El mercado global de la defensa funciona con reglas distintas a las de casi cualquier otra industria. En la mayoría de los casos, el Estado es el único comprador posible y las empresas armamentísticas, los únicos proveedores capaces de fabricar tecnologías tan complejas. Esa dependencia mutua —que los economistas describen como un monopolio bilateral— hace que la relación entre gobiernos y compañías privadas no responda a la lógica habitual de la competencia. Un análisis reciente del think tank Bruegel, centrado en las 112 mayores empresas de defensa de 24 países, concluye que la influencia estatal sobre el sector va mucho más allá de la participación accionarial.
El modelo comunitario, con presencia en las empresas estratégicas, dista del estadounidense, en el que Washington influye sin participar en el capital de las firmas
El mercado global de la defensa funciona con reglas distintas a las de casi cualquier otra industria. En la mayoría de los casos, el Estado es el único comprador posible y las empresas armamentísticas, los únicos proveedores capaces de fabricar tecnologías tan complejas. Esa dependencia mutua —que los economistas describen como un monopolio bilateral— hace que la relación entre gobiernos y compañías privadas no responda a la lógica habitual de la competencia. Un análisis reciente del think tank Bruegel, centrado en las 112 mayores empresas de defensa de 24 países, concluye que la influencia estatal sobre el sector va mucho más allá de la participación accionarial.
La cuestión central no es quién posee formalmente las empresas de defensa, sino quién ejerce el control. El estudio de Bruegel subraya que la propiedad accionarial no basta para explicar cómo los gobiernos influyen sobre un sector considerado estratégico. Mientras China y Rusia mantienen modelos de control estatal casi absoluto, las democracias europeas han desarrollado fórmulas mucho más híbridas: mecanismos legales, derechos de veto y estructuras de gobernanza que permiten a los Estados conservar capacidad de decisión incluso sin una participación mayoritaria en el capital. Esta forma de control es hoy más importante que nunca en la actual fase de rearme europeo.
El contraste con EE UU es grande. Washington apenas participa en el accionariado de sus grandes contratistas militares y ejerce un control directo limitado. Su influencia se basa, sobre todo, en la dependencia financiera de las empresas respecto al gasto público, en estrictos acuerdos de seguridad y en la circulación constante de altos cargos entre el Pentágono y la industria. El sistema estadounidense descansa más en la relación contractual y en las redes de poder técnico y político que en mecanismos formales de propiedad.
“Pero la verdadera diferencia es más profunda”, indica Nicolás Sanz Ernest, socio y líder europeo del sector aeroespacial y defensa en la consultora estratégica Kearney. “EE UU ha integrado la defensa en un ecosistema de innovación nacional, algo que Europa todavía no ha logrado. Organismos como Darpa [la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa], que han dado lugar a tecnologías con impacto civil masivo como internet o el GPS, y estructuras más recientes como la Defense Innovation Unit, que conecta directamente con Silicon Valley, convierten la defensa en un motor tecnológico sistémico. Europa, en comparación, sigue tratando la defensa principalmente como un sector industrial estratégico, no como un vector central de innovación (…) Europa tiene capacidades comparables a EE UU, pero no cuenta aún con un sistema capaz de integrarlas con la misma eficacia”.
En cuanto a la influencia en su industria militar, los países europeos presentan un mapa mucho más fragmentado. En algunos Estados, los gobiernos mantienen participaciones minoritarias que, combinadas con instrumentos jurídicos específicos, les otorgan una capacidad de bloqueo muy superior a su peso accionarial. Esto es precisamente lo que ocurre con la francesa Safran, donde el Estado posee el 11,7% de los títulos, pero derechos de voto doble por la antigüedad de las acciones. “Francia no es simplemente más intervencionista; es más sofisticada en cómo interviene. Frente a modelos donde el Estado actúa principalmente como accionista o regulador, Francia ha desarrollado una arquitectura híbrida que combina participaciones, derechos especiales, control de inversiones y, cada vez más, mecanismos de gobernanza directa”, señala Sanz Ernest.
