El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana que se negó a hablar en catalán a una ciudadana durante una intervención policial y que calificó de «fascista» y «totalitaria» su insistencia en ser atendida en esta lengua. El consistorio, sin embargo, precisa que el castigo responde al «trato inadecuado» dispensado por el policía a la mujer, según han explicado fuentes municipales a Ep.Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025, cuando la afectada caminaba de noche por la Rambla Prim de Barcelona acompañada de dos amigos. Según el relato de Plataforma per la Llengua, que ha impulsado la denuncia, los agentes les solicitaron la documentación porque supuestamente pretendían acceder a una zona cortada al paso. La mujer pidió explicaciones sobre la identificación policial y reclamó reiteradamente que el agente se dirigiera a ella en catalán.La intervención quedó grabada en un vídeo que la entidad ha difundido este jueves. En las imágenes se escucha al policía negarse a utilizar el catalán y afirmar que «es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere». También consideró «totalitaria» la exigencia de la mujer, a la que se dirige con corrección en todo momento, como se aprecia en el video difundido por la entidad.La organización en defensa del catalán presentó en diciembre de 2025 una denuncia formal ante el Ayuntamiento por considerar que la actuación vulneraba los derechos lingüísticos de la ciudadana, reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la normativa municipal.Tras conocer los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana abrió una investigación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes. Según el Ayuntamiento, durante la intervención se produjeron «actitudes y expresiones que fueron consideradas como incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo».El consistorio sostiene que mantiene su compromiso con la garantía de los derechos lingüísticos y recuerda que la Jefatura de la Guardia Urbana ha reiterado recientemente a sus agentes que, con carácter general, la primera interacción verbal con los ciudadanos debe realizarse en catalán. De hecho, el pasado octubre se distribuyó una circular interna con instrucciones sobre el uso de esta lengua en las actuaciones policiales.Durante el mismo episodio, la mujer fue sancionada por la Guardia Urbana por presuntamente «increpar y menospreciar a los agentes». Plataforma per la Llengua sostiene que la denuncia policial atribuye a la afectada comportamientos que no se produjeron y que esta se limitó a reclamar sus derechos lingüísticos.Después de que el Ayuntamiento rechazara las alegaciones presentadas contra la multa, la organización llevó el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora confía en utilizar la resolución disciplinaria contra el policía para reforzar la defensa de la mujer y conseguir que se anule la sanción que le fue impuesta.El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha celebrado la decisión municipal porque considera que demuestra que las discriminaciones lingüísticas policiales «no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor». A su juicio, cuando un ciudadano reclama ser atendido en catalán por un empleado público, la Administración tiene la obligación de garantizar ese derecho.La entidad subraya que la resolución resulta especialmente relevante porque, según denuncia, la mayoría de las reclamaciones por discriminación lingüística en el ámbito policial acaban archivadas. De acuerdo con sus propios registros, entre 2021 y octubre de 2026 recibió 269 quejas contra distintos cuerpos policiales, de las que 33 correspondían a la Guardia Urbana de Barcelona, 40 a los Mossos d’Esquadra y 141 a la Policía Nacional.La organización considera que el expediente debería servir de precedente para que las administraciones investiguen las denuncias de esta naturaleza y sancionen las conductas que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana que se negó a hablar en catalán a una ciudadana durante una intervención policial y que calificó de «fascista» y «totalitaria» su insistencia en ser atendida en esta lengua. El consistorio, sin embargo, precisa que el castigo responde al «trato inadecuado» dispensado por el policía a la mujer, según han explicado fuentes municipales a Ep.Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025, cuando la afectada caminaba de noche por la Rambla Prim de Barcelona acompañada de dos amigos. Según el relato de Plataforma per la Llengua, que ha impulsado la denuncia, los agentes les solicitaron la documentación porque supuestamente pretendían acceder a una zona cortada al paso. La mujer pidió explicaciones sobre la identificación policial y reclamó reiteradamente que el agente se dirigiera a ella en catalán.La intervención quedó grabada en un vídeo que la entidad ha difundido este jueves. En las imágenes se escucha al policía negarse a utilizar el catalán y afirmar que «es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere». También consideró «totalitaria» la exigencia de la mujer, a la que se dirige con corrección en todo momento, como se aprecia en el video difundido por la entidad.La organización en defensa del catalán presentó en diciembre de 2025 una denuncia formal ante el Ayuntamiento por considerar que la actuación vulneraba los derechos lingüísticos de la ciudadana, reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la normativa municipal.Tras conocer los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana abrió una investigación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes. Según el Ayuntamiento, durante la intervención se produjeron «actitudes y expresiones que fueron consideradas como incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo».El consistorio sostiene que mantiene su