A pesar de su buen nivel de español a Idrissa Sall, de 28 años, le faltan las palabras para celebrar que ya tiene permiso de trabajo. Hace más de dos años salió de Mauritania para buscarse la vida en España, donde ha trabajado en la economía informal. Su experiencia como matarife en Málaga, le ha abierto las puertas de una empresa cárnica de Castilla y León, que le ha contratado con carácter indefinido por un salario de 1.500 euros mensuales. Algo que “supone la posibilidad de integrarte en la sociedad y avanzar. Te cambia la vida porque ya puedes construirla. Ahora puedo tener ilusiones y soñar con un futuro”.
Requisitos
Para acogerse a la regularización extraordinaria decretada por el Gobierno, los requisitos base exigían haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 así como acreditar una permanencia de cinco meses seguidos previos a la presentación de la solicitud. Y entre la documentación necesaria: pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, válido en España; billetes de avión nominativos, justificantes de operaciones bancarias realizadas en sucursales nacionales, certificados oficiales de formación, contratos de alquiler a nombre del interesado o billetes de transporte para desplazamientos dentro de España. Para la abogada de ACCEM, Judith García, “los documentos más complicados de obtener, por la burocracia que entrañan, han sido los pasaportes y los certificados de penales traducidos y legalizados”.
Casi medio millón de inmigrantes se han afiliado a la Seguridad Social tras ser admitidos en el proceso de regularización
A pesar de su buen nivel de español a Idrissa Sall, de 28 años, le faltan las palabras para celebrar que ya tiene permiso de trabajo. Hace más de dos años salió de Mauritania para buscarse la vida en España, donde ha trabajado en la economía informal. Su experiencia como matarife en Málaga, le ha abierto las puertas de una empresa cárnica de Castilla y León, que le ha contratado con carácter indefinido por un salario de 1.500 euros mensuales. Algo que “supone la posibilidad de integrarte en la sociedad y avanzar. Te cambia la vida porque ya puedes construirla. Ahora puedo tener ilusiones y soñar con un futuro”.
Idrissa es uno de los 490.586 extranjeros afiliados a la Seguridad Social tras su admisión en el proceso de regularización extraordinaria del pasado mes de abril. Para tramitar la documentación, algo nada sencillo, le ha acompañado la ONG Asociación Comisión Católica Española de Migración, ACCEM, que hasta el momento ha atendido a 7.500 personas en idéntica situación y ha intervenido como entidad colaboradora en más de 2.000 casos. “Acogerse a una regularización entraña dificultades que van mucho más allá de aprender un idioma nuevo”, señala Judith García, responsable de su servicio jurídico. “Necesitaban orientación para saber quién podía acogerse a la regularización, cuánto tiempo se debía acreditar de estancia en España y localizar los documentos para demostrar su identidad y permanencia. A estas dificultades se sumó el escaso plazo, hasta el 30 de junio, para presentar las solicitudes”, detalla.

Con una solicitud admitida a trámite es posible la contratación. Y si finalmente se deniega se da de baja la autorización para trabajar. García aclara que “con estas regulaciones se obtiene un permiso para trabajar y residir. No se adquiere la nacionalidad”. Y critica poca agilidad en las resoluciones. “Están sobrepasando los tres meses propuestos por el ministerio”. Algo en lo que coincide con la portavoz de Cruz Roja, Rosa San Andrés, al referirse a una tramitación marcada por los plazos ajustados y las dificultades para conseguir determinados certificados. Desde su experiencia en el acompañamiento a personas inmigrantes, defiende que el acceso a derechos constituye un primer paso para su integración.
“Cuando estas personas, que ya residían en España de forma ilegal, consiguen empleo, salen de la oscuridad y rompen guetos”, añade. Pero hacerse con los papeles no resuelve el acceso a un trabajo, para lo que suelen necesitar acompañamiento. “Hay que conocer sus formaciones y habilidades, dónde han trabajado y si quieren cambiar de sector. Necesitan orientación sobre el mercado laboral, los perfiles que demanda y la formación necesaria. También sobre derechos y deberes cuando se sale de la economía informal, así como herramientas de búsqueda de empleo como elaborar un currículo o preparar una entrevista”, añade San Juan. Y entre esa demanda ocupan un lugar crucial sectores cuya viabilidad depende de contratar mano de obra extranjera como hostelería, construcción o comercio, pero también agricultura, cuidados, seguridad, transporte y logística. Lo mismo ocurre con la crisis de oficios que asola al país (fontaneros, electricistas, carpinteros, albañiles…) debido al envejecimiento de las plantillas y la falta de reemplazo generacional.
