Hasta hace apenas unos días, los departamentos y equipos económicos del Gobierno mantenían el discurso oficial de que el Ejecutivo presentaría un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. En privado, sin embargo, admitían lo que era un secreto a voces y reconocían que, a punto de terminar la primera mitad del ejercicio y con los apoyos parlamentarios tiritando, el plan hacía aguas. Este miércoles, de un plumazo, el presidente Pedro Sánchez pasó de pantalla y avanzó que el Gobierno pondría en marcha la maquinaria para preparar un proyecto de cuentas públicas de cara a 2027. Dicho y hecho. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes recoge la orden ministerial de Hacienda que formalmente da inicio al proceso.
El Gobierno publica en el BOE la orden ministerial que da inicio formalmente a la elaboración de las cuentas públicas de 2027
Hasta hace apenas unos días, los departamentos y equipos económicos del Gobierno mantenían el discurso oficial de que el Ejecutivo presentaría un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. En privado, sin embargo, admitían lo que era un secreto a voces y reconocían que, a punto de terminar la primera mitad del ejercicio y con los apoyos parlamentarios tiritando, el plan hacía aguas. Este miércoles, de un plumazo, el presidente Pedro Sánchez pasó de pantalla y avanzó que el Gobierno pondría en marcha la maquinaria para preparar un proyecto de cuentas públicas de cara a 2027. Dicho y hecho. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes recoge la orden ministerial de Hacienda que formalmente da inicio al proceso.
El documento establece los criterios que deben seguir los ministerios y departamentos en la redacción de sus propuestas y peticiones. E indirectamente confirma lo que ya se daba por hecho: los Presupuestos de 2023 habrán estado operativos, como mínimo, cuatro años seguidos.
El calendario aprieta a los departamentos ministeriales, que tienen de plazo hasta el próximo 29 de junio para remitir a Hacienda sus propuestas de gasto y los informes transversales de impacto, según la orden. Todo este complejo proceso de ingeniería contable se desarrollará, además, bajo el paraguas del nuevo sistema de financiación autonómica.
Las nuevas cuentas para 2027, según detalla la orden, pretenden blindar el Estado del Bienestar mediante un refuerzo de la atención primaria en el sistema de salud y un impulso a la vivienda asequible, especialmente dirigida a facilitar la emancipación juvenil. El documento también menciona una “política industrial verde” centrada en la descarbonización y la autonomía estratégica a través de las energías renovables.
La planificación presupuestaria se estrena bajo el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Además, Hacienda introducirá el análisis de la “dimensión marrón” para identificar los gastos con impacto ambiental negativo, al tiempo que integrará de forma obligatoria las evaluaciones de la Autoridad Fiscal sobre la eficiencia del gasto bajo el principio de “cumplir o explicar”.
Sin embargo, el movimiento de fichas iniciado este viernes por el Gobierno no garantiza que España vaya a contar con unos nuevos Presupuestos. De hecho, ni siquiera asegura que Hacienda llegue a presentarlos, con independencia de que terminen siendo aprobados o no. El Ejecutivo acumula ya tres años consecutivos sin registrar unas nuevas cuentas y, en todos ellos, publicó en el BOE la misma orden ministerial que ha visto la luz este viernes. Durante este tiempo, el Gobierno ha recurrido a distintos argumentos para justificar el incumplimiento de este mandato constitucional, desde las elecciones catalanas hasta las turbulencias económicas derivadas de la guerra contra Irán. Detrás de esta prolongada sequía presupuestaria han pesado sobre todo la dificultad para articular mayorías parlamentarias y el clima de creciente polarización política. De hecho, en septiembre de 2025, cuando ya se intuía complicado sacar adelante las cuentas de 2026, Sánchez lanzó la idea de que “los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no un fin en sí mismo”. Con ello, descartó adelantar las elecciones si no lograba los apoyos necesarios y asumió la posibilidad de prorrogar, una vez más, las cuentas de 2023.
El proceso con el que comienza la liturgia presupuestaria no solo implica la recepción de propuestas por parte de los ministerios, sino también la creación de un nuevo cuadro macroeconómico que dibuje la previsión de crecimiento del PIB, del empleo y del déficit, determinando así hasta dónde puede llegar el techo de gasto que tiene que fijar el Gobierno. El ministerio que dirige Arcadi España también tendrá que fijar la nueva senda fiscal, que establece el reparto de déficit entre administraciones públicas para el próximo año. Esta debe lograr el visto bueno del Congreso en un momento en el que al Gobierno le cuesta esfuerzos ingentes aunar mayorías, y después ser trasladada a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Todo eso llegará más adelante, según explican fuentes gubernamentales. Por ahora, las proyecciones oficiales están desfasadas y en el Gobierno aseguran que las actualizarán este junio. Hace aproximadamente un mes, cuando envió a Bruselas el Informe de Progreso Anual, el Ejecutivo anticipaba que el producto interior bruto crecería un 2,2% en 2026, una cifra sujeta a cambios dada la fuerte incertidumbre que provocaba ―y sigue provocando― la guerra abierta en Oriente Próximo. En aquel entonces, dadas las fluctuaciones de los mercados energéticos, el Ministerio de Economía pidió algo de tiempo para calibrar la dureza del golpe y actualizar el cuadro macro, reconociendo que el impacto de la crisis geopolítica en el avance del PIB podría llegar hasta las ocho décimas.
Además de la actualización del cuadro macro, la aprobación de unos Presupuestos requiere de más etapas, tal y como marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tras la aprobación de los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas administraciones y del límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto, el Gobierno deberá presentar en el Congreso el proyecto de cuentas públicas ―el famoso libro amarillo― antes del 30 de septiembre, con el objetivo de dejar al menos tres meses para el trámite y el debate parlamentario que darían pie a su eventual aprobación antes del 1 de enero de 2027.
Este jueves, en la primera Comisión de Hacienda de las Cortes desde que ocupa su cargo, el ministro España aseguró que pretende negociar con los grupos parlamentarios los detalles de las cuentas públicas antes incluso de llevar el proyecto al Congreso. Consciente de que los socios aprietan, España insistió en su intención de dialogar con ellos antes de culminar el libro amarillo presupuestario.
Economía en EL PAÍS
