Hace solo unos días, el presidente del Gobierno anunció el fin de la legislatura motivado por el traspié, esperado, de la votación sobre los decretos de vivienda. Es por ello por lo que, aprovechando la coyuntura y nunca mejor dicho, toca hacer balance. Antes, sin embargo, es preciso señalar que, para no caer en los tópicos habituales, debemos entender que un gobierno influye poco en el corto plazo en magnitudes como el crecimiento o la inflación y más en elementos asociados a regulaciones, presupuestarias o fiscales. Aun así, y buscando siempre modular el grado de responsabilidad directa por los hitos que se van a enumerar, tiene sentido plantear esta columna como un ejercicio útil para asignar en el debe o en el haber del gobierno lo que por naturaleza le corresponde. Aviso, además, que no es una lista cerrada, pero sí recoge algunos de los hitos económicos y políticos que considero más relevantes de estos tres años.
La gestión del Gobierno de los presupuestos, los fondos europeos, la inflación y la vivienda arroja resultados desiguales
Hace solo unos días, el presidente del Gobierno anunció el fin de la legislatura motivado por el traspié, esperado, de la votación sobre los decretos de vivienda. Es por ello por lo que, aprovechando la coyuntura y nunca mejor dicho, toca hacer balance. Antes, sin embargo, es preciso señalar que, para no caer en los tópicos habituales, debemos entender que un gobierno influye poco en el corto plazo en magnitudes como el crecimiento o la inflación y más en elementos asociados a regulaciones, presupuestarias o fiscales. Aun así, y buscando siempre modular el grado de responsabilidad directa por los hitos que se van a enumerar, tiene sentido plantear esta columna como un ejercicio útil para asignar en el debe o en el haber del gobierno lo que por naturaleza le corresponde. Aviso, además, que no es una lista cerrada, pero sí recoge algunos de los hitos económicos y políticos que considero más relevantes de estos tres años.
Vamos primero con los datos más macro. Cuando decimos que la economía española va bien, decimos que tanto el crecimiento como la creación de empleo han sido claramente positivos. A ello unimos la caída, desde la pandemia, del peso de la deuda y la reducción del déficit. Sin embargo, no es menos cierto que este crecimiento se ha caracterizado en buena parte de ser extensivo, construido sobre la acumulación de empleo y, en menor medida, sobre aumentos de la productividad. En todo caso, y dado que este déficit en la mejora de la eficiencia productiva es secular en nuestra economía, al menos en lo que va de siglo, la actual tendencia de la productividad ha mejorado en estos tres últimos años los registros medios de las dos décadas anteriores. Finalmente, este crecimiento extensivo habría sido imposible sin una inmigración que ha superado las previsiones. No cabe duda de que es por este factor donde, por acción u omisión, la responsabilidad de estos datos del gobierno se hace más evidente.
Pero si queremos encontrar un lote de políticas en las que el Gobierno tiene plena responsabilidad o, cuando menos, una elevada capacidad de influencia es entre los instrumentos de política distributiva. Por ejemplo, hablemos primero de la inflación. La legislatura ha estado profundamente marcada por la necesaria respuesta ante dos shocks de precios desconocidos por décadas. Mientras el primero ya estaba iniciado cuando fuimos por última vez a las urnas, ambos han exigido del Consejo de Ministros decisiones importantes. Así, mientras las causas de ambos shocks son ajenas al ejecutivo, las respuestas sí fueron idiosincrásicas, por lo que conviene analizar sus consecuencias.
Algunas de las medidas de los llamados escudos sociales tuvieron un impacto que, según cada caso, fue desigual. Por mencionar algunas, sabemos por evaluaciones que la rebaja de 20 céntimos en los carburantes generó efectos redistributivos adversos, así como una consolidación del poder de mercado de algunas empresas. La excepción ibérica, por el contrario, y aun con efectos perversos como la subvención indirecta de la electricidad en Francia, redujo sustancialmente la factura eléctrica de los españoles, contuvo la inflación y ayudó más a las familias más desfavorecidas. Estas acciones, junto con otras de menor entidad, ayudaron a que el anterior episodio inflacionario fuera algo más moderado en nuestro país que en el resto de Europa. Aquí podemos dar un punto positivo al gobierno.
