El ex vicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez se acoge a su derecho a no declarar, al igual que el ex alcalde de Fines y su hijo Leer El ex vicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez se acoge a su derecho a no declarar, al igual que el ex alcalde de Fines y su hijo Leer
Los máximos responsables de la presunta trama de corrupción en torno a la Diputación de Almería, donde gobierna el Partido Popular, están guardando silencio ante el juez que instruye la causa que trata de determinar si varios altos cargos del ente provincial se organizaron con diversas empresas para cobrar comisiones, a través de contratos de obra pública y de material sanitario de protección en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus.
El juez de Almería que instruye el caso Mascarillas, Manuel José Rey, está llamando durante todo este mes a 43 investigados y entre los máximos responsables que ya han desfilado por el juzgado parece haberse instalado una especie de ley del silencio para no prestar declaración ante el instructor. Es lo que ha ocurrido este viernes con el ex vicepresidente segundo de la Diputación de Almería Fernando Giménez, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, al igual que este jueves así lo hicieron quien fuera alcalde de Fines durante 22 años, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo Rodrigo Sánchez López. También guardó silencio ante el juez a principios de junio Óscar Liria, ex vicepresidente tercero de la Diputación, que incluso estuvo en prisión tras ser detenido en junio de 2021 por este asunto.
Para no prestar declaración ante el juez, los cuatro investigados antes citados se han escudado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que están pendientes. Falta por conocer qué resultados arrojan los volcados de los dispositivos electrónicos y la documentación intervenida en noviembre de 2025, cuando la UCO efectuó registros en la Diputación, así como en la vivienda habitual del ex vicepresidente Giménez y una segunda residencia en Retamar, donde se intervino una pistola detonadora, entre otros efectos.
La lista de los máximos responsables de la presunta trama se completa con el ex presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García, que debe comparecer ante el juez como investigado el próximo 26 de junio. Precisamente los mensajes de whatsapp que ya han analizado los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil salpican de lleno al ex presidente de la Diputación, al que mencionan como el «todopoderoso» al que hay que convencer de que se adquieran las mascarillas y lograr así las mordidas.
Esta referencia la hacen los entonces vicepresidentes de la Diputación Fernando Giménez y Óscar Liria. «El escollo de C. lo tenemos quitado del medio. He hablado con él. Es una pena. ¿Puedes meterle algo de presión?«, dice Giménez, a lo que Liria le pregunta si el «todopoderoso» es la persona con la que ha hablado para sortear el escollo. Giménez responde que sí. «La referencia al ‘todopoderoso’, considerando los cargos ostentados por todos ellos, estaría efectuada a Javier Aureliano García», resume un atestado de la UCO.
Hay más conversaciones. En un chat que llaman Naranjito, el presidente de la Diputación se dirige a Óscar Liria de la siguiente forma: «Hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!!! Que ya lo has dicho. Así q shhhhhh. Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas. Callaaaaaa yaaaaaaa». En ese chat, los cargos públicos hablaban en clave, presuntamente, sobre los contratos públicos amañados y las comisiones que se iban a embolsar. Así, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas mordidas con comentarios como «me tengo que hacer una limpieza», «necesito empastarme dos o tres muelas», «tengo las muelas picadas» o «sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer».
Los ex vicepresidentes de la Diputación Liria y Giménez están en el punto de mira de las pesquisas judiciales desde que estalló el caso en junio de 2021, a raíz de un contrato de dos millones de euros en mascarillas y otros elementos de protección sanitaria que proporcionó a los empresarios y cargos públicos de la trama un millón de euros en mordidas. Lo hicieron inflando los precios del material sanitario de protección que les suministraba desde China una empresa. El contrato se adjudicó el 8 de abril de 2020, cuando el presidente de la Diputación firmó un decreto en el que resuelve la contratación de la mercantil Azor Corporate Ibérica SL. «Los sobrecostes ascienden a un 47,27% del material sanitario adquirido», afirma la UCO.
Además del ex vicepresidente de la Diputación de Almería Fernando Giménez, este viernes han comparecido ante el juez instructor del caso Mascarillas otros cuatro investigados, citados por su vinculación como socios o administradores temporales de OYC Servicios Urbanos, una de las mercantiles sobre las que se asienta la presunta trama de amaños y comisiones ilícitas.
Según han apuntado a Efe fuentes judiciales, estos cuatro empresarios han seguido la misma estrategia procesal y han optado por responder única y exclusivamente a las preguntas formuladas por su defensa, ejercida por un mismo letrado para todos.
Todos ellos, afincados en la comarca del Almanzora y con estrechos vínculos personales, de amistad o familiares con el ex alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, y su hijo, Rodrigo, han defendido la legalidad de sus actuaciones.
Han asegurado ante el juez que su entrada en la sociedad OYC respondía a una operación mercantil lícita orientada a ganar dinero, que desembolsaron sus propios fondos para la adquisición de acciones o la constitución de la firma y que ejercieron sus cargos directivos de manera real y efectiva.
Los cuatro comparecientes han negado tajantemente haber actuado como testaferros, «hombres pantalla» o haber servido de «velo» para ocultar que la titularidad y la dirección de la empresa recaían presuntamente sobre la familia del ex regidor municipal.
Las fuentes han señalado que, pese a reivindicar que gobernaban la sociedad, ninguno de ellos ha aportado datos sobre qué proyectos concretos u obras ejecutó OYC durante los reiterados y cortos periodos temporales en los que figuraron al frente de la misma.
A la salida de la sesión, uno de los abogados de la acusación popular que ejerce el PSOE, Javier Salvador, ha subrayado que esta jornada se centraba en la parte «más societaria de la causa», tratando de esclarecer la continua rotación de cargos dentro de una sociedad en la que, según ha valorado, «parece que nadie sabía ni qué construía, ni qué hacía, ni a qué se dedicaba».
Otro de los letrados de la acusación particular, José María Terrés, ha destacado la enorme complejidad de perseguir estas operativas y ha explicado que en los delitos económicos «no hay una pistola humeante» ni se sorprende a los culpables in fraganti, sino que los investigadores se enfrentan a un «entramado enorme de empresas» cuyo presunto objetivo es el manejo y desvío de los fondos públicos.
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