Bajo el argumento de «decisiones operativas», el progresivo repliegue de la Guardia Civil en Cataluña da un paso más. En plena temporada estival, la unidad subacuática de la Costa Brava, con base en L’Estartit (Gerona), dejará de operar. La alternativa propuesta por el Ministerio del Interior es que sus efectivos se integren en la de Barcelona, pero con la desaparición de esa base y la reorganización de su plantilla, advierten las asociaciones de guardias, la consecuencia es evidente: se pierde la capacidad de intervenir con rapidez ante cualquier incidencia urgente, de búsquedas a rescates. Si el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se centraliza únicamente en Barcelona, los primeros en intervenir serán quienes se encuentren más próximos al lugar. En este caso, en la provincia de Gerona, con una extensa línea de costa, plagada de puertos deportivos, actividad pesquera y turismo náutico. Consideran así las asociaciones profesionales que se trata de una cesión de competencias encubierta, que supone un avance hacia su «desmantelamiento» en la comunidad. Desde Interior subrayan que la decisión no se traduce en una disminución de efectivos, sino en «adaptar su despliegue a las necesidades», pero ante un ahogamiento, recuerda Alfonso Merino, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la comunidad, cuando prevalece la urgencia, «no se puede estar a dos horas de distancia». «La lectura que hacemos es que las labores de la Guardia Civil las llevarán a cabo los Mossos d’Esquadra, de una manera encubierta». Noticia relacionada general No No ‘Grooming’ desde Alicante Descubren a un ‘ciberdepredador’ sexual pederasta con 20 víctimas de 8 a 16 años ABCCoinciden desde Jucil, cuya portavoz, Milagros Cívico, advierte que el del GEAS de la Costa Brava se suma al goteo de cierres que sufren en Cataluña. De la futura supresión del Gedex de Tarragona, a la ya materializada del Seprona en Puigcerdà. En el primer caso, los especialistas en desactivación de explosivos, también bajo el pretexto de «proceso estatal de unificación», que, apunta, dejará al territorio sin un servicio de intervención rápida, y obligará a sus agentes a cambiar de destino o especialidad, mermando, aún más, la operativa del Instituto Armado en Cataluña. En la comunidad son cerca 3.000 agentes. Es decir, unas 1.150 vacantes —cifra aproximada— están sin cubrir. La falta de personal en las filas de la Guardia Civil afecta a toda España, pero en este caso, las asociaciones hacen una lectura política de la situación. «Están llegando a acuerdos entre bastidores para relegar a mínimos históricos su presencia en Cataluña», denuncia Cívico, para recordar que su integración —y la de la Policía Nacional— en el Sistema de Emergencias 112 no se ha materializado aún, pese al anuncio del ministro Fernando Grande Marlaska tras la Junta de Seguridad entre Gobierno y Generalitat de diciembre de 2024.Más de un año y medio después, el pretexto sigue siendo una cuestión técnica, la adaptación de sistemas informáticos de una infraestructura crítica, pero lo interpretan como «una falta de voluntad», en palabras de Merino. Contra su inclusión se revolvieron ERC y Junts , que acusaron al Govern de querer «españolizar» el 112. Lo cierto es que repercute en la inmediatez de la respuesta policial ante cualquier incidencia, como constatan los propios operadores. De hecho, alcaldes de las mismas formaciones sí rechazan la expulsión de la Benemérita del territorio. Ocurrió con el desmantelamiento del Seprona de Puigcerdà , cuando ediles del partido que lidera Carles Puigdemont —bajo el Consejo Comarcal de la Cerdanya, que agrupa 17 ayuntamientos— reclamaron que se mantuviese la unidad. Y es que las asociaciones de guardias denuncian que este progresivo repliegue obedece a los sucesivos peajes del Gobierno socialista con el independentismo. Unas concesiones políticas que se saldaron con un anuncio aún no materializado: la cesión de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos. Aunque el propio Marlaska lo desmintió tras la mentada Junta de Seguridad de finales de 2024, fue el presidente catalán, Salvador Illa, quien lo confirmó sólo trece días después, durante