El Gobierno de Juanma Moreno exige al nuevo ministro de Transportes una revisión integral de la seguridad de la alta velocidad antes de reabrir la conexión con Andalucía

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No basta con reparar la de vía afectada por el accidente de Urda (Toledo) que se saldó con 69 muertos y decenas de heridos. El Gobierno de Juanma Moreno ha exigido al nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, una revisión integral de los sistemas de seguridad de la alta velocidad antes de reabrir al tráfico de nuevo las conexiones entre Madrid y Andalucía. Así lo ha expresado este miércoles la portavoz de la Junta, Carolina España, que ha manifestado que el Gobierno autonómico desea que la línea se reabra cuanto antes al tráfico de pasajeros pero siempre que la reapertura se realice «con toda la seguridad» y tras una «revisión exhaustiva, rigurosa y certificada» de la red, después de que el propio Ministerio reconociera que el sistema de seguridad que opera en Andalucía es el mismo que se instaló en 1992 y está «obsoleto».

Como se recordará, el ministro Óscar Puente -antes de dimitir durante su comparecencia en el Congreso de este martes- se comprometió a que los trabajos de reparación de la vía en el tramo afectado por el accidente de Urda se realizarían en diez días, una vez que la jueza que investiga el siniestro dé permiso a los técnicos para intervenir. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz y el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, insisten en que no es ninguna garantía volver a reestablecer un sistema de seguridad que se ha demostrado insuficiente para evitar accidentes como ha quedado demostrado primero en el accidente Adamuz, donde fallecieron 46 personas, y después en Urda, con 69 fallecidos.

Juanma Moreno ha sido muy criticado en las últimas horas desde el PSOE y desde el Gobierno de Pedro Sánchez por afirmar que él no volverá a subir en el AVE hasta que no se produzca una «auditoría integral» de su sistema de seguridad. Y la portavoz insistia este miércoles en la misma idea, según la cual la reparación de los daños no es suficiente para recuperar la «confianza quebrada» en la alta velocidad. «El Gobierno debería ponerse las pilas. Andalucía no puede seguir aislada», ha insistido Carolina España, que es también vicepresidenta tercera del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

El ejecutivo autonómico ha anunciado también la creación de un «grupo de trabajo» para tratar con los diferentes sectores y colectivos afectados por la supresión de la línea férrea con Madrid. En esa comisión estarán representadas las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Economía y Hacienda, Empleo y Fomento, y su misión es cuantificar los costes de esa desconexión ferroviaria y estudiar medidas paliativas.

El propio presidente de la Junta recordó el martes que más de medio millón de personas viven del turismo en Andalucía y, por tanto, un recorte de las frecuencias del AVE durante largo tiempo va a tener un «impacto millonario» en la economía andaluza.

Sobre la dimisión de Óscar Puente, Juanma Moreno cree que ha respondido a una estrategia «planificada este fin de semana como resultado de las encuestas«. «Sánchez ha visto que Puente es un lastre desde el punto de vista político de cara al 29-N» y, por tanto, habría puesto en marcha una suerte de «treta», un «teatro» que el ministro interpretó «en pleno prime time» para «blanquearse a sí mismo».

«Al final, el responsable de lo que ha ocurrido es Sánchez, que es el presidente del Gobierno que ha desmantelado las garantías que tenía la alta velocidad«, afirmó Moreno, que se mostró convencido de que, de no haber elecciones el 29 de noviembre, Puente no habría presentado su renuncia, según apuntó en una entrevista en la cadena de televisión Cuatro.

La portavoz de la Junta, Carolina España ha anunciado este miércoles también ayudas e indemnizaciones para las víctimas andaluzas de Urda en la misma línea de las que se aprobaron en su día para el accidente de Adamuz y que son complementarias a las indemnizaciones que habrán de pagar las compañías ferroviarias. Así, por ejemplo, se abonarán 14.424 euros por cada víctima mortal, por ejemplo.

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