El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo reactivará tras el verano la tramitación de la nueva Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, un organismo que dirimirá las reclamaciones de los clientes contra los bancos sin necesidad de acudir a los tribunales. La iniciativa espera su puesta en marcha desde hace más de cuatro años, postergada primero por la convocatoria de elecciones anticipadas en julio de 2023 y por el bloqueo parlamentario que se produce desde entonces.
La Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, que se pondrá en marcha tras cuatro años de bloqueo, recogerá las quejas de menos de 20.000 euros
El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo reactivará tras el verano la tramitación de la nueva Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, un organismo que dirimirá las reclamaciones de los clientes contra los bancos sin necesidad de acudir a los tribunales. La iniciativa espera su puesta en marcha desde hace más de cuatro años, postergada primero por la convocatoria de elecciones anticipadas en julio de 2023 y por el bloqueo parlamentario que se produce desde entonces.
Este organismo fue concebido como una ventanilla única para que los clientes financieros pudiesen reclamar a bancos, aseguradoras y firmas de inversión, centralizando funciones que actualmente ostentan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Resolverán las reclamaciones en menos de 90 días y su decisión será vinculante, sin necesidad de acudir a otras autoridades, en reclamaciones de una cuantía inferior a los 20.000 euros. Para asuntos que impliquen cantidades superiores podrá realizar informes periciales.
Entre las cuestiones a dirimir están posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o la abusividad de las cláusulas de contratos financieros. En 2025 el Banco de España recibió 30.970 reclamaciones, de acuerdo a los datos publicados esta misma semana en su Memoria de Reclamaciones. Si bien la cifra se redujo un 30% con respecto al año anterior, destaca especialmente un crecimiento de un 18% de las relativas a fraudes bancarios.
La puesta en marcha de este nuevo supervisor data de los tiempos de Nadia Calviño como ministra de Economía. Anunció su puesta en marcha en abril de 2022, cuando el Consejo de Ministros lo aprobó por primera vez. Entonces estuvo a punto de ver la luz, pero la citada disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales la llevó de nuevo al punto de partida. Una vez que se formó un nuevo Ejecutivo, Economía relanzó el proyecto a finales de ese mismo año 2023 y preveía que en 2024 estuviera ya constituido. La realidad ha sido más complicada.
Una vez el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto por segunda vez, este llegó al Congreso de los Diputados. Sí superó el paso de las enmiendas a la totalidad, que, si hubiese prosperado, habría supuesto devolver el proyecto al Gobierno. Pero después de eso ha languidecido durante dos años en el trámite de las enmiendas parciales.
El ministerio busca poner fin a esta dilación y ha anunciado que avanzará en la tramitación parlamentaria al llevar el asunto a la Comisión de Economía en septiembre, paso previo para su aprobación definitiva por el pleno del Congreso, tal y como ha anunciado Cuerpo al término de la reunión periódica con asociaciones bancarias y de usuarios sobre inclusión financiera, mantenida este viernes. La ley que creará la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero se enfrentará, en los últimos compases de la legislatura, a la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que ha impedido la aprobación de varias leyes y decretos. En la anterior legislatura la iniciativa contó con la abstención del PP, lo que facilitaría su tramitación.
El proyecto ha sido controvertido desde el inicio. Ha contado con una férrea oposición de las dos patronales bancarias, la Asociación Española de Banca (AEB) y la de las antiguas cajas de ahorro (Ceca). Aprecian este nuevo organismo como una nueva complejidad extra a su operativa diaria, así como un posible nuevo foco de litigiosidad tras las disputas enfrentadas por la comercialización de productos como las hipotecas con cláusula suelo o las preferentes. También critican la financiación del mismo, a través de una tasa de 250 euros por reclamación que tendrán que abonar los bancos.
“Ya dijimos que no considerábamos necesario crear un organismo nuevo. Considerábamos mejor opción, en línea con lo que se ha hecho en otros países, que se mejorara o se ajustaran algunos aspectos de lo que hay en el Banco de España, la CNMV y en la Dirección general de Seguros. La única experiencia parecida es la que tenemos en el Reino Unido, que fue diseñada para 300 trabajadores y con el objetivo de disminuir la litigiosidad, y una vez puesta en marcha, tanto la estructura como el número de reclamaciones se ha multiplicado“, apuntaba Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, en una de las últimas intervenciones sobre el asunto.
Pero la creación de este organismo no ha contado solo con el rechazo del sector bancario, sino también de otros supervisores, como el Banco de España y la CNMV. De un lado, ven cómo puede suponer la reducción de funciones y ven con mejores ojos la creación de un sistema de supervisión conocido en la jerga como twin peaks. Es decir, un organismo encargado de vigilar la conducta de las entidades financieras y protección de la clientela y otro de solvencia.
El anterior gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, criticó la puesta en marcha de este organismo. En su opinión, su mencionado modelo de financiación provocaría un incremento de la litigiosidad entre bancos y clientes y proponía que fuese abonada por quien obtuviese una resolución contraria. No obstante, desde la anterior tramitación de la norma han cambiado tanto la cúpula de este organismo como la de la CNMV. Ni el actual gobernador, José Luis Escrivá, quien estaba en el Gobierno cuando lo autorizó el Consejo de Ministros, ni Carlos San Basilio se han pronunciado al respecto.
Economía en EL PAÍS