En otros casos, como el de la noruega Kongsberg, el control operativo recae en grupos familiares o industriales estrechamente vinculados al Estado. El resultado es que las empresas siguen siendo privadas sobre el papel, pero operan dentro de un perímetro definido por los intereses nacionales. “Los países europeos, sin duda, están incrementado el control sobre sus empresas de defensa. La cuestión es cómo lo están haciendo, ya que no van en la línea de aumentar la autonomía estratégica del conjunto de la UE. Siguen fundamentalmente estrategias nacionales”, argumenta, por su parte, Antonio Fonfría, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.
Un ejemplo de esto sería la reciente negativa del Estado italiano a que la alemana Rheinmetall y la española Indra participaran en la compra de la rama de vehículos militares de Iveco, la cual terminó siendo adquirida por Leonardo, empresa militar de referencia en Italia. “Hace apenas unos años, las operaciones de fusiones y adquisiciones en defensa se analizaban principalmente bajo criterios de eficiencia, inversión o consolidación industrial. Hoy, se evalúan bajo un prisma mucho más exigente: soberanía tecnológica, seguridad de suministro y control de capacidades críticas. Esto eleva significativamente el umbral político. Activos que antes podían considerarse intercambiables, ahora se perciben como estratégicos”, explica Sanz Ernest. A principios de siglo, por ejemplo, el Gobierno de Aznar vendió el histórico fabricante de armas Santa Bárbara a la estadounidense General Dynamics, algo que hoy parecería impensable.
La invasión rusa de Ucrania y el posterior alejamiento de EE UU con Donald Trump como presidente han servido de catalizadores del rearme europeo en los últimos años, un continente que ahora busca encargarse de su propia defensa, lo que ha disparado el valor del sector en Bolsa. Sin embargo, como señala Fonfría, se está produciendo un choque entre los intereses nacionales y los europeos. El futuro sistema aéreo de combate (FCAS), que busca crear un caza de sexta generación con una nube de combate integrada, es el mayor ejemplo de esa dicotomía, ya que Dassault y Airbus —socios impulsores junto a la española Indra— no logran ponerse de acuerdo, debido a que ni Alemania ni Francia quieren ceder capacidad industrial. El enfrentamiento político ha puesto en jaque al mayor proyecto militar europeo, que tiene un coste estimado de 100.000 millones de euros.
En el lado contrario, un caso de posible éxito —ya que la operación no está cerrada aún, aunque prevé cerrarse entre finales de este año y principios del siguiente— podría ser la integración de los negocios aeroespaciales de la francesa Thales, Airbus (en cuyo capital están presentes Francia, Alemania y España) y Leonardo, en el conocido como proyecto Bromo. La propia Airbus, en sí misma, puede verse como un híbrido que ha logrado combinar la necesidad de crear algo importante a nivel europeo, pero a la vez respetando los intereses nacionales de los países que la integran. “El caso Airbus es un éxito, pero a un coste muy elevado. La coordinación ha sido y es tan laboriosa que se come parte de los beneficios que pueden aportar tecnologías, curvas de aprendizaje o capacidades exportadoras. El tiempo de desarrollo es demasiado elevado como para llegar a tiempo a los mercados”, señala Fonfría.
El estudio de Bruegel también apunta a que las compañías europeas con mayor influencia estatal suelen desarrollar mecanismos de “autolimitación” para tranquilizar a los mercados e inversores privados. El objetivo es demostrar que, pese a la relevancia política del sector, los gobiernos no intervendrán de forma arbitraria en la gestión empresarial. Esa credibilidad resulta clave para atraer capital en un momento en el que Europa necesita aumentar rápidamente la producción y acelerar la innovación tecnológica.
“En última instancia, la cuestión ya no es cuánto intervienen los Estados en la industria de defensa, sino cómo organizan esa intervención. EE UU muestra que la ventaja competitiva se construye combinando influencia estatal, escala industrial e innovación sistémica. Europa está moviéndose en esa dirección, pero sigue enfrentando el desafío de coordinar un conjunto de capacidades nacionales en un marco verdaderamente integrado. La decisión a la que se enfrenta Europa es estratégica: puede seguir avanzando con un modelo de cooperación incremental o dar un salto hacia una arquitectura más integrada, capaz de transformar inversión en liderazgo”, remata Sanz Ernest.
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