La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur) ha anunciado su rechazo frontal a una subida del IVA del 21% que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer a las viviendas de uso turístico. La entidad sostiene que la medida no ayudará a resolver la crisis habitacional, trasladará el coste a los viajeros y abrirá una brecha fiscal con los hoteles, que tributan al tipo reducido del 10%.El PSOE y Sumar han acordado las líneas centrales de un Real decreto-ley de vivienda que prevén aprobar el próximo martes, 28 de julio, y que, junto a la prórroga de determinados contratos de alquiler y la regulación de los arrendamientos de temporada, incluirá el gravamen del 21% para los pisos turísticos. Una decisión ante la que Federatur se ha posicionado en contra, hoy, a través de un comunicado.La iniciativa había sido adelantada por el Ejecutivo a finales de junio como parte de un paquete destinado, según la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a reducir los precios del alquiler e incrementar la oferta de vivienda asequible. Una medida, en cualquier caso, que se arrastra desde, por lo menos, 2025. Entre las medidas del segundo bloque anunciado por Saiz, la Moncloa situó expresamente la elevación del IVA para las viviendas de uso turístico. Federatur, por su parte, comparte la necesidad de adoptar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, pero rechaza que esa finalidad justifique cualquier intervención fiscal. A juicio de la asociación, encarecer la tributación de las viviendas de uso turístico (VUT) no provocará que sus propietarios las trasladen al mercado residencial y sí elevará el precio que pagan miles de familias por alojarse durante sus vacaciones.«Compartimos la necesidad de adoptar medidas que mejoren el acceso a la vivienda, pero cargar un IVA del 21% sobre las viviendas de uso turístico no resolverá ese problema. Lo único que conseguirá será encarecer las vacaciones de miles de familias que encuentran en esta modalidad una opción de alojamiento asequible», ha señalado el presidente de Federatur, David Riba.La organización centra su ofensiva en la diferencia de trato entre modalidades que, según apuntan, prestan servicios equivalentes y compiten por los mismos clientes. «No pedimos un trato de favor; pedimos igualdad de trato. Si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no existe ninguna razón para que soporten una carga fiscal distinta», añade Riba.Una tributación que depende de los serviciosEl régimen vigente, sin embargo, obliga a distinguir entre el mero alquiler de una vivienda y la prestación de servicios propios de la hostelería. La Agencia Tributaria establece que los alojamientos turísticos en los que el arrendador no ofrece servicios hoteleros están exentos de IVA y quedan sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Cuando sí existe una actividad equiparable al hospedaje —con atención continuada al cliente, limpieza periódica durante la estancia o cambios periódicos de ropa de cama y baño—, el alquiler tributa al 10%. La limpieza realizada únicamente al comienzo y al final de la estancia o el cambio de ropa limitado a esos dos momentos no son considerados, por sí solos, servicios propios de la industria hotelera. Este criterio matiza la afirmación de Federatur de que la mayoría de las viviendas turísticas ya aplica el tipo reducido por ofrecer limpieza, ropa de cama u otras prestaciones complementarias.La patronal reclama, en cualquier caso, que el futuro modelo consolide el 10% para el alojamiento turístico y no aplique de manera generalizada el tipo ordinario. Su tesis es que el principio europeo de neutralidad fiscal impide gravar de forma distinta servicios similares únicamente por la forma jurídica o empresarial bajo la que se prestan.La patronal reclama consolidar el 10% para el alojamiento turístico y equiparar este impuesto al de los hotelesEl conflicto fiscal llega, además, cuando el sector afronta una presión regulatoria creciente en Cataluña que prácticamente impide este negocio. Desde 2023, la Generalitat exige licencia urbanística previa y autorización turística en los municipios con problemas de acceso a la vivienda o riesgo de concentración de alojamientos turísticos. La normativa obliga a los ayuntamientos afectados a justificar que disponen de suelo suficiente para residencia habitual y fija como referencia máxima diez viviendas turísticas por cada cien