Más de mil millones de euros para los aeropuertos de Baleares y, lejos de ser recibidos como una buena noticia, han provocado una tormenta política y social. La aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 ha reabierto en las Islas un debate que va mucho más allá de la modernización de unas infraestructuras sometidas cada verano a una enorme presión: hasta dónde pueden seguir creciendo los aeropuertos de un archipiélago que lleva años discutiendo sobre los límites del turismo.El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre el DORA III, el documento que marcará la planificación de la red de Aena durante los próximos cinco años. El plan establece para el conjunto de España cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada y define las condiciones de funcionamiento y desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias hasta 2031.En Baleares, las cifras son especialmente significativas. Los cuatro aeropuertos gestionados por Aena recibirán alrededor de 1.030 millones de euros entre 2027 y 2031. Palma absorberá 621,6 millones; Ibiza, 229,7 millones; Menorca, 170,7 millones, y Son Bonet otros 7,9 millones.Las cantidades representan un salto considerable respecto al anterior periodo inversor. Pero el problema en las Islas no es tanto cuánto se invierte como para qué se invierte y qué capacidad futura permitirán esas actuaciones.Ese es precisamente el origen del choque. Una parte importante del arco político balear y los colectivos contrarios al crecimiento turístico temen que detrás de la modernización, adecuación y ampliación de las terminales se encuentre una estrategia destinada a permitir una mayor operatividad y, con ella, un nuevo incremento del número de pasajeros que pueden asumir las Islas.El DORA III maneja unas previsiones que sitúan el tráfico conjunto de los aeropuertos baleares cerca de los 50 millones de pasajeros en 2031. Sólo Palma alcanzaría alrededor de 35,7 millones.Una cifra que «espanta»La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha convertido esa previsión en uno de sus principales argumentos contra la estrategia de Aena. «Esta cifra espanta», aseguró tras conocerse el documento, al tiempo que reclamaba que Baleares pueda participar en las decisiones sobre unas infraestructuras que considera determinantes para el modelo económico, territorial y demográfico del archipiélago.El Govern sostiene que las inversiones necesarias para mejorar la seguridad, la calidad de los servicios y las instalaciones aeroportuarias no deben traducirse en un aumento de capacidad. Prohens ha insistido además este martes en que las inversiones no tienen por qué estar necesariamente vinculadas al incremento del número de pasajeros y ha utilizado el nuevo DORA para reforzar su reclamación de una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria.El PP balear ha trasladado la batalla a Madrid. Sus diputados y senadores han reclamado la comparecencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad para explicar las inversiones y los proyectos previstos para Palma, Ibiza y Menorca. La iniciativa parlamentaria reclama información, entre otras cuestiones, sobre las ampliaciones y modernizaciones, la planificación del DORA y la relación de Aena con las administraciones autonómicas e insulares.Los populares denuncian que los proyectos se están planteando sin suficiente diálogo con el Govern, los Consells y los ayuntamientos. «Aena no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas», sostiene el PP balear.El PSOE balear se enfrenta a AenaPero el frente abierto por el DORA III tiene una particularidad política especialmente incómoda para los socialistas: el rechazo a los planes de Aena alcanza al propio PSOE de Baleares, mientras el documento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela , ha endurecido en los últimos días sus críticas contra el gestor aeroportuario. Ha asegurado que las ampliaciones planteadas en Baleares «no son de recibo» y ha cargado contra la explotación comercial de las terminales, que a su juicio están siendo convertidas en un «mercadillo» mientras el servicio prestado «dista mucho de ser profesional».El PSIB sostiene, no obstante, que las previsiones de tráfico de Aena no implican por sí solas que vaya a materializarse ese crecimiento, al depender también de la evolución de la demanda y de la oferta turística existente en las Islas. Negueruela