Que la fragmentación política marque la pauta de la gestión macroeconómica y su máxima expresión que son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es nada nuevo, ni a priori preocupante a la vista de las grandes cifras de PIB y empleo. Sin embargo, cada vez parece más evidente que lo que está en juego ya no es solo la erosión del contrato social entre la ciudadanía y sus representantes que entraña el encadenamiento de prórrogas presupuestarias. El bloqueo también pone en riesgo la sostenibilidad del actual ciclo expansivo.
Deuda
El detalle de los presupuestos generales es tanto o más importante que las grandes cifras de techo de gasto y de senda de déficit. Entre enero y mayo, la deuda de las administraciones se incrementó a un ritmo superior al registrado un año antes (un 4,4% frente al 3,2%). Sin embargo, gracias al avance vigoroso de la economía, la ratio de deuda sobre PIB descendió hasta el 100,2% en mayo, dos puntos menos que un año antes. De ahí la importancia de contener los desequilibrios sin que ello suponga una merma para el avance de la economía.
La sucesión de prórrogas ha alejado las cuentas públicas de las necesidades de una economía en mutación
Que la fragmentación política marque la pauta de la gestión macroeconómica y su máxima expresión que son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es nada nuevo, ni a priori preocupante a la vista de las grandes cifras de PIB y empleo. Sin embargo, cada vez parece más evidente que lo que está en juego ya no es solo la erosión del contrato social entre la ciudadanía y sus representantes que entraña el encadenamiento de prórrogas presupuestarias. El bloqueo también pone en riesgo la sostenibilidad del actual ciclo expansivo.
En los últimos años, los presupuestos han evolucionado al compás de la llegada de fondos europeos, las revalorizaciones de las prestaciones sociales y de los salarios públicos, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y diversas decisiones, o modificaciones de crédito, aprobadas de manera ad hoc. Todo ello sustentado por unos recursos tributarios inflados por el efecto de la expansión y la no deflactación de las tarifas de IRPF, lo cual ha posibilitado el auge del gasto y a la vez la reducción del déficit.
Sin embargo, el agotamiento de los recursos aportados por el programa Next Generation, junto con la aparición de cuellos de botella y la irrupción de nuevas tecnologías convierten la perpetuación del impasse presupuestario en una trampa. El contexto requiere, en primer lugar, un esfuerzo coherente de inversión en infraestructuras, vivienda, capital humano y adaptación al cambio climático, es decir, todo aquello que amenaza con constreñir la economía.
Estas inversiones, junto con las correspondientes reformas, son necesarias para ensanchar la base productiva y así prolongar el buen momento de la economía. Sin embargo, partimos con desventaja con respecto a otros países de nuestro entorno en cuestiones clave como educación: esa partida de gasto representa el 4,1% del PIB, lo mismo que hace un lustro y casi tres puntos menos que Suecia, uno de los países que lideran en productividad. En el caso de la vivienda, el esfuerzo presupuestario alcanza apenas la mitad de la media comunitaria (con datos de compromisos por función en el periodo 2020-2024).
La compatibilización de las prestaciones sociales con el mercado laboral es otra prioridad. Tras un periodo de mejoras de la cobertura de la protección, parece necesario apuntalar el sistema con medidas que faciliten la inserción laboral, o al menos no la obstaculicen. La incorporación en el empleo de los beneficiarios del ingreso mínimo vital y de otros colectivos considerados como “inactivos” pero que desean trabajar, aliviaría las arcas públicas al tiempo que contribuiría a contener las desigualdades, como lo muestran las reformas aplicadas con éxito en algunos países que gozan de un estado de bienestar avanzado. De manera similar, la experiencia de los países nórdicos evidencia la eficacia, en términos presupuestarios y sociales, de la inversión en atención primaria y en inspección de las bajas laborales.
Finalmente, la magnitud de los desequilibrios fiscales deja poco margen de maniobra ante eventuales shocks. La mejora observada estos últimos tiempos es fruto de la benevolencia de la coyuntura y del aumento de la presión fiscal sobre los hogares, algo probablemente irrepetible en el futuro, sobre todo si las adaptaciones necesarias para impulsar la inversión y la productividad no se materializan, abocando a una desaceleración de la economía. En todo caso la deuda pública supera todavía más de lo que produce el país durante todo un año. Y, para que los mercados sigan confiando en su sostenibilidad, con primas de riesgo cercanas a los mínimos históricos, será crucial apuntalar el ciclo expansivo y comprometerse a una senda creíble de corrección del agujero presupuestario.
Cualquier desvío inesperado, o tropiezo de los socios comunitarios más endeudados, no tardaría en avivar un nuevo episodio de estrés que nos obligaría a realizar ajustes precipitados. A defecto de consensuar unos nuevos PGE, debemos disponer al menos de una hoja de ruta para no perdernos en un camino plagado de desafíos.
El detalle de los presupuestos generales es tanto o más importante que las grandes cifras de techo de gasto y de senda de déficit. Entre enero y mayo, la deuda de las administraciones se incrementó a un ritmo superior al registrado un año antes (un 4,4% frente al 3,2%). Sin embargo, gracias al avance vigoroso de la economía, la ratio de deuda sobre PIB descendió hasta el 100,2% en mayo, dos puntos menos que un año antes. De ahí la importancia de contener los desequilibrios sin que ello suponga una merma para el avance de la economía.
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