habitantes.El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Jaume Collboni (PSC), ha ido más lejos y mantiene su propósito de no renovar a partir de 2028 las licencias de cerca de 10.000 viviendas de uso turístico actualmente legales. Una medida que puede acabar en los tribunales, por un lado, porque podría no tener encjae legal, y, por otro, por la compensación económica que exigirián los titulares de la licencia turística. La subida del IVA añadiría así una nueva carga al proceso de reducción progresiva de esta oferta impulsado desde el ámbito autonómico y municipal.El horizonte europeo de 2028Federatur también cuestiona el calendario escogido por el Gobierno. La Directiva europea 2025/516, incluida en el paquete denominado ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA), reforma el tratamiento del IVA en la economía de plataformas y considera que los alquileres de corta duración, con carácter general hasta un máximo de 30 noches, desempeñan una función similar a la del sector hotelero.La reforma europea pretende que las plataformas digitales recauden e ingresen el impuesto cuando los proveedores particulares o pequeños operadores que utilizan sus servicios no estén obligados a hacerlo. El objetivo declarado por las instituciones comunitarias es reducir las diferencias competitivas entre los alojamientos ofertados a través de plataformas y los establecimientos tradicionales sujetos al IVA. Buena parte de estas disposiciones deberá aplicarse desde julio de 2028. Federatur sostiene que anticipar ahora una reforma española, sin esperar al desarrollo nacional del paquete ViDA, puede generar inseguridad jurídica, duplicidades y nuevas distorsiones en función del tratamiento que finalmente reciban los propietarios, los gestores profesionales y las plataformas.La organización avisa de que serán los viajeros quienes absorban una parte sustancial de la subida impositivaLa asociación también atribuye al Gobierno una contradicción con la posición que España habría mantenido durante las negociaciones europeas. Según Federatur, el Ejecutivo defendió entonces que los alquileres de corta duración competían directamente con los hoteles y que era necesario corregir las diferencias tributarias entre ambos modelos. La entidad entiende que ese planteamiento resulta incompatible con imponer ahora un 21% a las VUT mientras los establecimientos hoteleros mantienen el 10%.Con el detalle del texto del Real decreto-ley aún pendiente de conocerse, Federatur reclama a los grupos parlamentarios que rechacen el IVA del 21% durante su convalidación en el Congreso. La organización avisa de que la batalla no afectará únicamente a los propietarios y gestores de pisos turísticos: sostiene que serán los viajeros quienes terminen absorbiendo una parte sustancial de la subida mediante el encarecimiento de las tarifas.Fomento y Pimec, alineadosPor su parte, Fomento del Trabajo también ha lamentado la iniciativa del Ejecutivo de Sánchez y comparte con Federatur la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a afrontar la crisis habitacional, pero «la legitimidad de este objetivo no justifica cualquier medida reguladora, especialmente cuando ésta no resulta eficaz para alcanzar la finalidad perseguida».En una nota, la entidad que preside Josep Sánchez Llibre ha defendido que cualquier reforma fiscal «debe responder a criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica». Y ha criticado aplicar un tipo impositivo distinto a modalidades de alojamiento que compiten en un mismo mercado, en referencia a los hoteles, entre otros tipos de alojamientos.Pimec Turisme ha reclamado, en la misma línea, «una reforma fiscal coherente que no comprometa la competitividad del sector turístico», ya que esta medida, en opinión de esta entidad, penalizará a las empresas que operan legalmente y acabará repercutiendo sobre las familias y la competitividad de Cataluña como destino turístico.La nueva medida «comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad y una mayor inseguridad jurídica» En este sentido, Pimec apoya el posicionamiento técnico presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Federatur y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), que ponen de manifiesto que esta modificación tributaria no contribuirá a incrementar la oferta de vivienda residencial. «Comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad frente a otros destinos y una mayor inseguridad jurídica para las