Cataluña abre la vía legal para frenar la proliferación de armas de fuego

La ejecución a tiros de un individuo, a manos de un sicario, ante una comisaría de la Policía Nacional durante la visita del Papa a Barcelona, en junio, llevó a la Generalitat a plantear un endurecimiento de las penas por tenencia ilícita y exhibición de armas de fuego . La semana pasada, esa intención se tradujo en una propuesta para reformar el Código Penal, a través de una proposición de ley impulsada por el Parlament, para elevarla al Congreso. Y es que sólo durante el primer semestre del año los tiroteos en Cataluña han aumentado un 45 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025. Han sido 69; el último, el que se saldó con dos guardias civiles heridos de gravedad en Tarrasa (Barcelona), tras ser atacados por un grupo de delincuentes, con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Durante este primer semestre, con siete asesinatos a tiros perpetrados en la comunidad -entre ellos el de un menor de 15 años- los Mossos d’Esquadra se han incautado de 179 armas de fuego. Seis de cada diez, cortas, pero también largas y de guerra, como el vehículo que interceptaron en mayo en la autopista AP-7, y en cuyo maletero localizaron una docena de subfusiles, tipo AK-47 . Por este motivo, la propuesta del Govern que preside Salvador Illa busca equiparar las penas que se imponen en España con las de otros territorios europeos, para frenar así el «factor de atracción» para el crimen organizado y erradicar la sensación de impunidad. Entre los objetivos de esta modificación está el de asegurar la entrada en prisión de aquellos que exhiban o porten un arma de fuego sin licencia. Una propuesta que, durante la apertura del año judicial en Cataluña, secundó su fiscal jefe, Francisco Bañeres, al tildar de «invasión» la proliferación de armas -también blancas- en las calles. Uno de los principales motivos, como llevan alertando mandos policiales desde hace años, es que el territorio se haya convertido en la huerta de Europa en lo que a cultivo de marihuana se refiere, para su posterior distribución y venta a terceros países donde llega a triplicar su valor en el mercado negro. «Exportamos marihuana e importamos crimen organizado», alertaba hace ya tiempo un mando de los Mossos. Y así seguimos. Ajustes de cuentas por ‘vuelcos’ -robos entre los propios traficantes-, o ‘vendettas’ que se traducen en un incremento de los incidentes armados. Así lo secundaba también el nuevo director general de la Policía, Ferran López, durante la reunión informativa para detallar la propuesta de modificación del Código Penal. La intención del Ejecutivo catalán es que las penas en caso de tenencia de armas prohibidas pase a la horquilla de dos a cuatro años de prisión -actualmente es de uno a tres-; y que la de armas de fuego sin licencia -que ahora es de uno a dos años, en caso de ser cortas; y de seis meses a un año en caso de ser largas- pase a la franja de 18 meses a tres años, y de seis meses a un año y medio. También que se elimine la atenuante de la que se benefician aquellos que, pese a su exhibición en la vía pública, demuestran después que su intención no era usarla contra terceros. Responsables policiales son conscientes de que en otros territorios, donde su uso se ha extendido -ciudades como Marsella, sin ir más lejos, que supera los 50 homicidios anuales-, el endurecimiento de las penas no se ha traducido en una disminución de los crímenes o tiroteos, pero insisten aún así en que la modificación legislativa puede actuar como elemento disuasorio para los delincuentes. La propuesta de la Generalitat busca equiparar las penas que se imponen en España a las de otros territorios europeos, para frenar así el «factor de atracción» para el crimen organizado y erradicar la sensación de impunidadY es que, como advertía también esta semana el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, además de la violencia -que, pese a ser intracriminal puede saldarse con víctimas colaterales-, existe el riesgo de la corrupción asociada a la implantación del crimen organizado en territorio patrio. Alertó así de la creciente capacidad de las organizaciones para penetrar en la economía legal; de influir en el proceso de toma de decisiones y de «aprovechar vulnerabilidades institucionales» para consolidar sus intereses. Y es que, según Europol, más del 80 por ciento de las redes «más peligrosas» de la Unión Europea emplean estructuras comerciales legales para blanquear los beneficios de su actividad delictiva.Su principal vertiente es el tráfico de drogas, estrechamente ligado