A cuarenta minutos de la Puerta del Sol, bajo una cruz de 150 metros, hay 33.849 cuerpos, más de 13.000 marcados como “desconocidos”, que nadie puede mirar. No están desaparecidos, sino tapiados, mezclados, sin nombre, en criptas selladas para que no vuelvan a abrirse jamás. El Estado lo sabe, nosotros lo sabemos, pero no podemos verlos. Esa imposibilidad no es un descuido administrativo heredado del franquismo sino, exactamente, lo que el franquismo quiso.
Se proyecta en Documenta Madrid un documental que sigue la lucha de tres familias que buscan a sus desaparecidos durante el franquismo
A cuarenta minutos de la Puerta del Sol, bajo una cruz de 150 metros, hay 33.849 cuerpos, más de 13.000 marcados como “desconocidos”, que nadie puede mirar. No están desaparecidos, sino tapiados, mezclados, sin nombre, en criptas selladas para que no vuelvan a abrirse jamás. El Estado lo sabe, nosotros lo sabemos, pero no podemos verlos. Esa imposibilidad no es un descuido administrativo heredado del franquismo sino, exactamente, lo que el franquismo quiso.
Acaba de proyectarse en la 23ª edición de Documenta Madrid, el festival clausurado ayer, Atlas de la desaparición, de Manuel Correa, un documental que es, en rigor, un acto de desobediencia: abrir lo que fue sellado para que no se abriera nunca. El filme, de hecho, se alzó con dos premios del festival: el Premio Fugas a la innovación y el Premio del Público. Correa, que trabajó con Forensic Architecture y arrastra la experiencia de la justicia transicional colombiana, la de un país que decidió construir su paz sobre la verdad y no sobre el olvido, no hace aquí memoria histórica, sino algo más incómodo: una investigación sobre por qué, casi noventa años después, todavía no podemos ver. Y la respuesta no es la que esperábamos. No es que falte voluntad, ni recursos, ni tiempo. El Valle se concibió, desde el principio, para impedir la mirada. La opacidad no es el residuo de la operación: es la operación misma.
Entre 1959 y mediados de los ochenta, el régimen abrió más de quinientas fosas comunes en casi todas las provincias de España. Sacaron los restos, los metieron en cajones de madera y los trasladaron a Cuelgamuros, donde fueron apilados en los osarios detrás de las capillas laterales, para después tapiarlos. Se ejecutó con tono de inventario (mal hecho): tantos municipios, tantos cajones, tantos kilómetros, nombres mal transcritos, procedencias confundidas, restos revueltos. Unas veces se avisó a las familias, otras no; daba igual, porque para mover los cuerpos no se necesitaba su permiso. Una familia que sabía dónde habían arrojado a su muerto (en qué fosa o cuneta) podía descubrir, treinta años después, que ya no estaba allí, y que tampoco había modo de saber dónde: el propio traslado había borrado el único rastro que les quedaba. Y aunque intuyera que estaba en el Valle, de poco servía. No podía ir a velarlo ni sacarlo. La operación produce un duelo imposible: el cuerpo no está desaparecido (oficialmente está localizado) pero tampoco está disponible porque está secuestrado bajo el monumento del verdugo. Los restos se colocaron en cajas, las cajas se apilaron en los osarios de las criptas, y los osarios se tapiaron.
Pero tapiar no es enterrar, donde sí es posible el ritual del duelo. Tapiar es decir “este lugar no se va a abrir nunca”, y, al mismo tiempo, declarar cerrada la guerra civil, con una historia decidida. Cuando uno tapia un osario con estos volúmenes, está produciendo una afirmación de soberanía sobre el tiempo: ni siquiera el futuro podrá deshacer esto. Por eso es tan importante el documental de Correa, porque la operación democrática de exhumación es literalmente desmontar el gesto fundacional de la dictadura. Y hay todavía una lección más honda: hasta que no se exhuma un cuerpo y se identifica, ni siquiera hay certeza de que esté. El Valle no retiene solo los cuerpos; retiene la verdad sobre ellos. Sacarlos es el único modo de pasar de la sospecha al hecho.
