Servicio Catalán de Salud, y el exnúmero dos del departamento. Las defensas piden la absolución de los encausados al entender que la labor de Salud durante la pandemia fue hacer compatible la vacunación por grupos de edad, priorizando a los ancianos -población de mayor riesgo- con la del personal esencial, como los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, teniendo en cuenta las escasas dosis disponibles, algo que ya recordó Vergés la semana pasada, durante su declaración como acusada.Noticia relacionada No No La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exconsejera catalana de Salud por la demora en la vacunación de policías ABCEste lunes, su abogado ha recordado que la misma consejera así lo manifestó hasta en cuatro ocasiones en mensajes de Whatsapp con su equipo. La paralización de la vacunación de esos grupos esenciales, para quienes se había acordado la inmunización con Astrazeneca, se produjo tras la detección de efectos secundarios -trombos-. Cuando el Consejo Interterritorial de Salud acordó retomarla, poco después, fijó la horquilla de edad entre aquellos que tenían entre 65 y 55 años. «La edad era el factor de riesgo de defunción más importante», ha recordado el letrado.Así, ha manifestado que aquellos guardias y policías en esa cohorte de edad sí fueron inmunizados: alrededor de 1.200. «No hubo discriminación, se trató a todos los colectivos por igual», ha subrayado ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, para indicar que no fue una «decisión caprichosa», sino la ejecución de una decisión que se tomó en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. No fue hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ordenó -vía administrativa- cuando se vacunó al conjunto de policías y guardias. «Hasta entonces», ha recordado la defensa de Vergés, las otras vacunas, de Pfizer y Moderna, no podían destinarse a menores de 60 años. Con la citada decisión judicial, se les inmunizó en sólo 10 días. «El TSJC confirmó el mecanismo de control de legalidad en los actos administrativos. Esa decisión no la podía tomar Salud», por ello apunta el letrado que el derecho penal -es decir, esta causa- es desproporcionado cuando la solución ya a la aportó otra jurisdicción: la administrativa. «El control ordinario funcionó y eso se cumplió», ha rematado para pedir la absolución de Vergés. La fiscal ha retirado este lunes su acusación contra la cúpula de Salud durante la pandemia por la demora en la vacunación de policías y guardias civiles. Así, aunque el Ministerio público pedía inicialmente 12 años de inhabilitación para la entonces consejera Alba Vergés y otros tres altos cargos del departamento por prevaricación, esta mañana, durante el turno de informes y conclusiones en el juicio, ha decidido desistir, aunque no ha explicado los motivos.No así las acusaciones populares, un sindicato de policías y una asociación de guardias, Jupol y Jucil, que mantienen la petición de 15 años de inhabilitación para cargo público para Vergés, y también para Josep Maria Argimon, Adrià Comella y Marc Ramentol, que entonces ejercían como director general de Salud; responsable del Servicio Catalán de Salud, y el exnúmero dos del departamento. Las defensas piden la absolución de los encausados al entender que la labor de Salud durante la pandemia fue hacer compatible la vacunación por grupos de edad, priorizando a los ancianos -población de mayor riesgo- con la del personal esencial, como los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, teniendo en cuenta las escasas dosis disponibles, algo que ya recordó Vergés la semana pasada, durante su declaración como acusada.Noticia relacionada No No La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para la exconsejera catalana de Salud por la demora en la vacunación de policías ABCEste lunes, su abogado ha recordado que la misma consejera así lo manifestó hasta en cuatro ocasiones en mensajes de Whatsapp con su equipo. La paralización de la vacunación de esos grupos esenciales, para quienes se había acordado la inmunización con Astrazeneca, se produjo tras la detección de efectos secundarios -trombos-. Cuando el Consejo Interterritorial de Salud acordó retomarla, poco después, fijó la horquilla de edad entre aquellos que tenían entre 65 y 55 años. «La edad era el factor de riesgo de defunción más importante», ha recordado el letrado.Así, ha manifestado que aquellos guardias y policías en esa cohorte de edad sí fueron inmunizados: alrededor de 1.200. «No hubo discriminación, se trató a todos los colectivos por igual», ha subrayado ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, para indicar que no fue una «decisión caprichosa», sino la ejecución de una decisión que se tomó en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. No fue hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ordenó -vía administrativa- cuando se vacunó al conjunto de policías y guardias. «Hasta entonces», ha recordado la defensa de Vergés, las otras vacunas, de Pfizer y Moderna, no podían destinarse a menores de 60 años. Con la citada decisión judicial, se les inmunizó en sólo 10 días. «El TSJC confirmó el mecanismo de control de legalidad en los actos administrativos. Esa decisión no la podía tomar Salud», por ello apunta el letrado que el derecho penal -es decir, esta causa- es desproporcionado cuando la solución ya a la aportó otra jurisdicción: la administrativa. «El control ordinario funcionó y eso se cumplió», ha rematado para pedir la absolución de Vergés.
La fiscal ha retirado este lunes su acusación contra la cúpula de Salud durante la pandemia por la demora en la vacunación de policías y guardias civiles. Así, aunque el Ministerio público pedía inicialmente 12 años de inhabilitación para la entonces consejera Alba Vergés … y otros tres altos cargos del departamento por prevaricación, esta mañana, durante el turno de informes y conclusiones en el juicio, ha decidido desistir, aunque no ha explicado los motivos.
No así las acusaciones populares, un sindicato de policías y una asociación de guardias, Jupol y Jucil, que mantienen la petición de 15 años de inhabilitación para cargo público para Vergés, y también para Josep Maria Argimon, Adrià Comella y Marc Ramentol, que entonces ejercían como director general de Salud; responsable del Servicio Catalán de Salud, y el exnúmero dos del departamento.
Las defensas piden la absolución de los encausados al entender que la labor de Salud durante la pandemia fue hacer compatible la vacunación por grupos de edad, priorizando a los ancianos -población de mayor riesgo- con la del personal esencial, como los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, teniendo en cuenta las escasas dosis disponibles, algo que ya recordó Vergés la semana pasada, durante su declaración como acusada.
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Este lunes, su abogado ha recordado que la misma consejera así lo manifestó hasta en cuatro ocasiones en mensajes de Whatsapp con su equipo. La paralización de la vacunación de esos grupos esenciales, para quienes se había acordado la inmunización con Astrazeneca, se produjo tras la detección de efectos secundarios -trombos-. Cuando el Consejo Interterritorial de Salud acordó retomarla, poco después, fijó la horquilla de edad entre aquellos que tenían entre 65 y 55 años. «La edad era el factor de riesgo de defunción más importante», ha recordado el letrado.
Así, ha manifestado que aquellos guardias y policías en esa cohorte de edad sí fueron inmunizados: alrededor de 1.200. «No hubo discriminación, se trató a todos los colectivos por igual», ha subrayado ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, para indicar que no fue una «decisión caprichosa», sino la ejecución de una decisión que se tomó en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.
No fue hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ordenó -vía administrativa- cuando se vacunó al conjunto de policías y guardias. «Hasta entonces», ha recordado la defensa de Vergés, las otras vacunas, de Pfizer y Moderna, no podían destinarse a menores de 60 años.
Con la citada decisión judicial, se les inmunizó en sólo 10 días. «El TSJC confirmó el mecanismo de control de legalidad en los actos administrativos. Esa decisión no la podía tomar Salud», por ello apunta el letrado que el derecho penal -es decir, esta causa- es desproporcionado cuando la solución ya a la aportó otra jurisdicción: la administrativa. «El control ordinario funcionó y eso se cumplió», ha rematado para pedir la absolución de Vergés.
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