El contrato de ciberseguridad del Estado se enreda tras el tira y afloja de TRC (Indra) y la vía judicial de Orange

El concurso público para adjudicar los servicios de ciberseguridad e interconexión de centros de datos de la Administración General del Estado sumó un sexto episodio de conflicto tras un nuevo giro en el procedimiento. La firma tecnológica madrileña TRC presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) que obligó a suspender la licitación el pasado 6 de noviembre, pero optó por retirarlo apenas seis días después, según confirmaron fuentes conocedoras del expediente. El desistimiento formal se notificó el 12 de noviembre y permite reactivar la tramitación del contrato adjudicado a Telefónica, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días.

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 La tecnológica madrileña presentó un recurso que volvió a paralizar el lote 3 de CORA III pero desistió días después, mientras que su socio francés lleva el litigio a la Audiencia Nacional  

El concurso público para adjudicar los servicios de ciberseguridad e interconexión de centros de datos de la Administración General del Estado sumó un sexto episodio de conflicto tras un nuevo giro en el procedimiento. La firma tecnológica madrileña TRC presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) que obligó a suspender la licitación el pasado 6 de noviembre, pero optó por retirarlo apenas seis días después, según confirmaron fuentes conocedoras del expediente. El desistimiento formal se notificó el 12 de noviembre y permite reactivar la tramitación del contrato adjudicado a Telefónica, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días.

Fuentes del sector explican que este movimiento de ida y vuelta en menos de una semana puede responder al reciente cambio en el accionariado de TRC, compañía participada en un 30% por Indra Group desde finales de septiembre con opción de compra hasta el 100%. TRC concurrió originalmente a esta licitación en unión temporal de empresas (UTE) junto a MasOrange y Mnemo como firma independiente, frente a la UTE de Telefónica. Sin embargo, su entrada en el perímetro de Indra modificó su posición estratégica, ya que la empresa que preside Ángel Simón es socio prioritario de Telefónica en ciberseguridad y ambas empresas se presentaron conjuntamente a otros lotes del acuerdo marco CORA III. Además, están en proceso de crear una joint venture para pujar por este tipo de concursos.

La retirada de la impugnación despeja la vía administrativa para que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública formalice la adjudicación definitiva del lote 3 a Telefónica. La UTE integrada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones y Telefónica de España figura como única licitadora en liza tras validar la mesa de contratación su solvencia técnica y económica el 28 de septiembre. El contrato cuenta con un valor estimado de 103,92 millones de euros con prórrogas incluidas y de 63,06 millones de euros sin impuestos.

El cierre del recorrido administrativo no agota el contencioso, que ahora se traslada a la vía judicial. MasOrange ha interpuesto dos recursos ante la Audiencia Nacional contra las resoluciones dictadas durante el expediente, según informan fuentes conocedoras del recurso. La operadora impugnó ante los tribunales tanto su propia exclusión del procedimiento como la decisión del tribunal administrativo de no excluir a Telefónica por incumplimientos relativos a los planes de igualdad obligatorios.

Los conflictos en torno a los planes de igualdad originaron los primeros bloqueos del concurso en 2025. La alianza formada por MasOrange (ahora Orange España), TRC y Mnemo obtuvo la adjudicación provisional el 10 de marzo de 2025 con una oferta de 55,26 millones de euros, 7,8 millones inferior a la propuesta de Telefónica. El Tacrc excluyó a esa UTE entre septiembre y octubre de 2025 tras comprobar que Mnemo carecía de un plan de igualdad inscrito en el registro oficial.

La mesa de contratación excluyó posteriormente a Telefónica el 29 de noviembre de 2025 y declaró desierta la licitación al detectar que Govertis, firma subcontratada para aportar el 1% del presupuesto, tampoco tenía registrado su plan de igualdad. Telefónica recurrió la medida al alegar que su filial Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech disponía de medios propios para ejecutar esos trabajos. El Tacrc estimó la reclamación el 30 de abril de 2026 y ordenó restituirla como adjudicataria.

El expediente sufrió una tercera interrupción el 26 de mayo de 2026 por una pérdida sobrevenida de cobertura presupuestaria tras la retirada de fondos del Imserso, el Ingesa y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC). MasOrange recurrió esa suspensión económica en junio de 2026, lo que provocó el cuarto bloqueo hasta que el tribunal administrativo inadmitió la impugnación el 29 de octubre por falta de legitimación activa de la operadora.

Mientras culmina la adjudicación definitiva, los servicios de protección informática de los ministerios continúan cubiertos mediante una prórroga forzosa de nueve meses aprobada en mayo de 2026 para los actuales proveedores, Telefónica e Indra, vigente hasta marzo de 2027. El lote 3 pertenece al acuerdo marco CORA III, presupuestado en 340 millones de euros para más de 85 organismos públicos, cuyos restantes lotes ya se adjudicaron a Telefónica (lote 1), MasOrange (lote 2) y Evolutio (lote 4).

La prórroga extraordinaria se articuló mediante un procedimiento negociado sin publicidad y contempla la opción de una ampliación adicional de otros nueve meses si persiste el retraso en la formalización del nuevo contrato. Con este mecanismo de emergencia, el departamento que dirige Óscar López mantiene operativos los sistemas críticos de seguridad gubernamental mientras concluye la tramitación ordinaria del expediente.

Las dos ofertas iniciales presentadas en marzo de 2025 empataron en la evaluación técnica antes de que el criterio económico decantara la adjudicación provisional hacia la UTE de MasOrange. Tras la posterior exclusión de esta candidatura y la readmisión de Telefónica, el procedimiento quedó sin competencia efectiva en la fase final, aunque los plazos legales permitieron a los licitadores presentar recursos hasta finales de octubre tras la validación documental de septiembre.

Por su parte, la operación corporativa entre Indra Group y TRC se ejecutó a través de la filial IndraMind y otorga al grupo tecnológico un plazo de dos años para ejercer su opción de compra sobre el 70% restante del capital. Esta alianza refuerza el posicionamiento de ambas compañías en la contratación pública de seguridad y defensa, ámbito en el que TRC también figura como adjudicataria del acuerdo marco de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa, valorado en hasta 258,4 millones de euros.

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