Sin embargo, la evolución de los salarios no fue la óptima, debido en buena parte al anterior modelo de crecimiento descrito. El saldo de la legislatura es de una pérdida de poder adquisitivo, aunque, cuando ya estábamos a punto de saldar la cuenta a inicios de este año, un nuevo shock nos ha hecho perder varios meses de recuperación. A esto añadamos la progresividad en frío y la subida de la carga asociada a las cotizaciones, que han reducido el sueldo disponible después de impuestos. Paliando parcialmente lo anterior, la subida del SMI, quizás la política con autoría más nítida de toda la etapa en temas de ingresos, ayudó en parte a mejorar el poder adquisitivo de los que menos ganaban, reduciendo la desigualdad mientras apelotonaba a buena parte de los trabajadores de bajos salarios en el nivel que se fijaba por norma como mínimo exigible.
Relacionado con lo ya comentado, la regularización realizada en el verano de 2026 tendrá, sin duda, efectos tanto en recaudación como en afiliación favoreciendo sobre todo a los grupos que a partir de ahora entran en vías legales de empleo. Es pronto para medir sus efectos, pero no para formular hipótesis contrastables y estas, en general, son positivas.
En el debe del Gobierno debemos incluir otras políticas que o no han resuelto o han agravado problemas menos coyunturales. Así, 2026 es el tercer año con las cuentas presupuestarias de 2023 prorrogadas, mientras la senda de estabilidad fue rechazada dos veces. Y es que gobernar con presupuestos prorrogados es posible, pero planificar con ellos, bastante menos. Y todo ello en medio de la ejecución de fondos más importante en décadas para España.
Vayamos a la gestión de los fondos europeos. Sin duda, y como se esperaba, estos han puesto en evidencia que la gestión administrativa sigue siendo muy mejorable. Al cierre del MRR, el 31 de agosto de 2026, queda una parte sustancial sin ejecutar, aunque poco sin movilizar. Aunque es de justicia mencionar que el gobierno central ha avanzado más rápidamente que otras administraciones, la planificación y la modificación de procedimientos y bases legales podrían haberse acometido mediante impulsos legislativos como la reforma de la función pública o de la Ley de Contratos del Sector Público, estructuras legales que limitan más que ayudan a la rápida ejecución de estos y otros fondos.
Finalmente, tenemos que hablar de la vivienda, detonante del adelanto electoral y tema principal sobre el que pivotará buena parte de la campaña del 29-N. Los datos que conocemos del sector solo han certificado que es el principal problema económico de la legislatura y la causa de su final. Sin embargo, y aunque la legislación de base es nacional, la responsabilidad de este fracaso debe repartirse en función de las competencias, en buena parte propiedad de regiones y municipios. A esto añadamos una nota sobre el apagón del 28 de abril de 2025, que, aunque de origen multifactorial y de responsabilidad indirecta, como regulador y accionista público, podría considerarse uno de esos eventos que añaden un nota en el debe.
Si ordenamos todo lo anterior, el resultado se parece poco al relato que escucharemos durante la campaña. Los datos de crecimiento, empleo o déficit se deben tanto a elementos coyunturales de difícil control como a decisiones, como la migratoria, que han tenido una enorme influencia en dichas cifras. Allí donde el margen de actuación sí era amplio, en las decisiones distributivas y, sobre todo, en la capacidad de aprobar presupuestos, gestionar los fondos europeos o legislar sobre vivienda, los resultados han sido desiguales con muchos claros y otras tantas sombras.
De esta asimetría no se desprende un veredicto cerrado sobre la legislatura, pero sí una pista sobre la pregunta que convendría hacerse antes del 29-N. Quizá no sea tanto cuánto ha crecido España en estos tres años como qué ha hecho el Gobierno con aquello que sí dependía de él. Y es una pregunta que habría que trasladar también a quienes aspiran a sustituirlo, porque buena parte de los problemas que han terminado con esta legislatura, empezando por la vivienda, seguirán sobre la mesa el 30 de noviembre. E intuyo, por el debate que se inicia, que de momento no hay mucha propuesta que ayude a ser optimista. De ningún lado.
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