El Gobierno tiene encima de la mesa una “inevitable” intervención del mercado mayorista de la electricidad (pool) ante el temor a un repunte aún mayor de los precios del gas natural, según indican fuentes políticas y empresariales. El pool es un mercado de precios marginales en el que, una vez que desaparece la luz del sol y, con ella, la producción fotovoltaica, marcan precio las centrales más caras, las de ciclo combinado de gas, y es el que cobran también el resto de las energías (nuclear, hidráulica y otras renovables). Las mismas fuentes apuntan a que el Ejecutivo, entre las posibles medidas disponibles y presionado por sus socios de Sumar, estaría analizando la posibilidad de recuperar la llamada excepción ibérica, que España aplicó a partir de 2024, tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y una dura y larga negociación con la Comisión Europea. Dicho mecanismo, que estuvo vigente durante un año, implicaba una subvención o ayuda de Estado que aceptó a regañadientes Bruselas.
El Ejecutivo analiza fijar un tope similar a la excepción ibérica, pero no hay consenso al perjudicar a las renovables y romper las reglas del mercado europeo
El Gobierno tiene encima de la mesa una “inevitable” intervención del mercado mayorista de la electricidad (pool) ante el temor a un repunte aún mayor de los precios del gas natural, según indican fuentes políticas y empresariales. El pool es un mercado de precios marginales en el que, una vez que desaparece la luz del sol y, con ella, la producción fotovoltaica, marcan precio las centrales más caras, las de ciclo combinado de gas, y es el que cobran también el resto de las energías (nuclear, hidráulica y otras renovables). Las mismas fuentes apuntan a que el Ejecutivo, entre las posibles medidas disponibles y presionado por sus socios de Sumar, estaría analizando la posibilidad de recuperar la llamada excepción ibérica, que España aplicó a partir de 2024, tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania y una dura y larga negociación con la Comisión Europea. Dicho mecanismo, que estuvo vigente durante un año, implicaba una subvención o ayuda de Estado que aceptó a regañadientes Bruselas.
Sin embargo, el movimiento tiene contraindicaciones. Recuperar en estos momentos un tope al precio del gas destinado a producir electricidad, para evitar que contamine al resto de energías, perjudicaría a las renovables. A diferencia de la crisis de Ucrania, y debido a su mayor abundancia en la actualidad (suponen el 50% de la generación, el doble que el gas), cobran en muchas de las horas de mayor irradiación precios cero o negativos (cuando el gas no lo fija), que recuperan cuando el precio lo marca el gas y ellas producen. Resulta una paradoja “que las renovables se benefician ahora del elevado marginal de las centrales de ciclo combinado”, subrayan fuentes del sector. Además, supondría “romper el mercado marginalista”, algo que la UE no admitiría.
Las medidas que finalmente se aprueben se incluirían en la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio del pasado mes de marzo, algunas de las cuales caducan este mes de septiembre y otras a finales de año. En aquel paquete, incluido en un real decreto ley, el Gobierno evitó la tentación de intervenir el mercado y se limitó a medidas fiscales, como la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% (que se recuperó en junio) o la reducción de los peajes a la industria electrointensiva en un 80%. Pero las alarmas se han encendido ante las malas previsiones para el invierno, en que el gas podría escalar hasta los 105 euros/MWh y la luz hasta los 189 euros/MWh, según distintos analistas.
En el Ministerio de Economía reconocen que “se está negociando con empresas del sector energético” ante la posibilidad de aprobar nuevas medidas, especialmente con las petroleras y gasísticas. Por su parte, desde el Ministerio de Transición Ecológica admiten, sin concretar, que será necesario hacer algo. Entre las propuestas más fáciles de aplicar estaría una nueva rebaja del IVA de la luz o sufragar peajes y cargos de la factura con los ingresos por los derechos de emisión de CO2. También se podría actuar en la tarifa regulada del gas (TUR) pues, de lo contrario, experimentará una fuerte subida en la revisión trimestral de octubre: un 54%, según datos de la OCU.
La excepción ibérica consistió en imponer un tope de 50 euros/MWh en el precio del gas para producir electricidad durante un año, lo que redujo los ingresos del resto de las energías -las llamadas inframarginales: nuclear, hidráulica y ciertas renovables- hasta 6.000 millones de euros (los llamados beneficios llovidos del cielo). Ello no supuso, sin embargo, que el gas no cobrase sus costes reales, que recibió de los consumidores (a través de las comercializadoras), lo que se consideró una subvención que hubo que solicitar a la UE. Además de la excepción ibérica, en 2021 el Gobierno aplicó también una minoración (llamada del gas) a la retribución de las centrales inframarginales, para restarles los beneficios extras derivados del precio del gas (excepto en los contratos o bilaterales). Este mecanismo, contra el que se revolvieron las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy o EDP), no implicó una ayuda de Estado.
Hay que recordar que en aquel momento, España registraba los precios más altos de Europa, porque el PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor), la tarifa de ocho millones de usuarios domésticos y que incluye a los que tienen derecho al bono social, estaba ligada a un precio de un pool que en 2022 registró un precio medio de 200 euros/MWh. Aquello forzó una reforma del mercado mayorista europeo, algo descafeinada, en tanto los países del sur no lograron acabar con el sistema marginalista, algo que rechazaban Alemania y los países nórdicos.
En estos momentos, la situación se ha revertido pues, a pesar de los elevados precios de España (177 euros/MWh el 14 de septiembre), otros países, como Italia, Francia o la propia Alemania los superan. De hecho, este país, y otros del norte, se han sumado a una reivindicación que aplaude el Gobierno español: aplicar (de nuevo) un impuesto a las energéticas para detraer los ingresos o beneficios extraordinarios derivados de la crisis de Ormuz, y evitar que repercutan en el consumidor y en la economía europea, a través de la inflación.
En el contexto de aquella crisis energética por el cerrojazo al gas ruso se aprobó una directiva (24/1711) en la que se establecía la posibilidad de activar una emergencia europea que permitiría a los países (o regiones) subvencionar la factura de domésticos o pymes en caso de una nueva crisis energética. Dicha emergencia, que debe ser declarada formalmente por la Comisión Europea, puso el listón tan alto que, pese a la gravedad de la situación actual, aún no se ha activado. En resumen, se hará cuando los precios de la electricidad superen 2,5 veces la media de los cinco años anteriores o se superen los 180 euros/MWh y se prevea que continúen en dichos niveles en los siguientes seis meses.
Esta medida, cuyos criterios son muy estrictos, perseguía que los Estados no actuaran por su cuenta, como ocurrió entonces, y se tomaran medidas unificadas. Sin embargo, según expertos del sector, todo apunta a que los países volverán a actuar de manera unilateral, dado que la situación es dispar y que la reforma a fondo del mercado mayorista fue rechazada de plano.
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