El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes una nueva ordenanza municipal que impide llevar en espacios públicos elementos que “oculten totalmente el rostro”, lo que supone la prohibición, sin mencionarlas, de prendas como el burka o el niqab bajo el riesgo de tener que pagar multas de entre 400 y 750 euros. El Ayuntamiento ha defendido la nueva Ordenanza de Civismo y Convivencia como una vía de “prevención, mediación, intervención social, reparación y, cuando hace falta, de sanción” y ha conseguido sacarla adelante con los 16 votos a favor del PSC, que gobierna la ciudad, Junts y Vox. PP, ERC y Lleida en Comú han votado en contra de la iniciativa. El artículo 12 señala que para “garantizar la interacción social en los términos habituales y propios de una sociedad libre y democrática, queda prohibido llevar cualquier prenda de ropa, vestimenta u otra indumentaria que oculte el rostro en los espacios públicos”.
La nueva ordenanza municipal prevé sanciones de entre 400 y 750 euros
La nueva ordenanza municipal prevé sanciones de entre 400 y 750 euros
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El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que “oculten totalmente el rostro”, como el burka o el niqab, sin mención expresa a estas prendas.
La nueva ordenanza, que se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad, ha contado con los nueve votos a favor del PSC-Units (en el gobierno), de los cinco concejales de Junts y de los dos de Vox, mientras que PP, ERC y el Comú han votado en contra.
El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma, que no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.
Esta no es la primera vez que Lleida intenta prohibir el uso de estas prendas. La ciudad fue pionera impulsando la regulación en 2010, pero que fue tumbada por el Tribunal Supremo en 2013 al considerar que los ayuntamientos carecen de competencias para limitar un derecho fundamental como es la libertad religiosa, algo que solo se puede hacer mediante una ley.
De hecho, el pasado mes de mayo se creó una subcomisión en el Congreso para debatir esta cuestión. En este marco, los partidos debatirán el marco constitucional y la jurisprudencia aplicable para regular el uso de estas prendas, y si una prohibición vulnera otros derechos como la libertad religiosa e ideológica o el principio de igualdad y no discriminación. La subcomisión fue creada a propuesta del PNV y contó el apoyo de PP, Vox, Junts y PSOE.
El debate no solo afecta a España. El Parlamento de Portugal aprobó en julio un proyecto de ley para prohibir taparse el rostro en lugares públicos, mientras que Italia se está planteando el uso del niqab o el burka en las escuelas.
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