ha enfrentado además esta cuestión con la política turística del Govern y ha acusado a Prohens de mantener posiciones que, según los socialistas, también podrían favorecer el incremento de pasajeros, como la reducción de determinadas tasas aeroportuarias.La oposición socialista a un aumento de capacidad se ha hecho particularmente visible en Ibiza. La Federación Socialista de la isla ha expresado su rechazo a cualquier actuación que permita incrementar la capacidad operativa de la terminal y ha defendido inversiones destinadas a conseguir un aeropuerto «seguro, accesible y eficiente», pero sin aumentar la presión turística.La posición abre un evidente enfrentamiento político entre los socialistas de las Islas y una planificación aeroportuaria aprobada por el Ejecutivo central del PSOE. El PP explota esa contradicción y acusa al PSIB de mantener un discurso en Baleares distinto del que finalmente se traduce en decisiones desde Madrid.La calle también protestaEl malestar ha trascendido ya las instituciones. El pasado domingo alrededor de 500 personas se manifestaron en Palma contra los planes aeroportuarios y las políticas de promoción turística bajo el lema «Ni más ampliación, ni más promoción». La marcha partió de la Delegación del Gobierno y terminó ante el Consolat de Mar, dirigiendo sus críticas tanto al Ejecutivo central como a la política turística del Govern.La movilización adquirió una dimensión mucho mayor en Ibiza. Las estimaciones sobre la asistencia varían según las fuentes, desde unas 2.300 hasta alrededor de 5.000 personas, en una de las protestas recientes más numerosas de la isla. Los convocantes vincularon directamente la ampliación del aeropuerto con el debate sobre la capacidad de Ibiza para seguir soportando un incremento de la presión turística, demográfica y sobre recursos como el agua y la vivienda.Las protestas evidencian hasta qué punto el debate aeroportuario se ha fundido en Baleares con la discusión sobre la saturación turística. Para los colectivos convocantes, el problema no reside en renovar unas instalaciones que necesitan inversiones, sino en que las obras terminen permitiendo incrementar su capacidad operativa.Aeropuertos en cifras récordEl debate llega, además, después de sucesivos récords de tráfico. Son Sant Joan cerró 2025 con 33.806.427 pasajeros, un 1,5 por ciento más que en 2024, y con 246.486 operaciones, también un 1,4 por ciento más. Cerca de 24,8 millones de viajeros utilizaron conexiones internacionales, frente a los nueve millones que volaron en rutas nacionales.Ibiza superó igualmente por primera vez los 9,1 millones de pasajeros, un 0,7 por ciento más, y contabilizó 85.086 operaciones durante 2025. Tanto Palma como Ibiza, Menorca y Son Bonet estuvieron entre las infraestructuras de la red de Aena que alcanzaron máximos históricos de pasajeros el pasado ejercicio.Son cifras que explican buena parte de la sensibilidad existente en las Islas ante cualquier actuación que pueda interpretarse como un nuevo escalón de crecimiento.La batalla por decidir desde las Islas El conflicto ha devuelto también al primer plano la histórica reclamación de cogestión aeroportuaria. Para el Govern y varias fuerzas políticas, el debate ya no consiste únicamente en determinar si hay que invertir más o menos dinero, sino en decidir quién debe tener capacidad para establecer el futuro de unas infraestructuras que funcionan como la principal puerta de entrada al archipiélago.La controversia encierra así una paradoja poco habitual: una inversión superior a los mil millones de euros que encuentra resistencia precisamente en el territorio que debe recibirla. Baleares no discute la necesidad de mejorar sus aeropuertos; lo que se discute es si mejorar significa también crecer.Frente a una Aena que diseña su red para responder a una demanda creciente y un DORA que proyecta el desarrollo del sistema aeroportuario durante las próximas décadas, en las Islas gana peso una exigencia transversal: que cada euro destinado a modernizar Palma, Ibiza o Menorca no se convierta automáticamente en capacidad para recibir más aviones, más pasajeros y, en última instancia, más turistas. El debate sobre los aeropuertos ha dejado de ser una cuestión de terminales y pistas para convertirse en otro capítulo de la discusión que domina la política balear: cuánto más puede crecer el archipiélago y quién debe decidir sus límites. Más