una comparecencia en el Parlament forzada por la oposición, precisamente, tras el anuncio de la integración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el 112, que tampoco se ha llevado a cabo. «Recuperar efectivos»Tras la «decisión operativa» para eliminar la base de L’Estartit , desde el PP, a través de su presidente provincial, Daniel Ruiz, se ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, transmitiendo la «profunda preocupación» y «lógica inquietud» que ha producido «entre profesionales, ayuntamientos, entidades vinculadas al mar y numerosos ciudadanos que conocen de primera mano el extraordinario servicio que estos agentes han prestado durante décadas».Ruiz, en una misiva consultada por ABC y remitida el jueves, ha puesto en valor el trabajo que realizan los GEAS y ha recordado «su eficacia, profesionalidad y capacidad de respuesta» prestando «auxilio allí donde otros medios no podían llegar». Por lo que es incomprensible, en opinión del dirigente popular, que, en lugar de reforzar el servicio, «se opte por su eliminación».Además, desde el PP se ha puesto el acento en la imagen que se transmite: «Una preocupante sensación de repliegue de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña». Algo que no es solo una sensación pues «desde hace años asistimos a una reducción progresiva de efectivos, medios y capacidades operativas que contrasta con las necesidades reales de seguridad de los ciudadanos». «Lo que Cataluña necesita no es menos Guardia Civil, sino más Guardia Civil. Necesita recuperar efectivos, reforzar especialidades, cubrir vacantes y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mejores servicios de seguridad y emergencia. Porque a la inmensa mayoría de los ciudadanos les importa muy poco el color del uniforme de quien les auxilie cuando están en peligro», ha señalado.Finalmente, los populares han apuntado que la Benemérita «no merece verse debilitada ni relegada para satisfacer las exigencias de quienes no solo rechazan participar plenamente en el proyecto común que representa España, sino que tampoco han renunciado a cuestionar nuestro orden constitucional cuando consideran que les resulta conveniente hacerlo». Y Ruiz ha pedido «respeto» y «reconocimiento» para la Guardia Civil y a González que reconsidere la decisión.Por otro lado, Joan Garriga (Vox) ha cargado contra el PP, al recordar que fue bajo un Gobierno de los populares cuando se «expulsó» a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. «Ahora el PSOE la expulsa también del mar. Primero, cedieron la seguridad vial, ahora desmantelan unidades históricas en la Costa Brava. PSOE y PP llevan años colaborando en vaciar la presencia del Estado en Cataluña y abandonando a quienes nos protegen». Bajo el argumento de «decisiones operativas», el progresivo repliegue de la Guardia Civil en Cataluña da un paso más. En plena temporada estival, la unidad subacuática de la Costa Brava, con base en L’Estartit (Gerona), dejará de operar. La alternativa propuesta por el Ministerio del Interior es que sus efectivos se integren en la de Barcelona, pero con la desaparición de esa base y la reorganización de su plantilla, advierten las asociaciones de guardias, la consecuencia es evidente: se pierde la capacidad de intervenir con rapidez ante cualquier incidencia urgente, de búsquedas a rescates. Si el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se centraliza únicamente en Barcelona, los primeros en intervenir serán quienes se encuentren más próximos al lugar. En este caso, en la provincia de Gerona, con una extensa línea de costa, plagada de puertos deportivos, actividad pesquera y turismo náutico. Consideran así las asociaciones profesionales que se trata de una cesión de competencias encubierta, que supone un avance hacia su «desmantelamiento» en la comunidad. Desde Interior subrayan que la decisión no se traduce en una disminución de efectivos, sino en «adaptar su despliegue a las necesidades», pero ante un ahogamiento, recuerda Alfonso Merino, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la comunidad, cuando prevalece la urgencia, «no se puede estar a dos horas de distancia». «La lectura que