empresas», añade. La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur) ha anunciado su rechazo frontal a una subida del IVA del 21% que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer a las viviendas de uso turístico. La entidad sostiene que la medida no ayudará a resolver la crisis habitacional, trasladará el coste a los viajeros y abrirá una brecha fiscal con los hoteles, que tributan al tipo reducido del 10%.El PSOE y Sumar han acordado las líneas centrales de un Real decreto-ley de vivienda que prevén aprobar el próximo martes, 28 de julio, y que, junto a la prórroga de determinados contratos de alquiler y la regulación de los arrendamientos de temporada, incluirá el gravamen del 21% para los pisos turísticos. Una decisión ante la que Federatur se ha posicionado en contra, hoy, a través de un comunicado.La iniciativa había sido adelantada por el Ejecutivo a finales de junio como parte de un paquete destinado, según la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a reducir los precios del alquiler e incrementar la oferta de vivienda asequible. Una medida, en cualquier caso, que se arrastra desde, por lo menos, 2025. Entre las medidas del segundo bloque anunciado por Saiz, la Moncloa situó expresamente la elevación del IVA para las viviendas de uso turístico. Federatur, por su parte, comparte la necesidad de adoptar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, pero rechaza que esa finalidad justifique cualquier intervención fiscal. A juicio de la asociación, encarecer la tributación de las viviendas de uso turístico (VUT) no provocará que sus propietarios las trasladen al mercado residencial y sí elevará el precio que pagan miles de familias por alojarse durante sus vacaciones.«Compartimos la necesidad de adoptar medidas que mejoren el acceso a la vivienda, pero cargar un IVA del 21% sobre las viviendas de uso turístico no resolverá ese problema. Lo único que conseguirá será encarecer las vacaciones de miles de familias que encuentran en esta modalidad una opción de alojamiento asequible», ha señalado el presidente de Federatur, David Riba.La organización centra su ofensiva en la diferencia de trato entre modalidades que, según apuntan, prestan servicios equivalentes y compiten por los mismos clientes. «No pedimos un trato de favor; pedimos igualdad de trato. Si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no existe ninguna razón para que soporten una carga fiscal distinta», añade Riba.Una tributación que depende de los serviciosEl régimen vigente, sin embargo, obliga a distinguir entre el mero alquiler de una vivienda y la prestación de servicios propios de la hostelería. La Agencia Tributaria establece que los alojamientos turísticos en los que el arrendador no ofrece servicios hoteleros están exentos de IVA y quedan sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Cuando sí existe una actividad equiparable al hospedaje —con atención continuada al cliente, limpieza periódica durante la estancia o cambios periódicos de ropa de cama y baño—, el alquiler tributa al 10%. La limpieza realizada únicamente al comienzo y al final de la estancia o el cambio de ropa limitado a esos dos momentos no son considerados, por sí solos, servicios propios de la industria hotelera. Este criterio matiza la afirmación de Federatur de que la mayoría de las viviendas turísticas ya aplica el tipo reducido por ofrecer limpieza, ropa de cama u otras prestaciones complementarias.La patronal reclama, en cualquier caso, que el futuro modelo consolide el 10% para el alojamiento turístico y no aplique de manera generalizada el tipo ordinario. Su tesis es que el principio europeo de neutralidad fiscal impide gravar de forma distinta servicios similares únicamente por la forma jurídica o empresarial bajo la que se prestan.La patronal reclama consolidar el 10% para el alojamiento turístico y equiparar este impuesto al de los hotelesEl conflicto fiscal llega, además, cuando el sector afronta una presión regulatoria creciente en Cataluña que prácticamente impide este negocio. Desde 2023, la Generalitat exige licencia urbanística previa y autorización turística en los municipios con problemas de acceso a la vivienda o riesgo de concentración de alojamientos turísticos. La normativa obliga a los ayuntamientos afectados a justificar que disponen de suelo suficiente para residencia habitual y fija como referencia máxima diez viviendas turísticas por cada cien