compromiso con la garantía de los derechos lingüísticos y recuerda que la Jefatura de la Guardia Urbana ha reiterado recientemente a sus agentes que, con carácter general, la primera interacción verbal con los ciudadanos debe realizarse en catalán. De hecho, el pasado octubre se distribuyó una circular interna con instrucciones sobre el uso de esta lengua en las actuaciones policiales.Durante el mismo episodio, la mujer fue sancionada por la Guardia Urbana por presuntamente «increpar y menospreciar a los agentes». Plataforma per la Llengua sostiene que la denuncia policial atribuye a la afectada comportamientos que no se produjeron y que esta se limitó a reclamar sus derechos lingüísticos.Después de que el Ayuntamiento rechazara las alegaciones presentadas contra la multa, la organización llevó el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ahora confía en utilizar la resolución disciplinaria contra el policía para reforzar la defensa de la mujer y conseguir que se anule la sanción que le fue impuesta.El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha celebrado la decisión municipal porque considera que demuestra que las discriminaciones lingüísticas policiales «no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor». A su juicio, cuando un ciudadano reclama ser atendido en catalán por un empleado público, la Administración tiene la obligación de garantizar ese derecho.La entidad subraya que la resolución resulta especialmente relevante porque, según denuncia, la mayoría de las reclamaciones por discriminación lingüística en el ámbito policial acaban archivadas. De acuerdo con sus propios registros, entre 2021 y octubre de 2026 recibió 269 quejas contra distintos cuerpos policiales, de las que 33 correspondían a la Guardia Urbana de Barcelona, 40 a los Mossos d’Esquadra y 141 a la Policía Nacional.La organización considera que el expediente debería servir de precedente para que las administraciones investiguen las denuncias de esta naturaleza y sancionen las conductas que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana que se negó a hablar en catalán a una ciudadana durante una intervención policial y que calificó de «fascista» y «totalitaria» su insistencia … en ser atendida en esta lengua. El consistorio, sin embargo, precisa que el castigo responde al «trato inadecuado» dispensado por el policía a la mujer, según han explicado fuentes municipales a Ep.
Los hechos se remontan al 13 de julio de 2025, cuando la afectada caminaba de noche por la Rambla Prim de Barcelona acompañada de dos amigos. Según el relato de Plataforma per la Llengua, que ha impulsado la denuncia, los agentes les solicitaron la documentación porque supuestamente pretendían acceder a una zona cortada al paso. La mujer pidió explicaciones sobre la identificación policial y reclamó reiteradamente que el agente se dirigiera a ella en catalán.
La intervención quedó grabada en un vídeo que la entidad ha difundido este jueves. En las imágenes se escucha al policía negarse a utilizar el catalán y afirmar que «es muy de fascistas obligar a la gente a hablar en lo que no quiere». También consideró «totalitaria» la exigencia de la mujer, a la que se dirige con corrección en todo momento, como se aprecia en el video difundido por la entidad.
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La organización en defensa del catalán presentó en diciembre de 2025 una denuncia formal ante el Ayuntamiento por considerar que la actuación vulneraba los derechos lingüísticos de la ciudadana, reconocidos en el Estatuto de Autonomía y en la normativa municipal.
Tras conocer los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana abrió una investigación y trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes. Según el Ayuntamiento, durante la intervención se produjeron «actitudes y expresiones que fueron consideradas como incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo».
El consistorio sostiene que mantiene su compromiso con la garantía de los derechos lingüísticos y recuerda que la Jefatura de la Guardia Urbana ha reiterado recientemente a sus agentes que, con carácter general, la primera interacción verbal con los ciudadanos debe realizarse en catalán. De hecho, el pasado octubre se distribuyó una circular interna con instrucciones sobre el uso de esta lengua en las actuaciones policiales.
Durante el mismo episodio, la mujer fue sancionada por la Guardia Urbana por presuntamente «increpar y menospreciar a los agentes». Plataforma per la Llengua sostiene que la denuncia policial atribuye a la afectada comportamientos que no se produjeron y que esta se limitó a reclamar sus derechos lingüísticos.
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El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha celebrado la decisión municipal porque considera que demuestra que las discriminaciones lingüísticas policiales «no son una percepción subjetiva ni una cuestión menor». A su juicio, cuando un ciudadano reclama ser atendido en catalán por un empleado público, la Administración tiene la obligación de garantizar ese derecho.
La entidad subraya que la resolución resulta especialmente relevante porque, según denuncia, la mayoría de las reclamaciones por discriminación lingüística en el ámbito policial acaban archivadas. De acuerdo con sus propios registros, entre 2021 y octubre de 2026 recibió 269 quejas contra distintos cuerpos policiales, de las que 33 correspondían a la Guardia Urbana de Barcelona, 40 a los Mossos d’Esquadra y 141 a la Policía Nacional.
La organización considera que el expediente debería servir de precedente para que las administraciones investiguen las denuncias de esta naturaleza y sancionen las conductas que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
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