hacemos es que las labores de la Guardia Civil las llevarán a cabo los Mossos d’Esquadra, de una manera encubierta». Noticia relacionada general No No ‘Grooming’ desde Alicante Descubren a un ‘ciberdepredador’ sexual pederasta con 20 víctimas de 8 a 16 años ABCCoinciden desde Jucil, cuya portavoz, Milagros Cívico, advierte que el del GEAS de la Costa Brava se suma al goteo de cierres que sufren en Cataluña. De la futura supresión del Gedex de Tarragona, a la ya materializada del Seprona en Puigcerdà. En el primer caso, los especialistas en desactivación de explosivos, también bajo el pretexto de «proceso estatal de unificación», que, apunta, dejará al territorio sin un servicio de intervención rápida, y obligará a sus agentes a cambiar de destino o especialidad, mermando, aún más, la operativa del Instituto Armado en Cataluña. En la comunidad son cerca 3.000 agentes. Es decir, unas 1.150 vacantes —cifra aproximada— están sin cubrir. La falta de personal en las filas de la Guardia Civil afecta a toda España, pero en este caso, las asociaciones hacen una lectura política de la situación. «Están llegando a acuerdos entre bastidores para relegar a mínimos históricos su presencia en Cataluña», denuncia Cívico, para recordar que su integración —y la de la Policía Nacional— en el Sistema de Emergencias 112 no se ha materializado aún, pese al anuncio del ministro Fernando Grande Marlaska tras la Junta de Seguridad entre Gobierno y Generalitat de diciembre de 2024.Más de un año y medio después, el pretexto sigue siendo una cuestión técnica, la adaptación de sistemas informáticos de una infraestructura crítica, pero lo interpretan como «una falta de voluntad», en palabras de Merino. Contra su inclusión se revolvieron ERC y Junts , que acusaron al Govern de querer «españolizar» el 112. Lo cierto es que repercute en la inmediatez de la respuesta policial ante cualquier incidencia, como constatan los propios operadores. De hecho, alcaldes de las mismas formaciones sí rechazan la expulsión de la Benemérita del territorio. Ocurrió con el desmantelamiento del Seprona de Puigcerdà , cuando ediles del partido que lidera Carles Puigdemont —bajo el Consejo Comarcal de la Cerdanya, que agrupa 17 ayuntamientos— reclamaron que se mantuviese la unidad. Y es que las asociaciones de guardias denuncian que este progresivo repliegue obedece a los sucesivos peajes del Gobierno socialista con el independentismo. Unas concesiones políticas que se saldaron con un anuncio aún no materializado: la cesión de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos. Aunque el propio Marlaska lo desmintió tras la mentada Junta de Seguridad de finales de 2024, fue el presidente catalán, Salvador Illa, quien lo confirmó sólo trece días después, durante una comparecencia en el Parlament forzada por la oposición, precisamente, tras el anuncio de la integración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el 112, que tampoco se ha llevado a cabo. «Recuperar efectivos»Tras la «decisión operativa» para eliminar la base de L’Estartit , desde el PP, a través de su presidente provincial, Daniel Ruiz, se ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, transmitiendo la «profunda preocupación» y «lógica inquietud» que ha producido «entre profesionales, ayuntamientos, entidades vinculadas al mar y numerosos ciudadanos que conocen de primera mano el extraordinario servicio que estos agentes han prestado durante décadas».Ruiz, en una misiva consultada por ABC y remitida el jueves, ha puesto en valor el trabajo que realizan los GEAS y ha recordado «su eficacia, profesionalidad y capacidad de respuesta» prestando «auxilio allí donde otros medios no podían llegar». Por lo que es incomprensible, en opinión del dirigente popular, que, en lugar de reforzar el servicio, «se opte por su eliminación».Además, desde el PP se ha puesto el acento en la imagen que se transmite: «Una preocupante sensación de repliegue de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña». Algo que no es solo una sensación pues «desde hace años asistimos a una reducción progresiva de efectivos, medios y capacidades operativas que contrasta con las necesidades reales de seguridad