La publicación ‘Escaparate’ cerró para una entrega de premios una zona monumental con permiso del Ayuntamiento de Sevilla y con patrocinio público Leer La publicación ‘Escaparate’ cerró para una entrega de premios una zona monumental con permiso del Ayuntamiento de Sevilla y con patrocinio público Leer
La cesión para uso privado de la revista ‘Escaparate’ por parte del Ayuntamiento de Sevilla, de la plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza, a los pies de la Giralda y en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad no solo ha derivado en una intensa polémica -con movilización social incluida-, sino que ha llegado a los tribunales, que van a investigar la legalidad tanto de dicha cesión del espacio público para un evento particular como el respaldo, incluso financiero, que recibió de algunas administraciones, entre ellas el Consistorio hispalense o la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo.
La jueza María Elena Pérez, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 6 de Sevilla, ha abierto diligencias penales y ha ordenado a la Policía Nacional que abra una investigación para aclarar todo lo relativo a la fiesta de esta revista, celebrada el pasado 7 de septiembre y a la que acudió una nutrida representación de la sociedad sevillana. La publicación, editada por una empresa propiedad de Mario Niebla del Toro, un conocido relaciones públicas en Sevilla, entregó ese día sus premios anuales y, como había hecho en anteriores ediciones, organizó una gala en un espacio público y monumental de la ciudad. En otras ediciones, por ejemplo, logró cerrar parte del parque de María Luisa.
En un auto fechado el pasado 29 de septiembre, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la magistrada da orden a la Policía para que investigue todo lo referente a las autorizaciones para la utilizació de este espacio y la financiación del evento, para el que la revista contó, incluso, con fondos públicos. Solo de la Consejería de Turismo, que dirige el vicepresidente de Vox Manuel Gavira, recibió 18.000 euros.
La decisión de la juez de abrir diligencias se produce después de que la organización Iustitia Europa interpusiese una denuncia en los tribunales el pasado día 22 de septiembre poniendo en cuestión las decisiones administrativas, las contrataciones, las autorizaciones y los recursos públicos que hicieron posible la celebración al lado de la Catedral de Sevilla de la 20 edición de los Premios Escaparate. La formación habla en el comunicado emitido tras conocerse el auto de un posible delito de malversación, que el auto no menciona.
Según el denunciante, la actuación alcanza al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa municipal Contursa, bajo Gobierno del PP, a la Junta de Andalucía, incluida la Consejería de Turismo, y a la Diputación de Sevilla, presidida por el PSOE. Señala el uso de la plaza para «una gala restringida» y la aportación de fondos públicos.
Para el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, «durante demasiado tiempo, la vieja política del 78 ha actuado como si el patrimonio público perteneciera a los partidos». Añade que «Iustitia Europa no mira las siglas. Mira los hechos», y que el patrimonio público «es de todos los andaluces y españoles».
Entre los invitados figuraban también Carlos Fitz-James Stuart, nieto de la duquesa de Alba, la modelo Antonia Dell’Atte y la diseñadora Raquel Revuelta, entre otras personalidades, además de políticos como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, o el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El padrino de honor fue Manuel Filiberto de Saboya, que ostenta el título de príncipe de Venecia y de Piamonte.
La Junta y el Ayuntamiento aportaron unos 18.000 euros cada uno mediante contratos de patrocinio, unos 36.000 euros en total. En el caso del Gobierno andaluz, el patrocinio corrió a cargo de la Consejería de Turismo.
Fuentes municipales defendieron que se elaboraron «informes técnicos y jurídicos» y que la gala cumplía con «los requisitos que establece la ordenanza«. El PSOE pidió en el Ayuntamiento el expediente completo y Adelante Andalucía llevó el asunto al Parlamento andaluz.
Sin embargo, las críticas fueron más allá del ámbito político y el evento generó un notable malestar social que se extendió a través de las redes sociales y que se materializó con una concentración en el mismo lugar en el que se celebró la cena donde se quiso escenificar la toma por parte de los ciudadanos de ese espacio público.
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