al de armas, ya que los ‘narcos’ buscan a toda costa proteger los cargamentos de cocaína o sus plantaciones de marihuana. Por ello ha proliferado también la venta de armamento y munición militar, que se realiza a través de mensajería cifrada y en la ‘dark web’. Sin ir más lejos, la Policía Nacional desmantelaba en Gerona, hace sólo unas semanas, el mayor depósito y taller clandestino de armamento localizado hasta la fecha. La bautizada como operación Javelin se saldó con la incautación de 644 armas en un trastero de Figueras. Tras este se encontraba un experto armero, con experiencia previa en el Ejército ruso, que las transformaba para suministrárselas a redes del crimen organizado. Amenaza híbridaY es que la interconexión entre el narcotráfico y las organizaciones que comercian con armas supone ya una amenaza híbrida. No sólo comparten rutas y logística, sino que para cerrar sus acuerdos llegan a intercambiar mercancía, como demostró una operación reciente, coordinada por Europol, contra una red turca que obtenía las armas en dicho país y en los Balcanes Occidentales, y ocultas en compartimentos de vehículos, las distribuía por Europa. Una vez en España, se empleaban como moneda de cambio en transacciones de droga con otros grupos criminales.Aunque el volumen económico del tráfico de armas es menor que el que representa el narcotráfico, es un multiplicador de su capacidad criminal. Es decir, dota a las organizaciones de un poder letal muy superior, y favorece el aumento de la violencia que perpetran, por lo que es una amenaza creciente. Ante dicha amenaza, cuyas consecuencias sufre especialmente Cataluña con el incremento sostenido de incidentes armados -que se extienden también por otros puntos de la geografía española, especialmente, la Costa del Sol-, la Generalitat pretende ponerle coto con un incremento de las penas por su exhibición y tenencia ilícita. La ejecución a tiros de un individuo, a manos de un sicario, ante una comisaría de la Policía Nacional durante la visita del Papa a Barcelona, en junio, llevó a la Generalitat a plantear un endurecimiento de las penas por tenencia ilícita y exhibición de armas de fuego . La semana pasada, esa intención se tradujo en una propuesta para reformar el Código Penal, a través de una proposición de ley impulsada por el Parlament, para elevarla al Congreso. Y es que sólo durante el primer semestre del año los tiroteos en Cataluña han aumentado un 45 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025. Han sido 69; el último, el que se saldó con dos guardias civiles heridos de gravedad en Tarrasa (Barcelona), tras ser atacados por un grupo de delincuentes, con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Durante este primer semestre, con siete asesinatos a tiros perpetrados en la comunidad -entre ellos el de un menor de 15 años- los Mossos d’Esquadra se han incautado de 179 armas de fuego. Seis de cada diez, cortas, pero también largas y de guerra, como el vehículo que interceptaron en mayo en la autopista AP-7, y en cuyo maletero localizaron una docena de subfusiles, tipo AK-47 . Por este motivo, la propuesta del Govern que preside Salvador Illa busca equiparar las penas que se imponen en España con las de otros territorios europeos, para frenar así el «factor de atracción» para el crimen organizado y erradicar la sensación de impunidad. Entre los objetivos de esta modificación está el de asegurar la entrada en prisión de aquellos que exhiban o porten un arma de fuego sin licencia. Una propuesta que, durante la apertura del año judicial en Cataluña, secundó su fiscal jefe, Francisco Bañeres, al tildar de «invasión» la proliferación de armas -también blancas- en las calles. Uno de los principales motivos, como llevan alertando mandos policiales desde hace años, es que el territorio se haya convertido en la huerta de Europa en lo que a cultivo de marihuana se refiere, para su posterior distribución y venta a terceros países donde llega a triplicar su valor en el mercado negro. «Exportamos marihuana e importamos crimen organizado», alertaba hace ya tiempo un mando de los Mossos. Y así seguimos. Ajustes de cuentas por ‘vuelcos’ -robos entre los propios traficantes-, o ‘vendettas’ que se traducen en un incremento de los incidentes armados. Así lo secundaba también el nuevo director general de la Policía, Ferran López, durante la reunión informativa para detallar la propuesta de modificación del Código Penal. La intención del Ejecutivo catalán es que las penas en caso de tenencia de armas prohibidas pase a la horquilla de dos a cuatro años de prisión -actualmente es