habitantes.El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Jaume Collboni (PSC), ha ido más lejos y mantiene su propósito de no renovar a partir de 2028 las licencias de cerca de 10.000 viviendas de uso turístico actualmente legales. Una medida que puede acabar en los tribunales, por un lado, porque podría no tener encjae legal, y, por otro, por la compensación económica que exigirián los titulares de la licencia turística. La subida del IVA añadiría así una nueva carga al proceso de reducción progresiva de esta oferta impulsado desde el ámbito autonómico y municipal.El horizonte europeo de 2028Federatur también cuestiona el calendario escogido por el Gobierno. La Directiva europea 2025/516, incluida en el paquete denominado ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA), reforma el tratamiento del IVA en la economía de plataformas y considera que los alquileres de corta duración, con carácter general hasta un máximo de 30 noches, desempeñan una función similar a la del sector hotelero.La reforma europea pretende que las plataformas digitales recauden e ingresen el impuesto cuando los proveedores particulares o pequeños operadores que utilizan sus servicios no estén obligados a hacerlo. El objetivo declarado por las instituciones comunitarias es reducir las diferencias competitivas entre los alojamientos ofertados a través de plataformas y los establecimientos tradicionales sujetos al IVA. Buena parte de estas disposiciones deberá aplicarse desde julio de 2028. Federatur sostiene que anticipar ahora una reforma española, sin esperar al desarrollo nacional del paquete ViDA, puede generar inseguridad jurídica, duplicidades y nuevas distorsiones en función del tratamiento que finalmente reciban los propietarios, los gestores profesionales y las plataformas.La organización avisa de que serán los viajeros quienes absorban una parte sustancial de la subida impositivaLa asociación también atribuye al Gobierno una contradicción con la posición que España habría mantenido durante las negociaciones europeas. Según Federatur, el Ejecutivo defendió entonces que los alquileres de corta duración competían directamente con los hoteles y que era necesario corregir las diferencias tributarias entre ambos modelos. La entidad entiende que ese planteamiento resulta incompatible con imponer ahora un 21% a las VUT mientras los establecimientos hoteleros mantienen el 10%.Con el detalle del texto del Real decreto-ley aún pendiente de conocerse, Federatur reclama a los grupos parlamentarios que rechacen el IVA del 21% durante su convalidación en el Congreso. La organización avisa de que la batalla no afectará únicamente a los propietarios y gestores de pisos turísticos: sostiene que serán los viajeros quienes terminen absorbiendo una parte sustancial de la subida mediante el encarecimiento de las tarifas.Fomento y Pimec, alineadosPor su parte, Fomento del Trabajo también ha lamentado la iniciativa del Ejecutivo de Sánchez y comparte con Federatur la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a afrontar la crisis habitacional, pero «la legitimidad de este objetivo no justifica cualquier medida reguladora, especialmente cuando ésta no resulta eficaz para alcanzar la finalidad perseguida».En una nota, la entidad que preside Josep Sánchez Llibre ha defendido que cualquier reforma fiscal «debe responder a criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica». Y ha criticado aplicar un tipo impositivo distinto a modalidades de alojamiento que compiten en un mismo mercado, en referencia a los hoteles, entre otros tipos de alojamientos.Pimec Turisme ha reclamado, en la misma línea, «una reforma fiscal coherente que no comprometa la competitividad del sector turístico», ya que esta medida, en opinión de esta entidad, penalizará a las empresas que operan legalmente y acabará repercutiendo sobre las familias y la competitividad de Cataluña como destino turístico.La nueva medida «comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad y una mayor inseguridad jurídica» En este sentido, Pimec apoya el posicionamiento técnico presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Federatur y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), que ponen de manifiesto que esta modificación tributaria no contribuirá a incrementar la oferta de vivienda residencial. «Comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad frente a otros destinos y una mayor inseguridad jurídica para las empresas», añade.