de mil millones de euros para los aeropuertos de Baleares y, lejos de ser recibidos como una buena noticia, han provocado una tormenta política y social. La aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 ha reabierto en las Islas un debate que va mucho más allá de la modernización de unas infraestructuras sometidas cada verano a una enorme presión: hasta dónde pueden seguir creciendo los aeropuertos de un archipiélago que lleva años discutiendo sobre los límites del turismo.El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre el DORA III, el documento que marcará la planificación de la red de Aena durante los próximos cinco años. El plan establece para el conjunto de España cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada y define las condiciones de funcionamiento y desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias hasta 2031.En Baleares, las cifras son especialmente significativas. Los cuatro aeropuertos gestionados por Aena recibirán alrededor de 1.030 millones de euros entre 2027 y 2031. Palma absorberá 621,6 millones; Ibiza, 229,7 millones; Menorca, 170,7 millones, y Son Bonet otros 7,9 millones.Las cantidades representan un salto considerable respecto al anterior periodo inversor. Pero el problema en las Islas no es tanto cuánto se invierte como para qué se invierte y qué capacidad futura permitirán esas actuaciones.Ese es precisamente el origen del choque. Una parte importante del arco político balear y los colectivos contrarios al crecimiento turístico temen que detrás de la modernización, adecuación y ampliación de las terminales se encuentre una estrategia destinada a permitir una mayor operatividad y, con ella, un nuevo incremento del número de pasajeros que pueden asumir las Islas.El DORA III maneja unas previsiones que sitúan el tráfico conjunto de los aeropuertos baleares cerca de los 50 millones de pasajeros en 2031. Sólo Palma alcanzaría alrededor de 35,7 millones.Una cifra que «espanta»La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha convertido esa previsión en uno de sus principales argumentos contra la estrategia de Aena. «Esta cifra espanta», aseguró tras conocerse el documento, al tiempo que reclamaba que Baleares pueda participar en las decisiones sobre unas infraestructuras que considera determinantes para el modelo económico, territorial y demográfico del archipiélago.El Govern sostiene que las inversiones necesarias para mejorar la seguridad, la calidad de los servicios y las instalaciones aeroportuarias no deben traducirse en un aumento de capacidad. Prohens ha insistido además este martes en que las inversiones no tienen por qué estar necesariamente vinculadas al incremento del número de pasajeros y ha utilizado el nuevo DORA para reforzar su reclamación de una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria.El PP balear ha trasladado la batalla a Madrid. Sus diputados y senadores han reclamado la comparecencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad para explicar las inversiones y los proyectos previstos para Palma, Ibiza y Menorca. La iniciativa parlamentaria reclama información, entre otras cuestiones, sobre las ampliaciones y modernizaciones, la planificación del DORA y la relación de Aena con las administraciones autonómicas e insulares.Los populares denuncian que los proyectos se están planteando sin suficiente diálogo con el Govern, los Consells y los ayuntamientos. «Aena no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas», sostiene el PP balear.El PSOE balear se enfrenta a AenaPero el frente abierto por el DORA III tiene una particularidad política especialmente incómoda para los socialistas: el rechazo a los planes de Aena alcanza al propio PSOE de Baleares, mientras el documento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela , ha endurecido en los últimos días sus críticas contra el gestor aeroportuario. Ha asegurado que las ampliaciones planteadas en Baleares «no son de recibo» y ha cargado contra la explotación comercial de las terminales, que a su juicio están siendo convertidas en un «mercadillo» mientras el servicio prestado «dista mucho de ser profesional».El PSIB sostiene, no obstante, que las previsiones de tráfico de Aena no implican por sí solas que vaya a materializarse ese crecimiento, al depender también de la evolución de la demanda y de la oferta turística existente en las Islas. Negueruela