En 2027 se cumplirá una década del golpe separatista en Cataluña. El cabecilla Puigdemont tomó las de Villadiego escondido en un coche con rumbo a Bélgica y sus conmilitones fueron juzgados. Los dos partidos nacionales coincidieron en aplicar el 155 que puso fuera de la ley a los sediciosos. El PSOE y el PSC «parecían» firmes en el compromiso de que los golpistas cumplieran sus condenas y llevar ante los jueces al prófugo de Waterloo. Aquella promesa de Sánchez en el debate electoral de 2019 como presidente en funciones: «Espero que más pronto que tarde el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española». Lo que vino después es sabido: se hizo desaparecer el delito de sedición; se promulgaron indultos y se confeccionó una ley de amnistía a medida de los presidiarios.En aquellos tiempos, cuando el PSOE participaba todavía de los consensos del 78, los separatistas desenterraron una palabreja que haría fortuna entre quienes delinquen contra el orden constitucional: «Lawfare». Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán condenada por corrupción, difundió el concepto; el Tristón Turull, secretario de Junts, comparó la justicia española con Guantánamo: «Lawfare de manual protagonizado por la más alta instancia de la judicatura española». «La Toga Nostra», tuiteó Puigdemont cuando el Supremo no le aplicó la amnistía que no incluye la malversación que se le imputa. El «lawfare», último refugio de otros maestros del embeleco como Trump o Cristina Fernández de Kirchner, es hoy el agarradero de un sanchismo a punto de ahogarse en el cenagoso torrente de la corrupción.Si en 2017 hubo el golpe de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) desde 2023, cuando Sánchez se encaramó a la presidencia sostenido por comunistas, filoetarras, independentistas y nacionalistas de derecha adopta la jerga de los enemigos del Estado. Quienes corean «lawfare» desde los veintidós ministerios de propaganda son los mismos que han colonizado la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, TVE y el CIS. El Número Uno ya lo dejó bien claro en aquella entrevista de 2019: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». La pregunta no tenía nada de retórica; marcaba el camino de la DUI de Sánchez: Declaración Unilateral de Impunidad. Noticia relacionada opinion No No SPECTATOR IN BARCINO Junts más Puigdemont suma cero Sergi DoriaPor aquel entonces nadie hubiera imaginado que el embate contra el «Régimen del 78» (según la jerga «indepe» y podemita) se trasladaría de Cataluña a toda España y que sus mentores fueran los mismos que pretendieron que los golpistas cumplieran sus condenas. La necesidad de sobrevivir con un gobierno en minoría ha pesado más que ese «interés general» que invoca un Sánchez que se toma a cachondeo el Congreso y entorpece una alternancia más necesaria que nunca para oxigenar esta democracia adulterada por su populismo. Como advirtió Chateaubriand en su ‘Ensayo sobre las revoluciones’, todas las tiranías se empiezan a escribir con buenas palabras: «Gentes carcomidas por los vicios proclamarán a gritos la virtud: libros perfecta y elegantemente escritos sobre la ciencia y la libertad precipitarán a los pueblos a la servidumbre y volveremos en fin a vernos envueltos por los dos tercios y medio de ignorantes y el otro medio de pícaros que nos rodean sin cesar». En 2027 se cumplirá una década del golpe separatista en Cataluña. El cabecilla Puigdemont tomó las de Villadiego escondido en un coche con rumbo a Bélgica y sus conmilitones fueron juzgados. Los dos partidos nacionales coincidieron en aplicar el 155 que puso fuera de la ley a los sediciosos. El PSOE y el PSC «parecían» firmes en el compromiso de que los golpistas cumplieran sus condenas y llevar ante los jueces al prófugo de Waterloo. Aquella promesa de Sánchez en el debate electoral de 2019 como presidente en funciones: «Espero que más pronto que tarde el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española». Lo que vino después es sabido: se hizo desaparecer el delito de sedición; se promulgaron indultos y se confeccionó una ley de amnistía a medida de los presidiarios.En aquellos tiempos, cuando el PSOE participaba todavía de los consensos del 78, los separatistas desenterraron una palabreja que haría fortuna entre quienes delinquen contra el orden constitucional: «Lawfare». Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán condenada por corrupción, difundió el concepto; el Tristón Turull, secretario de Junts, comparó la justicia española con Guantánamo: «Lawfare de manual protagonizado por la más alta instancia de la judicatura española». «La Toga Nostra», tuiteó Puigdemont cuando el Supremo no le aplicó la amnistía que no incluye la malversación que se le imputa. El «lawfare», último refugio de otros maestros del embeleco como Trump o Cristina Fernández de Kirchner, es hoy el agarradero de un sanchismo a punto de ahogarse en el cenagoso torrente de la corrupción.Si en 2017 hubo el golpe de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) desde 2023, cuando Sánchez se encaramó a la presidencia sostenido por comunistas, filoetarras, independentistas y nacionalistas de derecha adopta la jerga de los enemigos del Estado. Quienes corean «lawfare» desde los veintidós ministerios de propaganda son los mismos que han colonizado la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, TVE y el CIS. El Número Uno ya lo dejó bien claro en aquella entrevista de 2019: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». La pregunta no tenía nada de retórica; marcaba el camino de la DUI de Sánchez: Declaración Unilateral de Impunidad. Noticia relacionada opinion No No SPECTATOR IN BARCINO Junts más Puigdemont suma cero Sergi DoriaPor aquel entonces nadie hubiera imaginado que el embate contra el «Régimen del 78» (según la jerga «indepe» y podemita) se trasladaría de Cataluña a toda España y que sus mentores fueran los mismos que pretendieron que los golpistas cumplieran sus condenas. La necesidad de sobrevivir con un gobierno en minoría ha pesado más que ese «interés general» que invoca un Sánchez que se toma a cachondeo el Congreso y entorpece una alternancia más necesaria que nunca para oxigenar esta democracia adulterada por su populismo. Como advirtió Chateaubriand en su ‘Ensayo sobre las revoluciones’, todas las tiranías se empiezan a escribir con buenas palabras: «Gentes carcomidas por los vicios proclamarán a gritos la virtud: libros perfecta y elegantemente escritos sobre la ciencia y la libertad precipitarán a los pueblos a la servidumbre y volveremos en fin a vernos envueltos por los dos tercios y medio de ignorantes y el otro medio de pícaros que nos rodean sin cesar».
En 2027 se cumplirá una década del golpe separatista en Cataluña. El cabecilla Puigdemont tomó las de Villadiego escondido en un coche con rumbo a Bélgica y sus conmilitones fueron juzgados. Los dos partidos nacionales coincidieron en aplicar el 155 que puso fuera de la … ley a los sediciosos. El PSOE y el PSC «parecían» firmes en el compromiso de que los golpistas cumplieran sus condenas y llevar ante los jueces al prófugo de Waterloo. Aquella promesa de Sánchez en el debate electoral de 2019 como presidente en funciones: «Espero que más pronto que tarde el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la Justicia española». Lo que vino después es sabido: se hizo desaparecer el delito de sedición; se promulgaron indultos y se confeccionó una ley de amnistía a medida de los presidiarios.
En aquellos tiempos, cuando el PSOE participaba todavía de los consensos del 78, los separatistas desenterraron una palabreja que haría fortuna entre quienes delinquen contra el orden constitucional: «Lawfare». Laura Borràs, expresidenta del Parlamento catalán condenada por corrupción, difundió el concepto; el Tristón Turull, secretario de Junts, comparó la justicia española con Guantánamo: «Lawfare de manual protagonizado por la más alta instancia de la judicatura española». «La Toga Nostra», tuiteó Puigdemont cuando el Supremo no le aplicó la amnistía que no incluye la malversación que se le imputa. El «lawfare», último refugio de otros maestros del embeleco como Trump o Cristina Fernández de Kirchner, es hoy el agarradero de un sanchismo a punto de ahogarse en el cenagoso torrente de la corrupción.
Si en 2017 hubo el golpe de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) desde 2023, cuando Sánchez se encaramó a la presidencia sostenido por comunistas, filoetarras, independentistas y nacionalistas de derecha adopta la jerga de los enemigos del Estado. Quienes corean «lawfare» desde los veintidós ministerios de propaganda son los mismos que han colonizado la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, TVE y el CIS. El Número Uno ya lo dejó bien claro en aquella entrevista de 2019: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». La pregunta no tenía nada de retórica; marcaba el camino de la DUI de Sánchez: Declaración Unilateral de Impunidad.
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Por aquel entonces nadie hubiera imaginado que el embate contra el «Régimen del 78» (según la jerga «indepe» y podemita) se trasladaría de Cataluña a toda España y que sus mentores fueran los mismos que pretendieron que los golpistas cumplieran sus condenas. La necesidad de sobrevivir con un gobierno en minoría ha pesado más que ese «interés general» que invoca un Sánchez que se toma a cachondeo el Congreso y entorpece una alternancia más necesaria que nunca para oxigenar esta democracia adulterada por su populismo. Como advirtió Chateaubriand en su ‘Ensayo sobre las revoluciones’, todas las tiranías se empiezan a escribir con buenas palabras: «Gentes carcomidas por los vicios proclamarán a gritos la virtud: libros perfecta y elegantemente escritos sobre la ciencia y la libertad precipitarán a los pueblos a la servidumbre y volveremos en fin a vernos envueltos por los dos tercios y medio de ignorantes y el otro medio de pícaros que nos rodean sin cesar».
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