de los ciudadanos». «Lo que Cataluña necesita no es menos Guardia Civil, sino más Guardia Civil. Necesita recuperar efectivos, reforzar especialidades, cubrir vacantes y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mejores servicios de seguridad y emergencia. Porque a la inmensa mayoría de los ciudadanos les importa muy poco el color del uniforme de quien les auxilie cuando están en peligro», ha señalado.Finalmente, los populares han apuntado que la Benemérita «no merece verse debilitada ni relegada para satisfacer las exigencias de quienes no solo rechazan participar plenamente en el proyecto común que representa España, sino que tampoco han renunciado a cuestionar nuestro orden constitucional cuando consideran que les resulta conveniente hacerlo». Y Ruiz ha pedido «respeto» y «reconocimiento» para la Guardia Civil y a González que reconsidere la decisión.Por otro lado, Joan Garriga (Vox) ha cargado contra el PP, al recordar que fue bajo un Gobierno de los populares cuando se «expulsó» a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. «Ahora el PSOE la expulsa también del mar. Primero, cedieron la seguridad vial, ahora desmantelan unidades históricas en la Costa Brava. PSOE y PP llevan años colaborando en vaciar la presencia del Estado en Cataluña y abandonando a quienes nos protegen».
Bajo el argumento de «decisiones operativas», el progresivo repliegue de la Guardia Civil en Cataluña da un paso más. En plena temporada estival, la unidad subacuática de la Costa Brava, con base en L’Estartit (Gerona), dejará de operar. La alternativa propuesta por … el Ministerio del Interior es que sus efectivos se integren en la de Barcelona, pero con la desaparición de esa base y la reorganización de su plantilla, advierten las asociaciones de guardias, la consecuencia es evidente: se pierde la capacidad de intervenir con rapidez ante cualquier incidencia urgente, de búsquedas a rescates.
Si el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se centraliza únicamente en Barcelona, los primeros en intervenir serán quienes se encuentren más próximos al lugar. En este caso, en la provincia de Gerona, con una extensa línea de costa, plagada de puertos deportivos, actividad pesquera y turismo náutico. Consideran así las asociaciones profesionales que se trata de una cesión de competencias encubierta, que supone un avance hacia su «desmantelamiento» en la comunidad.
Desde Interior subrayan que la decisión no se traduce en una disminución de efectivos, sino en «adaptar su despliegue a las necesidades», pero ante un ahogamiento, recuerda Alfonso Merino, secretario de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la comunidad, cuando prevalece la urgencia, «no se puede estar a dos horas de distancia». «La lectura que hacemos es que las labores de la Guardia Civil las llevarán a cabo los Mossos d’Esquadra, de una manera encubierta».
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‘Grooming’ desde Alicante
Coinciden desde Jucil, cuya portavoz, Milagros Cívico, advierte que el del GEAS de la Costa Brava se suma al goteo de cierres que sufren en Cataluña. De la futura supresión del Gedex de Tarragona, a la ya materializada del Seprona en Puigcerdà. En el primer caso, los especialistas en desactivación de explosivos, también bajo el pretexto de «proceso estatal de unificación», que, apunta, dejará al territorio sin un servicio de intervención rápida, y obligará a sus agentes a cambiar de destino o especialidad, mermando, aún más, la operativa del Instituto Armado en Cataluña.
En la comunidad son cerca 3.000 agentes. Es decir, unas 1.150 vacantes —cifra aproximada— están sin cubrir. La falta de personal en las filas de la Guardia Civil afecta a toda España, pero en este caso, las asociaciones hacen una lectura política de la situación. «Están llegando a acuerdos entre bastidores para relegar a mínimos históricos su presencia en Cataluña», denuncia Cívico, para recordar que su integración —y la de la Policía Nacional— en el Sistema de Emergencias 112 no se ha materializado aún, pese al anuncio del ministro Fernando Grande Marlaska tras la Junta de Seguridad entre Gobierno y Generalitat de diciembre de 2024.