San Juan afirma tajante “sin los migrantes caería el sistema. Necesitamos sus cotizaciones, pero también su consumo y fiscalidad como parte del motor económico de nuestro país”. Diversos estudios coinciden con esta afirmación. La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, en un informe elaborado por economistas y demógrafos, estima que si se redujera la migración en un 30% para el año 2075, el PIB se recortaría en un 22%. Y otra investigación reciente de Funcas, La inmigración en España: retos, impacto y políticas, concluye que la incorporación de la fuerza laboral extranjera explica el 47% del crecimiento acumulado del PIB español desde 2022, equivalente a 4, 2 puntos porcentuales. Las cifras de afiliación lo corroboran. A fecha de octubre, los extranjeros que cotizan a la Seguridad Social rondan los 3,7 millones, un 16,4% del total.
Como en el caso de la construcción. Con un déficit estimado de 700.000 trabajadores, cuenta con 1,4 millones afiliados a la Seguridad Social, un 6,5% más que en 2025, según datos del Observatorio Industrial de la Construcción. “De ellos 368.000 son extranjeros, un 22,6% más que el año anterior”, señala Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, CNC. El directivo anima a consultar los convenios colectivos de una profesión que califica “de futuro” y “con muy buenos sueldos”. Y ejemplifica. “Un joven puede superar el 30% del Salario Mínimo Interprofesional mientras que un jefe de obra que trabaje en el norte de España ronda los 58.000 euros”.

Ramiro Santiago Sanabria, uruguayo de 27 años, acaba de firmar un contrato indefinido como peón con un sueldo de 1.300 euros al mes. A través de la Fundación Laboral de la Construcción hizo el curso de Prevención de Riesgos Laborales en Baleares. Después de vivir dos años en España ha conseguido ser admitido en la regularización. “Estoy que no me lo creo. Mi ilusión es poder hacer un curso de soldador y convertirme en profesional de la soldadura de barcos”. También Allal Yagubi, de 46 años y origen marroquí ha terminado el curso en albañilería, electricidad y fontanería en el Centro de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción en Villafranca, Navarra. Y ahora busca una oportunidad. “No quiero ayudas, quiero un empleo. Tengo experiencia, ganas y energía”. Y asegura: “No descarto montar mi propia empresa”.
Para contratar a los trabajadores ya legalizados las constructoras exigen el Número de Identidad Extranjero, NIE, por lo que empresas proveedoras de personal, conocidas en el argot como pistolas, les ayudan a tramitarlos. Jesús Gavancho es peruano y trabaja como administrador en una de ellas, Azuay Construcciones. Ha contratado a siete trabajadores de esta regularización y lamenta: “Es imposible conseguir una cita para que les hagan el NIE, simplemente porque el sistema está saturado”. Gavancho organiza también la formación de estos trabajadores. “Aunque los comienzos son duros, porque estás muy solo y no sabes que pasará mañana, España es un país de oportunidades para nosotros”, concluye.
Para acogerse a la regularización extraordinaria decretada por el Gobierno, los requisitos base exigían haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 así como acreditar una permanencia de cinco meses seguidos previos a la presentación de la solicitud. Y entre la documentación necesaria: pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje, válido en España; billetes de avión nominativos, justificantes de operaciones bancarias realizadas en sucursales nacionales, certificados oficiales de formación, contratos de alquiler a nombre del interesado o billetes de transporte para desplazamientos dentro de España. Para la abogada de ACCEM, Judith García, “los documentos más complicados de obtener, por la burocracia que entrañan, han sido los pasaportes y los certificados de penales traducidos y legalizados”.
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