Las salchichas y la amnistía

La famosa cita atribuida a Bismarck aplica perfectamente a la ley de amnistía: “Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que uno va conociendo cómo se hacen”. Aprobada ya hace más de dos años en el Congreso, este punto final legislativo al procés es una medida parlamentaria útil para el futuro inmediato de la democracia española porque, poco a poco, va acabando con una situación penal que ha situado la política catalana y española en un estado de excepción que todavía hoy nos deja atrapados en el mundo de ayer. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su esperable decisión de esta semana y haciendo innecesariamente suyo el relato más político que legal de la reconciliación, ha allanado el camino para la plena aplicación de una ley que debería facilitar el pronto retorno a Cataluña del president Puigdemont y que Oriol Junqueras pueda ser candidato a las elecciones. Pero junto a estas consecuencias positivas, también hemos contemplado cómo se hacían las salchichas. Ni uno solo de los principales actores implicados —PSOE, PP, Junts, el Tribunal Supremo— ha desempeñado un papel honorable porque el cálculo inconfesable se ha impuesto a la verdad que no se podía reconocer.

Los socialistas trolearon a sus electores al actuar con cínico realismo para mantenerse en el poder: impulsaron una medida que habían afirmado que era ilegal con el propósito de obtener los votos para la investidura de Pedro Sánchez. Este movimiento de trileros lo han resignificado con pompa institucional como si la suya hubiese sido una apuesta por la reconciliación, una venerable idea inherente a toda ley de amnistía pero que Junts, al menos sobre el papel, hoy aún no comparte. El Partido Popular, que fracasó en la gestión del procés y externalizó su responsabilidad al poder judicial, ha pasado de puntillas sobre la pútrida guerra sucia que activó el Gobierno de Rajoy y reconvirtió la deliberación parlamentaria sobre la ley en histeria nacionalista que ha normalizado el amenazador “quien pueda hacer que haga” en todos los frentes posibles —el complejo industrial antisanchista—. El Tribunal Supremo, que frustró a los ultras por no condenar por rebelión y negar así la tesis del golpe de Estado, se ha sentido burlado por el poder ejecutivo y, como reacción confrontativa, ha explorado medidas peregrinas para evitar la aplicación de la ley, colaborando así en la creciente desconfianza de la ciudadanía con la justicia.

En otras circunstancias, Junts habría capitalizado la disrupción que ha provocado la ley porque tela con la movida que ha provocado la amnistía. Esa era la táctica que Carles Puigdemont conceptualizó a mediados de 2020 con la expresión “confrontación inteligente”: aprovechar cualquier circunstancia para desestabilizar al Estado, actuar como un agente saboteador, la picaresca del troll. Pero este partido en crisis de identidad no ha podido, no ha querido o no ha sabido. Después de negar que apoyaría la investidura de un presidente español, los siete diputados fueron una carta que habría sido absurdo no jugar. Pero entrar en esa negociación presuponía impugnar el discurso que les había permitido confrontar con la ya pactista Esquerra Republicana —entonces su principal competidor, ahora ya Aliança Catalana—. La jugada maestra para disimular lo que era su acta de rendición fue esta: vender a la sociedad independista que la clave del pacto con los socialistas era constituir una mesa de negociación sobre el conflicto político en Suiza que contaría con un relator internacional. Sus interlocutores principales han sido primero Santos Cerdán, después José Luis Rodríguez Zapatero y la tomadura de pelo ha sido más larga que las greñas de Sansón. La amnistía es útil pero mejor no saber cómo se hacen las salchichas.