El siniestro en el que chocaron dos trenes el pasado 18 de enero en Adamuz causó la muerte a 46 personas Leer El siniestro en el que chocaron dos trenes el pasado 18 de enero en Adamuz causó la muerte a 46 personas Leer
La investigación judicial que dirige la magistrada Cristina Pastor para aclarar las causas, y responsabilidades penales si las hay, del accidente de tren de Adamuz apunta ya a la presunta comisión de, al menos, dos delitos, homicidio y lesiones imprudentes, aunque no hay, por ahora, ningún imputado.
Así lo apunta en uno de sus últimos autos la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Monto Plaza 2, en el que señala que las diligencias previas 36/2026 -las del accidente que causó la muerte a 46 personas- se siguen «por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes», una precisión que, hasta ahora, no había hecho.
Por lo general, las resoluciones de la juez Pastor acera de este caso se refieren a «delitos sin especificar». Sin embargo, en el auto por el que desestimó la impugnación de dos de los peritos designados para elaborar un informe independiente sobre el siniestro habla ya de estas calificaciones penales.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han explicado a Efe que, no obstante, cualquier causa penal se sigue por delitos que pueden ir cambiando a lo largo de la instrucción, aunque el homicidio y las lesiones imprudentes han sido el objeto desde el principio.
Las mismas fuentes han señalado que aunque en el auto inicial no aparecía como tal, en otros posteriores sí se ha hecho referencia, como «el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares».
La investigación judicial del accidente ferroviario que en enero de este año causó la muerte de 46 personas tras chocar dos trenes en Adamuz (Córdoba) no tendrá conclusiones, al menos, hasta mediados del año que viene. El informe definitivo sobre las causas del descarrilamiento del Iryo y el choque posterior con el Alvia que la juez Cristina Pastor ha encargado a tres peritos tardará un mínimo de nueve meses, lo que supone que no estará en manos de la magistrada antes del primer semestre de 2027.
Es el cálculo que hacen los propios peritos en un escrito remitido el pasado 26 de mayo a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro Plaza 2, encargado del caso, en el que, además, cuantifican el coste del estudio en alrededor de 250.000 euros, aunque es una cantidad inicial que podría verse ampliada debido a la «complejidad» de este asunto, según advierten los profesionales Ramón Ignacio Martínez, José Antonio Martínez y Miguel Ángel Moraleda.
El último informe de la Guardia Civil conocido apunta a que los sistemas de seguridad y mantenimiento de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía detectaron el 17 de enero, un día antes del accidente ocurrido en Adamuz una rotura de la vía, la causa última del descarrilamiento del Iryo y posterior choque con el Alvia. La investigación de las circunstancias y el estado de las vías que lleva a cabo, desde ese día, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba en torno al siniestro apunta a que transcurrieron apenas 22 horas entre la rotura y el accidente. Para ser más exactos, solamente pasaron 21 horas y 57 minutos.
A las 21.46 del 17 de enero se registró una alteración eléctrica «compatible con una rotura», pero no saltaron las alertas que podrían haber evitado que el Iryo procedente de Málaga pasase por ese punto, descarrilase y fuera embestido por el Alvia a las 19.43 del día siguiente porque el sistema «no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad».
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