La Unión Europea se encamina a romper otro tabú en inmigración. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria abrirán en Ruanda el primer campo de deportación de migrantes fuera de las fronteras de la UE. “Queremos crear en 2027, juntos, el primer centro de retorno en Ruanda”, ha anunciado desde Viena el canciller austriaco, Christian Stocker, acompañado de representantes de los demás países participantes. Entre ellos la primera ministra danesa, Mette Frederikssen, que ha calificado la decisión de un “paso crucial hacia un nuevo sistema migratorio que salvaguarda la cohesión de nuestras sociedades y responde a las inquietudes de los ciudadanos”.
Bruselas da el visto bueno al pacto negociado por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria para acelerar la expulsión de migrantes
La Unión Europea se encamina a romper otro tabú en inmigración. Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria crearán en Ruanda el primer centro de deportación de migrantes fuera de las fronteras de la UE. El acuerdo con el país africano, que se anunciará este lunes en Viena, según varias fuentes diplomáticas, no es oficialmente aún un proyecto comunitario, pero cuenta con el visto bueno de Bruselas.
“Saludamos esta iniciativa”, ha dicho un portavoz comunitario, según el cual el Ejecutivo europeo ha “seguido de cerca” los preparativos del proyecto que lideran estos cinco países y que cuenta con el respaldo de más de una veintena de los Estados miembros. España y Francia, por el contrario, son los dos gobiernos que más han criticado esta iniciativa, que busca enviar a terceros países a aquellos inmigrantes a los que se ha rechazado su demanda de asilo y que tienen pendiente una orden de retorno que los países de origen se niegan a cumplir.
“Valoramos positivamente los esfuerzos realizados y tomamos nota de la minuciosa labor preparatoria, incluida la destinada a garantizar el respeto de los derechos humanos y la estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas en este proceso”, ha remarcado el portavoz comunitario, que ha recordado que “lograr que el sistema de retorno de la UE sea más eficaz es una prioridad para la Comisión”.
El proyecto en Ruanda debería ver la luz en 2027, año para el que los países participantes quieren empezar a enviar a migrantes con orden de expulsión. Aunque los detalles están aún por cerrarse —el anuncio oficial de la iniciativa se hará este mismo lunes en Viena, en el marco de la conferencia sobre migración que se celebra cada año en la capital austriaca—, varias organizaciones internacionales han denunciado ya tanto la iniciativa en sí como el país elegido para lanzar este proyecto.
“Los centros de deportación extraterritoriales son la última muestra cínica del afán de la UE por trasladar sus responsabilidades a otros países”, afirma Clementine de Montjoye, investigadora sénior sobre África y experta en Ruanda de Human Rights Watch. “Pagar a Kigali [la capital ruandesa] para que acoja un programa de deportación no solo causaría sufrimiento y daño a las personas deportadas, sino que además financiaría y proporcionaría influencia política a un Gobierno responsable de graves abusos contra los derechos humanos tanto en su propio país como en el extranjero”, advierte.
Los cinco países organizadores han enfatizado en meses previos, durante las reuniones para concretar el proyecto, que este se basará en la legislación europea y que se comprometen a cumplir estrictamente el derecho humanitario internacional. También Bruselas considera que el proyecto, al que se dice dispuesta a prestar apoyo “caso por caso y a petición de los Estados” miembros, cumple los estándares internacionales: “Este enfoque innovador puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos, respetando plenamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional”, ha aseverado el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
Unos argumentos que no convencen a los detractores del controvertido proyecto, que, aunque en sus primeras fases afectará probablemente solo a adultos, podría en el futuro ampliarse también a familias con menores.
“Los Estados miembros pueden llamarlos ‘centros de retorno’ o incluso ‘centros de acogida’, pero ningún eufemismo puede ocultar la violencia que supone arrancar a las personas de la vida que se han labrado en Europa y enviarlas a un país que ni siquiera conocen, sin familia, sin redes de apoyo ni perspectivas de futuro. Ninguna garantía puede borrar esta violencia”, denuncia Picum, una plataforma europea dedicada a los derechos de los migrantes.
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