Hasta 50.000 muertes en toda Europa asociadas a las olas de calor extremo, devastadores incendios tanto en el sur como en el norte del continente, violentas danas que arrasan con todo a su paso, cosechas perdidas… El de 2026 ha sido el “verano de la verdad” para el cambio climático. Una nueva realidad ante la que Bruselas quiere que la Unión Europea esté más preparada, para lo que ha propuesto una innovadora ley europea que obligue a todos los Estados —gobierne quien gobierne, desde un convencido a negacionista climático—a tener al menos un “formato común” para gestionar y responder a estos riesgos.
Bruselas busca un formato común para gestionar y responder ante los riesgos medioambientales, gobierne quien gobierne en los Estados
Hasta 50.000 muertes en toda Europa asociadas a las olas de calor extremo, devastadores incendios tanto en el sur como en el norte del continente, lechos resecos de ríos históricamente caudalosos, violentas danas que arrasan con todo a su paso, cosechas perdidas… El de 2026 ha sido el “verano de la verdad” en lo que se refiere a un cambio climático que, ya nadie puede engañarse, se ha instalado para quedarse. Y que en Europa avanza a pasos forzados: el continente se calienta dos veces más rápido que el resto del planeta.
Una nueva realidad ante la que Bruselas quiere que la Unión Europea esté más preparada, no solo a la hora de afrontar el alto coste —humano y económico— que provoca, sino de manera proactiva, anticipándose a sus efectos con unas políticas que ayuden a estar más preparados y parapetados contra los embates de una naturaleza cambiante que no tiene visos de dar tregua en el futuro más inmediato.
“Para ser verdaderamente resilientes ante el cambio climático, tenemos que adaptarnos y aprender sobre la marcha”, advierte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para ello, el Ejecutivo europeo ha presentado este martes un ambicioso plan para aumentar la resiliencia, mitigación y adaptación ante los devastadores efectos del cambio climático. Algo que, subraya la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, en tiempos de tentaciones políticas a reducir la ambición climática, debe también combatirse “desde su raíz”, es decir, seguir trabajando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Porque “el cambio climático no es un bulo. El cambio climático no solo es real, sino que también es una causa de muerte muy grave. Mata a personas y está destruyendo riqueza e infraestructuras”, ha subrayado la española en la presentación del plan, este martes en Bruselas.
Por ello, aunque se trabaje duro en los objetivos de emisiones netas cero para 2050, que ya son política oficial de la UE, “debemos prepararnos para los impactos del cambio climático, que ni son justos ni están equitativamente distribuidos”, advierte la española, bajo cuya dirección se ha diseñado este nuevo enfoque político integral —una ley y un marco con varias herramientas a la que seguirán futuras medidas, como una alianza de aseguradoras o un plan europeo para olas de calor— que busca reforzar la por ahora escasa preparación de gobiernos, empresas y sociedad ante la nueva situación.
Un profundo “cambio sistémico”, según Bruselas, que tiene como eje central una ley pionera a nivel europeo para armonizar las políticas de adaptación y obligar legalmente a los Estados miembros a avanzar en la mejora de la capacidad de adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia, es decir, a que tengan en cuenta los efectos del cambio climático en todas sus políticas y, además, desde el principio, no solo cuando el mal ya está hecho.
Para ello, la normativa fija una trayectoria común de referencia de calentamiento global basada en las proyecciones de los organismos internacionales: se prevé alcanzar un calentamiento de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales para 2030, los 2 grados centígrados para 2050 y hasta los 3 grados en 2100. “Esta trayectoria proporciona una base de referencia común a partir de la cual los Estados miembros pueden evaluar los futuros riesgos climáticos a la hora de tomar decisiones”, explica Bruselas.
Uno de los principales valores de esta nueva Ley de Resiliencia Climática, como ha sido bautizada, es que obligará a todos los Estados —gobierne quien gobierne, desde un convencido a negacionista climático— a tener al menos un “formato común” para gestionar y responder a estos riesgos, explican fuentes implicadas en la redacción de la normativa. La rapidez en su elaboración —Von der Leyen la adelantó apenas en su discurso sobre el Estado de la Unión, a mediados de septiembre— es una muestra más de la urgencia que Bruselas le otorga a esta cuestión.