ha enfrentado además esta cuestión con la política turística del Govern y ha acusado a Prohens de mantener posiciones que, según los socialistas, también podrían favorecer el incremento de pasajeros, como la reducción de determinadas tasas aeroportuarias.La oposición socialista a un aumento de capacidad se ha hecho particularmente visible en Ibiza. La Federación Socialista de la isla ha expresado su rechazo a cualquier actuación que permita incrementar la capacidad operativa de la terminal y ha defendido inversiones destinadas a conseguir un aeropuerto «seguro, accesible y eficiente», pero sin aumentar la presión turística.La posición abre un evidente enfrentamiento político entre los socialistas de las Islas y una planificación aeroportuaria aprobada por el Ejecutivo central del PSOE. El PP explota esa contradicción y acusa al PSIB de mantener un discurso en Baleares distinto del que finalmente se traduce en decisiones desde Madrid.La calle también protestaEl malestar ha trascendido ya las instituciones. El pasado domingo alrededor de 500 personas se manifestaron en Palma contra los planes aeroportuarios y las políticas de promoción turística bajo el lema «Ni más ampliación, ni más promoción». La marcha partió de la Delegación del Gobierno y terminó ante el Consolat de Mar, dirigiendo sus críticas tanto al Ejecutivo central como a la política turística del Govern.La movilización adquirió una dimensión mucho mayor en Ibiza. Las estimaciones sobre la asistencia varían según las fuentes, desde unas 2.300 hasta alrededor de 5.000 personas, en una de las protestas recientes más numerosas de la isla. Los convocantes vincularon directamente la ampliación del aeropuerto con el debate sobre la capacidad de Ibiza para seguir soportando un incremento de la presión turística, demográfica y sobre recursos como el agua y la vivienda.Las protestas evidencian hasta qué punto el debate aeroportuario se ha fundido en Baleares con la discusión sobre la saturación turística. Para los colectivos convocantes, el problema no reside en renovar unas instalaciones que necesitan inversiones, sino en que las obras terminen permitiendo incrementar su capacidad operativa.Aeropuertos en cifras récordEl debate llega, además, después de sucesivos récords de tráfico. Son Sant Joan cerró 2025 con 33.806.427 pasajeros, un 1,5 por ciento más que en 2024, y con 246.486 operaciones, también un 1,4 por ciento más. Cerca de 24,8 millones de viajeros utilizaron conexiones internacionales, frente a los nueve millones que volaron en rutas nacionales.Ibiza superó igualmente por primera vez los 9,1 millones de pasajeros, un 0,7 por ciento más, y contabilizó 85.086 operaciones durante 2025. Tanto Palma como Ibiza, Menorca y Son Bonet estuvieron entre las infraestructuras de la red de Aena que alcanzaron máximos históricos de pasajeros el pasado ejercicio.Son cifras que explican buena parte de la sensibilidad existente en las Islas ante cualquier actuación que pueda interpretarse como un nuevo escalón de crecimiento.La batalla por decidir desde las Islas El conflicto ha devuelto también al primer plano la histórica reclamación de cogestión aeroportuaria. Para el Govern y varias fuerzas políticas, el debate ya no consiste únicamente en determinar si hay que invertir más o menos dinero, sino en decidir quién debe tener capacidad para establecer el futuro de unas infraestructuras que funcionan como la principal puerta de entrada al archipiélago.La controversia encierra así una paradoja poco habitual: una inversión superior a los mil millones de euros que encuentra resistencia precisamente en el territorio que debe recibirla. Baleares no discute la necesidad de mejorar sus aeropuertos; lo que se discute es si mejorar significa también crecer.Frente a una Aena que diseña su red para responder a una demanda creciente y un DORA que proyecta el desarrollo del sistema aeroportuario durante las próximas décadas, en las Islas gana peso una exigencia transversal: que cada euro destinado a modernizar Palma, Ibiza o Menorca no se convierta automáticamente en capacidad para recibir más aviones, más pasajeros y, en última instancia, más turistas. El debate sobre los aeropuertos ha dejado de ser una cuestión de terminales y pistas para convertirse en otro capítulo de la discusión que domina la política balear: cuánto más puede crecer el archipiélago y quién debe decidir sus límites.
