Un total de 113.326 españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre como consecuencia de la suspensión del derecho al voto decretada por el Tribunal Supremo. Esa es la cifra final que ha aportado la Abogacía del Estado en un escrito presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que mantiene desde septiembre paralizado el derecho al sufragio de quienes hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, excepto si cuentan con un certificado que acredite que son hijos o nietos de exiliados políticos. Los servicios jurídicos del Gobierno cifraron de inicio los afectados por esa suspensión en 163.020 personas, pero la Abogacía ha reducido ahora el número tras eliminar a los menores o a personas que no estaban inscritas en el censo del 1 de agosto, el válido para los comicios del 29-N.
Los servicios jurídicos del Estado reducen el número tras excluir a menores, inscritos en el censo de España y registros duplicados
Los servicios jurídicos del Estado reducen el número tras excluir a menores, inscritos en el censo de España y registros duplicados
El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.


Un total de 113.326 españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos no podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre como consecuencia de la suspensión del derecho al voto decretada por el Tribunal Supremo. Esa es la cifra final que ha aportado la Abogacía del Estado en un escrito presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que mantiene desde septiembre paralizado el derecho al sufragio de quienes hayan obtenido la nacionalidad por a través de la Ley de Memoria Democrática, excepto si cuentan con un certificado que acredite que son hijos o nietos de exiliados políticos. Los servicios jurídicos del Gobierno cifraron de inicio los afectados por esa suspensión en 163.020 personas, pero la Abogacía ha reducido ahora el número tras eliminar a los menores o a personas que no estaban inscritas en el censo del 1 de agosto, el válido para los comicios del 29-N.
La medida cautelar acordada por el Supremo a petición de los partidos Iuistitua Europa y Vox instaba a la Oficina del Censo Electoral a excluir del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a todas las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la ley de nietos, excepto de aquellos que obtengan un certificado consular de que, al tramitar la nacionalidad, acreditaron su condición de descendiente del exilio. El problema es que la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia con las directrices para aplicar la ley ampliaba la posibilidad de optar a la nacionalidad a los hijos y nietos de todos los emigrantes y reconocía la presunción de exilio a todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1975, por lo que los consulados no reclamaron documentación de exilio a quienes solicitaban la nacionalidad. Según los datos de Exteriores, de entre los más de 163.000 expedientes analizados, solo 901 incluyen pruebas que acreditan esta condición y, por tanto, podrán votar el 29-N.
Del total de expedientes revisados, los últimos datos de la Abogacía han restado 9.707 registros correspondientes a menores de edad en la fecha de votación o cuya adquisición de la nacionalidad española es posterior a la fecha de cierre del censo electoral del pasado 1 de agosto, el vigente para el 29-N, lo que dejó el registro de nacionalizados en 153.648 personas. Pero, según explica la Abogacía, en posteriores revisiones se identificó que de ellos, solo 117.723 estaban registrados en el CERA (el resto puede estarlo en el censo electoral de España) y, de estos, 729 contaban con certificado que acreditaba su descendencia del exilio.
“Tras las oportunas comprobaciones a fin de depurar posibles duplicidades, se obtuvo un registro de 114.799 electores”, señala la Abogacía, pero una posterior revisión reveló que había 1.283 de esos electores que ya estaban en el CERA antes de la entrada en vigor de la Ley de Memoria, por lo que sí pueden votar y reduce el número de afectados por la suspensión a 113.516 personas.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
España en EL PAÍS