de uno a tres-; y que la de armas de fuego sin licencia -que ahora es de uno a dos años, en caso de ser cortas; y de seis meses a un año en caso de ser largas- pase a la franja de 18 meses a tres años, y de seis meses a un año y medio. También que se elimine la atenuante de la que se benefician aquellos que, pese a su exhibición en la vía pública, demuestran después que su intención no era usarla contra terceros. Responsables policiales son conscientes de que en otros territorios, donde su uso se ha extendido -ciudades como Marsella, sin ir más lejos, que supera los 50 homicidios anuales-, el endurecimiento de las penas no se ha traducido en una disminución de los crímenes o tiroteos, pero insisten aún así en que la modificación legislativa puede actuar como elemento disuasorio para los delincuentes. La propuesta de la Generalitat busca equiparar las penas que se imponen en España a las de otros territorios europeos, para frenar así el «factor de atracción» para el crimen organizado y erradicar la sensación de impunidadY es que, como advertía también esta semana el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Josep Tomàs Salàs, además de la violencia -que, pese a ser intracriminal puede saldarse con víctimas colaterales-, existe el riesgo de la corrupción asociada a la implantación del crimen organizado en territorio patrio. Alertó así de la creciente capacidad de las organizaciones para penetrar en la economía legal; de influir en el proceso de toma de decisiones y de «aprovechar vulnerabilidades institucionales» para consolidar sus intereses. Y es que, según Europol, más del 80 por ciento de las redes «más peligrosas» de la Unión Europea emplean estructuras comerciales legales para blanquear los beneficios de su actividad delictiva.Su principal vertiente es el tráfico de drogas, estrechamente ligado al de armas, ya que los ‘narcos’ buscan a toda costa proteger los cargamentos de cocaína o sus plantaciones de marihuana. Por ello ha proliferado también la venta de armamento y munición militar, que se realiza a través de mensajería cifrada y en la ‘dark web’. Sin ir más lejos, la Policía Nacional desmantelaba en Gerona, hace sólo unas semanas, el mayor depósito y taller clandestino de armamento localizado hasta la fecha. La bautizada como operación Javelin se saldó con la incautación de 644 armas en un trastero de Figueras. Tras este se encontraba un experto armero, con experiencia previa en el Ejército ruso, que las transformaba para suministrárselas a redes del crimen organizado. Amenaza híbridaY es que la interconexión entre el narcotráfico y las organizaciones que comercian con armas supone ya una amenaza híbrida. No sólo comparten rutas y logística, sino que para cerrar sus acuerdos llegan a intercambiar mercancía, como demostró una operación reciente, coordinada por Europol, contra una red turca que obtenía las armas en dicho país y en los Balcanes Occidentales, y ocultas en compartimentos de vehículos, las distribuía por Europa. Una vez en España, se empleaban como moneda de cambio en transacciones de droga con otros grupos criminales.Aunque el volumen económico del tráfico de armas es menor que el que representa el narcotráfico, es un multiplicador de su capacidad criminal. Es decir, dota a las organizaciones de un poder letal muy superior, y favorece el aumento de la violencia que perpetran, por lo que es una amenaza creciente. Ante dicha amenaza, cuyas consecuencias sufre especialmente Cataluña con el incremento sostenido de incidentes armados -que se extienden también por otros puntos de la geografía española, especialmente, la Costa del Sol-, la Generalitat pretende ponerle coto con un incremento de las penas por su exhibición y tenencia ilícita.  

La ejecución a tiros de un individuo, a manos de un sicario, ante una comisaría de la Policía Nacional durante la visita del Papa a Barcelona, en junio, llevó a la Generalitat a plantear un endurecimiento de las penas por tenencia ilícita y exhibición … de armas de fuego. La semana pasada, esa intención se tradujo en una propuesta para reformar el Código Penal, a través de una proposición de ley impulsada por el Parlament, para elevarla al Congreso. Y es que sólo durante el primer semestre del año los tiroteos en Cataluña han aumentado un 45 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025. Han sido 69; el último, el que se saldó con dos guardias civiles heridos de gravedad en Tarrasa (Barcelona), tras ser atacados por un grupo de delincuentes, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

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