Más de mil millones de euros para los aeropuertos de Baleares y, lejos de ser recibidos como una buena noticia, una tormenta política y social. La aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027- … 2031 ha reabierto en las Islas un debate que va mucho más allá de la modernización de unas infraestructuras sometidas cada verano a una enorme presión: hasta dónde pueden seguir creciendo los aeropuertos de un archipiélago que lleva años discutiendo sobre los límites del turismo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de septiembre el DORA III, el documento que marcará la planificación de la red de Aena durante los próximos cinco años. El plan establece para el conjunto de España cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada y define las condiciones de funcionamiento y desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias hasta 2031.
En Baleares, las cifras son especialmente significativas. Los cuatro aeropuertos gestionados por Aena recibirán alrededor de 1.030 millones de euros entre 2027 y 2031. Palma absorberá 621,6 millones; Ibiza, 229,7 millones; Menorca, 170,7 millones, y Son Bonet otros 7,9 millones.
Las cantidades representan un salto considerable respecto al anterior periodo inversor. Pero el problema en las Islas no es tanto cuánto se invierte como para qué se invierte y qué capacidad futura permitirán esas actuaciones.
Ese es precisamente el origen del choque. Una parte importante del arco político balear y los colectivos contrarios al crecimiento turístico temen que detrás de la modernización, adecuación y ampliación de las terminales se encuentre una estrategia destinada a permitir una mayor operatividad y, con ella, un nuevo incremento del número de pasajeros que pueden asumir las Islas.
El DORA III maneja unas previsiones que sitúan el tráfico conjunto de los aeropuertos baleares cerca de los 50 millones de pasajeros en 2031. Sólo Palma alcanzaría alrededor de 35,7 millones.
Una cifra que «espanta»
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha convertido esa previsión en uno de sus principales argumentos contra la estrategia de Aena. «Esta cifra espanta», aseguró tras conocerse el documento, al tiempo que reclamaba que Baleares pueda participar en las decisiones sobre unas infraestructuras que considera determinantes para el modelo económico, territorial y demográfico del archipiélago.
El Govern sostiene que las inversiones necesarias para mejorar la seguridad, la calidad de los servicios y las instalaciones aeroportuarias no deben traducirse en un aumento de capacidad. Prohens ha insistido además este martes en que las inversiones no tienen por qué estar necesariamente vinculadas al incremento del número de pasajeros y ha utilizado el nuevo DORA para reforzar su reclamación de una mayor participación autonómica en la gestión aeroportuaria.
El PP balear ha trasladado la batalla a Madrid. Sus diputados y senadores han reclamado la comparecencia del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ante la Comisión Mixta sobre Insularidad para explicar las inversiones y los proyectos previstos para Palma, Ibiza y Menorca. La iniciativa parlamentaria reclama información, entre otras cuestiones, sobre las ampliaciones y modernizaciones, la planificación del DORA y la relación de Aena con las administraciones autonómicas e insulares.
Los populares denuncian que los proyectos se están planteando sin suficiente diálogo con el Govern, los Consells y los ayuntamientos. «Aena no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas», sostiene el PP balear.
El PSOE balear se enfrenta a Aena
Pero el frente abierto por el DORA III tiene una particularidad política especialmente incómoda para los socialistas: el rechazo a los planes de Aena alcanza al propio PSOE de Baleares, mientras el documento ha sido aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.
El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha endurecido en los últimos días sus críticas contra el gestor aeroportuario. Ha asegurado que las ampliaciones planteadas en Baleares «no son de recibo» y ha cargado contra la explotación comercial de las terminales, que a su juicio están siendo convertidas en un «mercadillo» mientras el servicio prestado «dista mucho de ser profesional».
El PSIB sostiene, no obstante, que las previsiones de tráfico de Aena no implican por sí solas que vaya a materializarse ese crecimiento, al depender también de la evolución de la demanda y de la oferta turística existente en las Islas. Negueruela ha enfrentado además esta cuestión con la política turística del Govern y ha acusado a Prohens de mantener posiciones que, según los socialistas, también podrían favorecer el incremento de pasajeros, como la reducción de determinadas tasas aeroportuarias.
