Los gobiernos de varios países europeos, incluida España, están reformando sus sistemas de cotizaciones a la Seguridad Social en un intento por hacer frente a una presión que irá a más durante las próximas décadas. El envejecimiento de la población está obligando a las economías a buscar nuevas vías para garantizar la financiación de las pensiones y de los servicios públicos de protección social. El último informe de la OCDE, que agrupa a los 38 países más desarrollados del mundo, sobre las reformas de política fiscal, publicado este martes, muestra una evolución desigual entre los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales. Mientras que los primeros han seguido tendencias diferentes según el país y, en algunos casos, se han reducido para determinados niveles de ingresos, las cotizaciones han aumentado de forma sostenida durante los últimos cuatro años. En este periodo, los gobiernos han elevado tanto los tipos como las bases sobre las que se calculan.
La organización recoge esa tendencia en Francia, Alemania, Bélgica, entre otros Estados, ante la jubilación de la generación del ‘baby boom’
Los gobiernos de varios países europeos, incluida España, están reformando sus sistemas de cotizaciones a la Seguridad Social en un intento por hacer frente a una presión que irá a más durante las próximas décadas. El envejecimiento de la población está obligando a las economías a buscar nuevas vías para garantizar la financiación de las pensiones y de los servicios públicos de protección social. El último informe de la OCDE, que agrupa a los 38 países más desarrollados del mundo, sobre las reformas de política fiscal, publicado este martes, muestra una evolución desigual entre los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales. Mientras que los primeros han seguido tendencias diferentes según el país y, en algunos casos, se han reducido para determinados niveles de ingresos, las cotizaciones han aumentado de forma sostenida durante los últimos cuatro años. En este periodo, los gobiernos han elevado tanto los tipos como las bases sobre las que se calculan.
España forma parte de esta tendencia. En los últimos años, el coste de las cotizaciones asociado a las nóminas ha aumentado como consecuencia de la subida de las aportaciones al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La medida comenzó a aplicarse en enero de 2023 y tiene como objetivo engordar las arcas de la Seguridad Social ante el aumento del gasto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1950 y 1970). El recargo afecta tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos, que lo asumen a través de un incremento de su cuota mensual. En el caso de los asalariados, aparece directamente entre las deducciones de la nómina.
Desde su puesta en marcha, el recargo ha ido aumentando de forma gradual y seguirá haciéndolo durante los próximos años. La idea es que el tipo alcance el 1,2% en 2029. De ese porcentaje, el 1% irá a cargo de las empresas y el resto lo pondrán los empleados. Es decir, que una parte, aunque sea pequeña la aporta el trabajador a través de sus nóminas.
El Gobierno también ha elevado la base máxima de cotización a la Seguridad Social, con el objetivo de acercarla a la evolución de los salarios reales. El límite sobre el que se calculan las aportaciones crece cada año 1,2 puntos porcentuales por encima de la inflación. Al elevarse el límite (que seguirá en aumento paulatino hasta 2050), los trabajadores con mayores salarios pasan a cotizar una parte mayor de sus ingresos brutos anuales, reduciendo el tramo que hasta ahora quedaba exento de cotizar. De forma complementaria, se ha introducido la llamada cuota de solidaridad, que grava de forma progresiva la parte de las retribuciones que excede la base máxima.
La reforma del sistema de cotizaciones no es exclusiva de España. El informe de la OCDE muestra que otros países europeos han adoptado medidas similares para reforzar la financiación de sus sistemas de pensiones y la sanidad. De hecho el organismo destaca textualmente que “las reformas de las cotizaciones a la Seguridad Social mostraron una tendencia sostenida hacia la ampliación de las bases y el aumento de los tipos, probablemente en respuesta a las presiones demográficas a más largo plazo y a las necesidades de financiación de los sistemas de protección social”.
Francia, por ejemplo, ha elevado en tres puntos porcentuales la aportación de las empresas a las pensiones de los funcionarios de la administración pública territorial. Grecia, por su parte, ha aumentado en un 2,5% el límite de ingresos sujetos a cotizaciones sociales, hasta situarlo por encima de los 7.760 euros al mes, una modificación que también impacta en las aportaciones de los trabajadores autónomos.
Otros países han optado por eliminar excepciones que reducían las contribuciones de determinados grupos. En Bélgica, los atletas profesionales han dejado de beneficiarse del límite que reducía las cotizaciones a la Seguridad Social sobre los salarios más altos. En Lituania, los autónomos ahora enfrentan una mayor carga tras una reforma que eleva del 50% al 90% de sus ingresos la cantidad que se tiene en cuenta para calcular sus cotizaciones. Al mismo tiempo, se ha fijado un límite para las aportaciones empresariales, que no podrán superar el equivalente a 60 veces el salario medio del país.
En Alemania, el aumento se ha concentrado en las aportaciones al seguro obligatorio de salud. La contribución adicional media que pagan empresas y trabajadores ha subido hasta el 1,45%. En Eslovaquia, la cotización sanitaria a cargo de los empleados ha aumentado un punto porcentual, hasta el 5%, y además se ha ampliado el número de situaciones en las que deben efectuarse estas aportaciones. Hasta ahora, los empleados que se encontraban de baja por incapacidad temporal estaban exentos de cotizar durante ese periodo. Esa excepción ha desaparecido, lo que permite al sistema tener más ingresos por esta vía.
Los cambios apuntan a que Europa está tratando de asegurar unos ingresos suficientes para mantener los sistemas de protección social en un futuro en el que habrá más jubilados y menos trabajadores en activo. En ese sentido, el análisis de la OCDE revela hasta qué punto los países dependen del empleo para sostener las cuentas públicas. En las economías más desarrolladas, por ejemplo, el impuesto sobre la renta (IRPF) y las cotizaciones sociales aportan, de media, el 45% de la recaudación tributaria total. Es decir, que cualquier cambio en la pirámide poblacional tiene un impacto en las arcas.
En cualquier caso, el informe advierte de que todavía es demasiado pronto para determinar si estas subidas de cotizaciones tendrán un impacto positivo en el empleo y la economía, aunque ya se observa un aumento en los ingresos de la mayoría de los países analizados. El organismo además no entra a calificar las medidas, pues se trata de una información meramente comparativa sobre las reformas fiscales y dar seguimiento a la evolución de estas políticas en los países miembro.
Economía en EL PAÍS