La Federación Catalana de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Federatur) ha anunciado su rechazo frontal a una subida del IVA del 21% que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer a las viviendas de uso turístico. La entidad sostiene que la medida no ayudará … a resolver la crisis habitacional, trasladará el coste a los viajeros y abrirá una brecha fiscal con los hoteles, que tributan al tipo reducido del 10%.
El PSOE y Sumar han acordado las líneas centrales de un Real decreto-ley de vivienda que prevén aprobar el próximo martes, 28 de julio, y que, junto a la prórroga de determinados contratos de alquiler y la regulación de los arrendamientos de temporada, incluirá el gravamen del 21% para los pisos turísticos. Una decisión ante la que Federatur se ha posicionado en contra, hoy, a través de un comunicado.
La iniciativa había sido adelantada por el Ejecutivo a finales de junio como parte de un paquete destinado, según la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, a reducir los precios del alquiler e incrementar la oferta de vivienda asequible. Una medida, en cualquier caso, que se arrastra desde, por lo menos, 2025. Entre las medidas del segundo bloque anunciado por Saiz, la Moncloa situó expresamente la elevación del IVA para las viviendas de uso turístico.
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Federatur, por su parte, comparte la necesidad de adoptar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, pero rechaza que esa finalidad justifique cualquier intervención fiscal. A juicio de la asociación, encarecer la tributación de las viviendas de uso turístico (VUT) no provocará que sus propietarios las trasladen al mercado residencial y sí elevará el precio que pagan miles de familias por alojarse durante sus vacaciones.
«Compartimos la necesidad de adoptar medidas que mejoren el acceso a la vivienda, pero cargar un IVA del 21% sobre las viviendas de uso turístico no resolverá ese problema. Lo único que conseguirá será encarecer las vacaciones de miles de familias que encuentran en esta modalidad una opción de alojamiento asequible», ha señalado el presidente de Federatur, David Riba.
La organización centra su ofensiva en la diferencia de trato entre modalidades que, según apuntan, prestan servicios equivalentes y compiten por los mismos clientes. «No pedimos un trato de favor; pedimos igualdad de trato. Si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no existe ninguna razón para que soporten una carga fiscal distinta», añade Riba.
Una tributación que depende de los servicios
El régimen vigente, sin embargo, obliga a distinguir entre el mero alquiler de una vivienda y la prestación de servicios propios de la hostelería. La Agencia Tributaria establece que los alojamientos turísticos en los que el arrendador no ofrece servicios hoteleros están exentos de IVA y quedan sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Cuando sí existe una actividad equiparable al hospedaje —con atención continuada al cliente, limpieza periódica durante la estancia o cambios periódicos de ropa de cama y baño—, el alquiler tributa al 10%.
La limpieza realizada únicamente al comienzo y al final de la estancia o el cambio de ropa limitado a esos dos momentos no son considerados, por sí solos, servicios propios de la industria hotelera. Este criterio matiza la afirmación de Federatur de que la mayoría de las viviendas turísticas ya aplica el tipo reducido por ofrecer limpieza, ropa de cama u otras prestaciones complementarias.
La patronal reclama, en cualquier caso, que el futuro modelo consolide el 10% para el alojamiento turístico y no aplique de manera generalizada el tipo ordinario. Su tesis es que el principio europeo de neutralidad fiscal impide gravar de forma distinta servicios similares únicamente por la forma jurídica o empresarial bajo la que se prestan.
La patronal reclama consolidar el 10% para el alojamiento turístico y equiparar este impuesto al de los hoteles
El conflicto fiscal llega, además, cuando el sector afronta una presión regulatoria creciente en Cataluña que prácticamente impide este negocio. Desde 2023, la Generalitat exige licencia urbanística previa y autorización turística en los municipios con problemas de acceso a la vivienda o riesgo de concentración de alojamientos turísticos. La normativa obliga a los ayuntamientos afectados a justificar que disponen de suelo suficiente para residencia habitual y fija como referencia máxima diez viviendas turísticas por cada cien habitantes.