La oposición socialista a un aumento de capacidad se ha hecho particularmente visible en Ibiza. La Federación Socialista de la isla ha expresado su rechazo a cualquier actuación que permita incrementar la capacidad operativa de la terminal y ha defendido inversiones destinadas a conseguir un aeropuerto «seguro, accesible y eficiente», pero sin aumentar la presión turística.
La posición abre un evidente enfrentamiento político entre los socialistas de las Islas y una planificación aeroportuaria aprobada por el Ejecutivo central del PSOE. El PP explota esa contradicción y acusa al PSIB de mantener un discurso en Baleares distinto del que finalmente se traduce en decisiones desde Madrid.
La calle también protesta
El malestar ha trascendido ya las instituciones. El pasado domingo alrededor de 500 personas se manifestaron en Palma contra los planes aeroportuarios y las políticas de promoción turística bajo el lema «Ni más ampliación, ni más promoción». La marcha partió de la Delegación del Gobierno y terminó ante el Consolat de Mar, dirigiendo sus críticas tanto al Ejecutivo central como a la política turística del Govern.
La movilización adquirió una dimensión mucho mayor en Ibiza. Las estimaciones sobre la asistencia varían según las fuentes, desde unas 2.300 hasta alrededor de 5.000 personas, en una de las protestas recientes más numerosas de la isla. Los convocantes vincularon directamente la ampliación del aeropuerto con el debate sobre la capacidad de Ibiza para seguir soportando un incremento de la presión turística, demográfica y sobre recursos como el agua y la vivienda.
Las protestas evidencian hasta qué punto el debate aeroportuario se ha fundido en Baleares con la discusión sobre la saturación turística. Para los colectivos convocantes, el problema no reside en renovar unas instalaciones que necesitan inversiones, sino en que las obras terminen permitiendo incrementar su capacidad operativa.
Aeropuertos en cifras récord
El debate llega, además, después de sucesivos récords de tráfico. Son Sant Joan cerró 2025 con 33.806.427 pasajeros, un 1,5 por ciento más que en 2024, y con 246.486 operaciones, también un 1,4 por ciento más. Cerca de 24,8 millones de viajeros utilizaron conexiones internacionales, frente a los nueve millones que volaron en rutas nacionales.
Ibiza superó igualmente por primera vez los 9,1 millones de pasajeros, un 0,7 por ciento más, y contabilizó 85.086 operaciones durante 2025. Tanto Palma como Ibiza, Menorca y Son Bonet estuvieron entre las infraestructuras de la red de Aena que alcanzaron máximos históricos de pasajeros el pasado ejercicio.
Son cifras que explican buena parte de la sensibilidad existente en las Islas ante cualquier actuación que pueda interpretarse como un nuevo escalón de crecimiento.
La batalla por decidir desde las Islas
El conflicto ha devuelto también al primer plano la histórica reclamación de cogestión aeroportuaria. Para el Govern y varias fuerzas políticas, el debate ya no consiste únicamente en determinar si hay que invertir más o menos dinero, sino en decidir quién debe tener capacidad para establecer el futuro de unas infraestructuras que funcionan como la principal puerta de entrada al archipiélago.
La controversia encierra así una paradoja poco habitual: una inversión superior a los mil millones de euros que encuentra resistencia precisamente en el territorio que debe recibirla. Baleares no discute la necesidad de mejorar sus aeropuertos; lo que se discute es si mejorar significa también crecer.
Frente a una Aena que diseña su red para responder a una demanda creciente y un DORA que proyecta el desarrollo del sistema aeroportuario durante las próximas décadas, en las Islas gana peso una exigencia transversal: que cada euro destinado a modernizar Palma, Ibiza o Menorca no se convierta automáticamente en capacidad para recibir más aviones, más pasajeros y, en última instancia, más turistas. El debate sobre los aeropuertos ha dejado de ser una cuestión de terminales y pistas para convertirse en otro capítulo de la discusión que domina la política balear: cuánto más puede crecer el archipiélago y quién debe decidir sus límites.
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