La Audiencia de Tarragona indica que carece de competencias para resolver si el caso Montoro debe seguir instruyéndose en un juzgado catalán o sí, como solicitan los investigados, entre los que está el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro , las pesquisas deben trasladarse a Madrid. Así lo ha resuelto la Sección Segunda, que deja la decisión en manos del Tribunal Supremo para no incurrir en un supuesto de nulidad, reza el auto, consultado por ABC. Cabe recordar que, desde hace más de ocho años, el togado Rubén Rus investiga si Montoro impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas, a cambio de pagos al despachó fundado por el exministro, Equipo Económico. Fueron las defensas de los investigados, entre quienes también hay representantes de dichas compañías, quienes formalizaron sendos recursos para argumentar que la competencia del caso era de los juzgados de Madrid. Ya el pasado abril, Rus desestimó dicha petición, que alega que él no es competente para llevar a cabo la investigación, al entender que, de los hechos descritos, ninguno ha «llegado a producirse en Tarragona». Ahora la Audiencia Provincial señala que es el Supremo el que debe resolver dicha cuestión. Después de que los primeros investigados del caso Montoro en desfilar por los juzgados de Tarragona se acogiesen a su derecho a no declarar, a finales de mayo, el responsable legal de una de las gasistas bajo sospecha, Messer, apuntó ante el instructor que sólo pidieron «asesoramiento» al despacho del exministro, ya que la legislación al respecto «no era clara», sino «interpretable».El instructor investiga al exministro y a 34 personas más, de nueve empresas diferentes, por la contratación de Equipo Económico para la presunta obtención de beneficios fiscales mediante reformas legislativas, que se habrían llevado a cabo ‘ad hoc’. Unas pesquisas abiertas así por tráfico de influencias, soborno, malversación, falsificación documental y prevaricación.En uno de sus últimos recursos ante el juzgado, Montoro alegó que el resultado de las pesquisas son «la absoluta nada». Reprochó así que no existió justificación para prorrogar nuevamente la instrucción y, de hecho, ve motivos de nulidad porque el juez lo acordó sin escuchar a su abogado, lo que le impidió defenderse.El exministro aludió así a la «absoluta falta de indicios racionales de criminalidad» en su contra y respecto del resto de investigados y apuntó que las sospechas de la Fiscalía son «infundadas». Reiteró por ello que la instrucción pivota sobre unos hechos que carecen de relevancia penal, y que su participación en los hechos bajo sospecha se limitan, precisamente, al cargo que ostentaba como ministro de Hacienda. La Audiencia de Tarragona indica que carece de competencias para resolver si el caso Montoro debe seguir instruyéndose en un juzgado catalán o sí, como solicitan los investigados, entre los que está el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro , las pesquisas deben trasladarse a Madrid. Así lo ha resuelto la Sección Segunda, que deja la decisión en manos del Tribunal Supremo para no incurrir en un supuesto de nulidad, reza el auto, consultado por ABC. Cabe recordar que, desde hace más de ocho años, el togado Rubén Rus investiga si Montoro impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas, a cambio de pagos al despachó fundado por el exministro, Equipo Económico. Fueron las defensas de los investigados, entre quienes también hay representantes de dichas compañías, quienes formalizaron sendos recursos para argumentar que la competencia del caso era de los juzgados de Madrid. Ya el pasado abril, Rus desestimó dicha petición, que alega que él no es competente para llevar a cabo la investigación, al entender que, de los hechos descritos, ninguno ha «llegado a producirse en Tarragona». Ahora la Audiencia Provincial señala que es el Supremo el que debe resolver dicha cuestión. Después de que los primeros investigados del caso Montoro en desfilar por los juzgados de Tarragona se acogiesen a su derecho a no declarar, a finales de mayo, el responsable legal de una de las gasistas bajo sospecha, Messer, apuntó ante el instructor que sólo pidieron «asesoramiento» al despacho del exministro, ya que la legislación al respecto «no era clara», sino «interpretable».El instructor investiga al exministro y a 34 personas más, de nueve empresas diferentes, por la contratación de Equipo Económico para la presunta obtención de beneficios fiscales mediante reformas legislativas, que se habrían llevado a cabo ‘ad hoc’. Unas pesquisas abiertas así por tráfico de influencias, soborno, malversación, falsificación documental y prevaricación.En uno de sus últimos recursos ante el juzgado, Montoro alegó que el resultado de las pesquisas son «la absoluta nada». Reprochó así que no existió justificación para prorrogar nuevamente la instrucción y, de hecho, ve motivos de nulidad porque el juez lo acordó sin escuchar a su abogado, lo que le impidió defenderse.El exministro aludió así a la «absoluta falta de indicios racionales de criminalidad» en su contra y respecto del resto de investigados y apuntó que las sospechas de la Fiscalía son «infundadas». Reiteró por ello que la instrucción pivota sobre unos hechos que carecen de relevancia penal, y que su participación en los hechos bajo sospecha se limitan, precisamente, al cargo que ostentaba como ministro de Hacienda.
La Audiencia de Tarragona indica que no tiene competencias para resolver si el caso Montoro debe seguir instruyéndose en un juzgado catalán o sí, como solicitan los investigados, entre los que está el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, las pesquisas deben trasladarse a Madrid. … Así lo ha resuelto la Sección Segunda, que deja la decisión en manos del Tribunal Supremo para no incurrir en un supuesto de nulidad, reza el auto, consultado por ABC.
Cabe recordar que, desde hace más de ocho años, el togado Rubén Rus investiga si Montoro impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas, a cambio de pagos al despachó que fundó el exministro, Equipo Económico. Fueron las defensas de los investigados, entre quienes también hay representantes de dichas compañías, quienes formalizaron sendos recursos para argumentar que la competencia del caso era de los juzgados de Madrid.
Ya el pasado abril, Rus desestimó dicha petición, que sostiene que él no es competente para llevar a cabo la investigación, al entender que, de los hechos descritos, ninguno ha «llegado a producirse en Tarragona». Ahora la Audiencia Provincial señala que es el Supremo el que debe resolver dicha cuestión.
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