La normativa propuesta introduce además una idea pionera en materia legislativa en la gobernanza de las administraciones públicas: lo que en Bruselas se llama “resiliencia desde el diseño”, es decir, que la función pública tenga en cuenta en prácticamente cada acción o decisión que se tome los escenarios de cambio climático y su potencial impacto en las políticas en base a informes de riesgo regulares. Bruselas confía en que la ley alivie también la carga burocrática —ese enemigo designado de la UE en estos tiempos— de los Estados, al introducir un único plan estratégico nacional.
“La resiliencia climática es una obligación compartida y la Comisión Europea está lista para desempeñar su parte en la construcción de una Europa más resiliente y justa”, afirma Ribera.
Pero no solo es un asunto de proteger a la ciudadanía —que lo es, como ha demostrado la altísima sobre-mortalidad registrada este verano en toda Europa por las olas de calor—, sino también de economía: Bruselas calcula que las pérdidas causadas por daños provocados por el cambio climático entre 2022 y 2025 asciende a 200.000 millones de euros, es decir, 50.000 millones anuales. Cierto es que una mejor preparación para el cambio climático también viene con un coste: se estiman necesarias unas inversiones anuales de 70.000 millones de euros. No obstante, subraya la Comisión, se prevé que el mercado mundial de soluciones de adaptación al cambio climático se cuadruplique hasta alcanzar los 3,5 billones de euros en 2050. Lo que representa, afirma, una “oportunidad significativa” para que las empresas europeas se animen a “innovar, prosperar y convertirse en líderes tecnológicos de soluciones para la resiliencia climática”.
“Europa no puede ser competitiva sin ser resiliente. Por lo tanto, la resiliencia no es solo un objetivo medioambiental, sino una condición indispensable para la competitividad a largo plazo”, ha subrayado Ribera.
La ley propuesta viene completada con un marco europeo para la resiliencia climática que ofrece además “herramientas prácticas” para afrontar los riesgos climáticos. Entre otros, Bruselas ha presentado este martes un “visor climático europeo” que proporcionará un mapa interactivo de riesgos climáticos proyectados por todo el continente. Además, una “guía de herramientas para la resiliencia climática” elaborada por la Agencia Europea del Medio Ambiente ayudará a los actores implicados —nacionales, regionales o locales— a encontrar las “herramientas climáticas relevantes” en base a su localización, sector y los riesgos específicos que afrontan. A ello se añade un “explorador de soluciones” que presenta soluciones prácticas de adaptación.
La ley de resiliencia climática y el marco acompañante con sus herramientas ahora anunciado no son más que el primer paso en esta ambiciosa estrategia de preparación y anticipación de los riesgos climáticos que afronta Europa. Tal como adelantó Von der Leyen en su discurso ante el Parlamento Europeo, la Comisión pretende seguir “reforzando” su respuesta a los eventos climáticos extremos con un Plan Europeo ante Olas de Calor, una Iniciativa Europea de Agua y otra iniciativa más para identificar los 100 territorios europeos más vulnerables al cambio climático, que según las fuentes será elaborada en los próximos meses con otros departamentos, ya que no es solo una cuestión climática, sino también social y de cohesión. De igual manera, Bruselas prepara una “alianza de seguros climáticos” porque, como subrayan los expertos y ha reiterado Ribera, “el capital va donde se siente seguro y se pueden realizar inversiones”, y nadie va a estar dispuesto a invertir donde se arriesga a perderlo todo por una tormenta o un incendio.
“Menos de un euro de cada cinco está asegurado”, ha recordado Ribera al respecto. El resto, “recae en los ciudadanos, las empresas y los presupuestos públicos”, por lo que, ha subrayado, “cuando no estamos preparados, los que pagan primero son los más vulnerables: personas mayores, agricultores o familias sin seguro”. Por ello, ha insistido, la prevención “no debe ser vista como un coste, sino una inversión: la industria necesita agua predecible, energía estable e infraestructuras fiables, los agricultores necesitan tierras fértiles y las empresa deben poder asegurarse a un precio asequible”.
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