El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Jaume Collboni (PSC), ha ido más lejos y mantiene su propósito de no renovar a partir de 2028 las licencias de cerca de 10.000 viviendas de uso turístico actualmente legales. Una medida que puede acabar en los tribunales, por un lado, porque podría no tener encjae legal, y, por otro, por la compensación económica que exigirián los titulares de la licencia turística. La subida del IVA añadiría así una nueva carga al proceso de reducción progresiva de esta oferta impulsado desde el ámbito autonómico y municipal.
El horizonte europeo de 2028
Federatur también cuestiona el calendario escogido por el Gobierno. La Directiva europea 2025/516, incluida en el paquete denominado ‘VAT in the Digital Age’ (ViDA), reforma el tratamiento del IVA en la economía de plataformas y considera que los alquileres de corta duración, con carácter general hasta un máximo de 30 noches, desempeñan una función similar a la del sector hotelero.
La reforma europea pretende que las plataformas digitales recauden e ingresen el impuesto cuando los proveedores particulares o pequeños operadores que utilizan sus servicios no estén obligados a hacerlo. El objetivo declarado por las instituciones comunitarias es reducir las diferencias competitivas entre los alojamientos ofertados a través de plataformas y los establecimientos tradicionales sujetos al IVA.
Buena parte de estas disposiciones deberá aplicarse desde julio de 2028. Federatur sostiene que anticipar ahora una reforma española, sin esperar al desarrollo nacional del paquete ViDA, puede generar inseguridad jurídica, duplicidades y nuevas distorsiones en función del tratamiento que finalmente reciban los propietarios, los gestores profesionales y las plataformas.
La organización avisa de que serán los viajeros quienes absorban una parte sustancial de la subida impositiva
La asociación también atribuye al Gobierno una contradicción con la posición que España habría mantenido durante las negociaciones europeas. Según Federatur, el Ejecutivo defendió entonces que los alquileres de corta duración competían directamente con los hoteles y que era necesario corregir las diferencias tributarias entre ambos modelos. La entidad entiende que ese planteamiento resulta incompatible con imponer ahora un 21% a las VUT mientras los establecimientos hoteleros mantienen el 10%.
Con el detalle del texto del Real decreto-ley aún pendiente de conocerse, Federatur reclama a los grupos parlamentarios que rechacen el IVA del 21% durante su convalidación en el Congreso. La organización avisa de que la batalla no afectará únicamente a los propietarios y gestores de pisos turísticos: sostiene que serán los viajeros quienes terminen absorbiendo una parte sustancial de la subida mediante el encarecimiento de las tarifas.
Fomento y Pimec, alineados
Por su parte, Fomento del Trabajo también ha lamentado la iniciativa del Ejecutivo de Sánchez y comparte con Federatur la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el acceso a la vivienda y contribuyan a afrontar la crisis habitacional, pero «la legitimidad de este objetivo no justifica cualquier medida reguladora, especialmente cuando ésta no resulta eficaz para alcanzar la finalidad perseguida».
En una nota, la entidad que preside Josep Sánchez Llibre ha defendido que cualquier reforma fiscal «debe responder a criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica». Y ha criticado aplicar un tipo impositivo distinto a modalidades de alojamiento que compiten en un mismo mercado, en referencia a los hoteles, entre otros tipos de alojamientos.
Pimec Turisme ha reclamado, en la misma línea, «una reforma fiscal coherente que no comprometa la competitividad del sector turístico», ya que esta medida, en opinión de esta entidad, penalizará a las empresas que operan legalmente y acabará repercutiendo sobre las familias y la competitividad de Cataluña como destino turístico.
La nueva medida «comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad y una mayor inseguridad jurídica»
En este sentido, Pimec apoya el posicionamiento técnico presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Federatur y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), que ponen de manifiesto que esta modificación tributaria no contribuirá a incrementar la oferta de vivienda residencial. «Comportará un encarecimiento de los alojamientos, una pérdida de competitividad frente a otros destinos y una mayor inseguridad jurídica para las empresas», añade.
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