Abusaba de la confianza que las chicas, que sufren secuelas permanentes, tenía con él para quedarse a solas con ellas Leer Abusaba de la confianza que las chicas, que sufren secuelas permanentes, tenía con él para quedarse a solas con ellas Leer
Les quitaba la ropa interior, les manoseaba los genitales, les ponía el pene en la boca o las penetraba bucal, anal y vaginalmente. Esas son algunas de las escenas que se pueden ver en las decenas de vídeos y fotografías atribuidas al ex sacerdote malagueño, Francisco C., acusado de sedar y violar a cuatro mujeres de su entorno más cercano, unos hechos que la Fiscalía ha calificado de «deleznables» en su alegato de conclusiones en el juicio contra el padre Fran, que este viernes ha quedado visto para sentencia.
Las protagonistas de este material gráfico no son actrices, sino amigas del hoy procesado a las que, además de abusar sexualmente de ellas, habría drogado previamente para someterlas químicamente y que no recordasen estos episodios. De hecho, no eran conscientes de que las habían violado, se enteraron por la Policía. Abusaba de la confianza que las chicas, que sufren secuelas permanentes, tenían con él para quedarse a solas con ellas y grababa las agresiones «a sangre fría», ha señalado la fiscal.
El material gráfico lo clasificaba cuidadosamente en carpetas con los nombres de cada una de las chicas y lo guardaba en un disco duro en su casa. Un dispositivo que posteriormente encontró una de las compañeras sentimentales del encausado, Rocío T., que sería quien terminase denunciándolo y dando pie con ello al procedimiento judicial que se ha seguido esta semana contra este ex sacerdote al que el Obispado retiró la licencia ministerial al conocer los hechos y que se enfrenta a una condena de 72 años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual y de revelación y descubrimiento de secretos con carácter continuado. Además de otros de lesiones con el agravante de abuso de confianza y alevosía.
Mientras el acusado ha negado su participación en los hechos y ni siquiera se reconoce a sí mismo o admite que la voz en los videos sea la suya; la letrada, en sus conclusiones, ha pedido su absolución. Ha cuestionado la abogada el origen de las imágenes y ha puesto el acento en que podría haberse roto la cadena de custodia.
Así mismo, ha incidido en las «irregularidades» que refleja la forma de actuar de la denunciante que llegó a acceder a la vivienda del acusado sin su consentimiento y que lo amenazó con «arruinarle la vida» con pruebas de origen ilícito.
Ha llegado a afirmar el acusado que el material podría estar manipulado y ser fruto de un montaje orquestado por despecho por la denunciante, que se habría obsesionado con él y con formalizar una relación que el procesado -ha señalado- nunca quiso mantener con ella.
Se basa la defensa en el hecho de que nadie ha podido localizar las imágenes en el disco duro en el que la denunciante ha asegurado que las encontró. De hecho, el material gráfico analizado es el aportado por la mujer que, según ha testificado, copió tras toparse por casualidad con el dispositivo de almacenaje.
Tanto el Ministerio Público, que ha insistido en que los hechos son «irrefutables», como las acusaciones particulares que representan a las víctimas niegan este aspecto e insisten en que la cadena de custodia estuvo siempre garantizada y han lamentado las secuelas que sufren a día de hoy las perjudicadas.
Otro de los puntos a dilucidar por el tribunal es si la Diócesis de Málaga es responsable civil subsidiaria de lo ocurrido. Para las acusaciones particulares, las chicas confiaron en el acusado por su condición de sacerdote y la Iglesia «miró para otro lado» cuando conoció el objeto de este caso.
El representante legal de la Diócesis sostiene que «la Iglesia no facilitó, no toleró ni era conocedora de los hechos» juzgados. Además, la condición sacerdotal del acusado no ha tenido nada que ver con los sucesos que han dado pie a la causa.
La relación entre las chicas y su presunto agresor era de amistad, que en alguno de los casos se remontaba a la infancia, y los hechos cuestionados se produjeron fuera de la actividad religiosa, ha dicho.
El proceder del acusado «era intachable» y así lo han testificado quienes lo conocían, ha precisado el letrado. Por otro lado, la versión de la denunciante no resultaba creíble porque nunca dejó ver a nadie los videos y cuando intentaron aclarar lo sucedido y comprobar la veracidad de lo que contaba, tanto el compañero del acusado como su superior (el vicario de Melilla, Eduardo Resa), ni aportó las imágenes ni supo localizarlas en el disco duro donde decía haberlas encontrado. Aún así, tanto el vicario como otros feligreses próximos al procesado y a la mujer la instaron a denunciar, ha recordado, y la misma diócesis se ha mostrado dispuesta a colaborar con la Justicia en todo momento.
En el Obispado no sabían lo que ocurría, ni lo ocurrido se produjo en instalaciones de la Iglesia, sino en domicilios particulares, incluido el de las víctimas y el del propio acusado, por lo tanto, no procede la responsabilidad civil subsidiaria de la Diócesis, ha concluido.
Andalucía // elmundo