Es una tecnología de la humillación que se hereda. A las familias se les dijo que no solo habían perdido a sus muertos en vida, sino la posibilidad de hacerlos suyos después. Su memoria pertenece al Estado que los asesinó, y el efecto político dura décadas: el bando vencido aprende que su duelo no es legítimo, que pedir los restos es “reabrir heridas”, que el silencio es la condición de la paz. Por eso antes que cualquier reconstrucción técnica, el documental escucha a algunas de esas familias y les devuelve la palabra.
Conviene detenerse en la frialdad de todo esto, porque la frialdad es el dato. Los camiones, las cajas, las actas, los kilómetros de un régimen que dedica años y recursos para recoger los cadáveres de sus enemigos, fosa a fosa, delata que aquí no hay desidia ni un olvido, sino un proyecto. ¿Pero cuál? La respuesta empieza, curiosamente, en Núremberg. Allí el mundo aprendió que un crimen de Estado se convierte en crimen ante la humanidad en el momento en que se hace visible. Lo que selló las condenas no fueron solo los testimonios, sino las imágenes de los campos, las fosas filmadas, los cuerpos exhibidos ante el tribunal. Sin cuerpo, no hay crimen; con cuerpo, no hay olvido. El franquismo extrajo la lección invertida, señala Correa. Donde los demás aprendieron que hay que mostrar para que haya justicia, Franco aprendió que hay que impedir que se vea para que no la haya. Eso es, exactamente, el Valle de los Caídos. No es un cementerio, ni un monumento. Ni siquiera un mausoleo. Es una operación para hacer opaco lo que en una sala de Núremberg habría sido una acusación irrefutable. Una fosa en una cuneta puede ser exhumada, fotografiada, llevada ante un tribunal. Treinta y tres mil cuerpos tapiados bajo ciento cincuenta metros de cruz, no. Franco no se limita a matar: monumentaliza a sus muertos absorbiendo a los del otro bando bajo una liturgia de Estado que los renombra “caídos” y los desposee de su historia. Hoy diríamos que es posverdad arquitectónica materializada en piedra: los marcos con los que pensamos, sellados en una cripta.
Lo que hace Correa es invertir la operación. El Atlas de la desaparición, que comenzó hace siete años y se abrirá al público este otoño como una plataforma libre, no es solo un documental: es un archivo. A partir del Libro de Registro de Inhumaciones, que ya no guardan los benedictinos sino Patrimonio Nacional, su equipo ha digitalizado nombres, procedencias y fechas; ha cartografiado las 506 fosas de las que salieron los cuerpos; y ha modelado en 3D el interior de las criptas para asignar a cada caja, mediante topología matemática, tres hipótesis de localización. Ahí está, exacta, la inversión: donde el régimen produjo masa indistinta, el Atlas devuelve lugar y nombre, para restituir las condiciones bajo las cuales los desaparecidos pueden volver a aparecer. Más que memoria, el Atlas es producción de verdad fáctica contra un régimen de invisibilidad que el franquismo legó y la democracia no ha desactivado. Es un acto político en sentido fuerte: la reconstrucción del espacio donde los muertos pueden ser vistos y nombrados. Porque el obstáculo, hoy, ya no es la violencia directa, sino la banalidad burocrática: exhumaciones paralizadas, expedientes en bucle, la opacidad institucional como prolongación civilizada del crimen. Es una de las lecciones del siglo XX: el mal sobrevive a los regímenes que lo produjeron cuando se convierte en procedimiento. Correa nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿sobre qué verdad se sostiene una democracia que mantiene sellados a sus muertos? Abrir esas criptas no es ajustar cuentas con el pasado. Es la condición para que exista un suelo de hechos compartidos sin el cual ninguna democracia puede sostenerse.
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