Más de un año y medio después, el pretexto sigue siendo una cuestión técnica, la adaptación de sistemas informáticos de una infraestructura crítica, pero lo interpretan como «una falta de voluntad», en palabras de Merino. Contra su inclusión se revolvieron ERC y Junts, que acusaron al Govern de querer «españolizar» el 112. Lo cierto es que repercute en la inmediatez de la respuesta policial ante cualquier incidencia, como constatan los propios operadores.
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De hecho, alcaldes de las mismas formaciones sí rechazan la expulsión de la Benemérita del territorio. Ocurrió con el desmantelamiento del Seprona de Puigcerdà, cuando ediles del partido que lidera Carles Puigdemont —bajo el Consejo Comarcal de la Cerdanya, que agrupa 17 ayuntamientos— reclamaron que se mantuviese la unidad.
Y es que las asociaciones de guardias denuncian que este progresivo repliegue obedece a los sucesivos peajes del Gobierno socialista con el independentismo. Unas concesiones políticas que se saldaron con un anuncio aún no materializado: la cesión de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos. Aunque el propio Marlaska lo desmintió tras la mentada Junta de Seguridad de finales de 2024, fue el presidente catalán, Salvador Illa, quien lo confirmó sólo trece días después, durante una comparecencia en el Parlament forzada por la oposición, precisamente, tras el anuncio de la integración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el 112, que tampoco se ha llevado a cabo.
«Recuperar efectivos»
Tras la «decisión operativa» para eliminar la base de L’Estartit , desde el PP, a través de su presidente provincial, Daniel Ruiz, se ha remitido una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, transmitiendo la «profunda preocupación» y «lógica inquietud» que ha producido «entre profesionales, ayuntamientos, entidades vinculadas al mar y numerosos ciudadanos que conocen de primera mano el extraordinario servicio que estos agentes han prestado durante décadas».
Ruiz, en una misiva consultada por ABC y remitida el jueves, ha puesto en valor el trabajo que realizan los GEAS y ha recordado «su eficacia, profesionalidad y capacidad de respuesta» prestando «auxilio allí donde otros medios no podían llegar». Por lo que es incomprensible, en opinión del dirigente popular, que, en lugar de reforzar el servicio, «se opte por su eliminación».
Además, desde el PP se ha puesto el acento en la imagen que se transmite: «Una preocupante sensación de repliegue de la presencia de la Guardia Civil en Cataluña». Algo que no es solo una sensación pues «desde hace años asistimos a una reducción progresiva de efectivos, medios y capacidades operativas que contrasta con las necesidades reales de seguridad de los ciudadanos». «Lo que Cataluña necesita no es menos Guardia Civil, sino más Guardia Civil. Necesita recuperar efectivos, reforzar especialidades, cubrir vacantes y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mejores servicios de seguridad y emergencia. Porque a la inmensa mayoría de los ciudadanos les importa muy poco el color del uniforme de quien les auxilie cuando están en peligro», ha señalado.
Finalmente, los populares han apuntado que la Benemérita «no merece verse debilitada ni relegada para satisfacer las exigencias de quienes no solo rechazan participar plenamente en el proyecto común que representa España, sino que tampoco han renunciado a cuestionar nuestro orden constitucional cuando consideran que les resulta conveniente hacerlo». Y Ruiz ha pedido «respeto» y «reconocimiento» para la Guardia Civil y a González que reconsidere la decisión.
Por otro lado, Joan Garriga (Vox) ha cargado contra el PP, al recordar que fue bajo un Gobierno de los populares cuando se «expulsó» a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña. «Ahora el PSOE la expulsa también del mar. Primero, cedieron la seguridad vial, ahora desmantelan unidades históricas en la Costa Brava. PSOE y PP llevan años colaborando en vaciar la presencia del Estado en Cataluña y abandonando a quienes nos protegen».
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