El PP balear elevará al Parlamento autonómico la presión migratoria que soportan las Islas y, especialmente, la situación de los menores extranjeros no acompañados. Los populares han registrado este lunes una Proposición no de Ley (PNL) con la que pretenden instar al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha una respuesta específica para el archipiélago, que incluya desde un refuerzo del control de las fronteras marítimas hasta mecanismos para localizar a los familiares de los menores y favorecer, cuando sea compatible con su interés superior, su reagrupación en sus países de origen.La diputada popular Cristina Gil ha acusado al Ejecutivo central de haber «abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural» y que, según sostiene, ha llevado al límite el sistema de protección de menores de las Islas.Baleares tutela 897 menoresLas cifras aportadas por el PP reflejan la dimensión del problema. Baleares tutela actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble de las 434 plazas de capacidad ordinaria establecidas por el Ministerio. A ello se suma el incremento de las llegadas por vía marítima: en lo que va de año, según los datos manejados por los populares, han alcanzado las costas del archipiélago 239 embarcaciones con 4.494 inmigrantes en situación irregular.El PP pone especial énfasis en el coste que supone la atención a estos menores para las administraciones insulares. La previsión del Govern contempla destinar 38 millones de euros a los Consells, que tienen las competencias de tutela, mientras que la aportación extraordinaria del Estado fue de 7,78 millones en 2025 y para este año se han comprometido, según los populares, únicamente dos millones de euros.«No es razonable que el Gobierno de España decida sobre la acogida de menores en unas islas que ya están desbordadas y después pretenda que sean el Govern y los Consells quienes paguen las consecuencias», ha denunciado Gil.La iniciativa reclama por ello revisar los criterios utilizados para determinar la capacidad de acogida de cada territorio, de manera que se tengan en cuenta factores como la insularidad y la presión migratoria efectiva, así como un incremento de la financiación estatal.Frontex en la ruta argelinaLa PNL va más allá de la atención a los menores y reclama al Ejecutivo central la aprobación de un Plan Estatal de Actuación específico para Baleares ante la presión migratoria. Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los medios destinados a la vigilancia de las fronteras marítimas, una mayor actuación contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la implicación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.Los populares también quieren que el Gobierno informe de las actuaciones realizadas para la identificación y documentación de los menores, su situación administrativa y las gestiones desarrolladas para localizar a sus familias y estudiar posibles procesos de reagrupación.Gil ha insistido en que la respuesta del Estado debe ir más allá de aumentar plazas o transferir fondos y ha reclamado al Gobierno que actúe también en los países de origen y en el control fronterizo. «No aceptaremos que el Gobierno de Sánchez siga descargando su responsabilidad sobre Baleares mientras las mafias siguen haciendo negocio», ha concluido. El PP balear elevará al Parlamento autonómico la presión migratoria que soportan las Islas y, especialmente, la situación de los menores extranjeros no acompañados. Los populares han registrado este lunes una Proposición no de Ley (PNL) con la que pretenden instar al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha una respuesta específica para el archipiélago, que incluya desde un refuerzo del control de las fronteras marítimas hasta mecanismos para localizar a los familiares de los menores y favorecer, cuando sea compatible con su interés superior, su reagrupación en sus países de origen.La diputada popular Cristina Gil ha acusado al Ejecutivo central de haber «abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural» y que, según sostiene, ha llevado al límite el sistema de protección de menores de las Islas.Baleares tutela 897 menoresLas cifras aportadas por el PP reflejan la dimensión del problema. Baleares tutela actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble de las 434 plazas de capacidad ordinaria establecidas por el Ministerio. A ello se suma el incremento de las llegadas por vía marítima: en lo que va de año, según los datos manejados por los populares, han alcanzado las costas del archipiélago 239 embarcaciones con 4.494 inmigrantes en situación irregular.El PP pone especial énfasis en el coste que supone la atención a estos menores para las administraciones insulares. La previsión del Govern contempla destinar 38 millones de euros a los Consells, que tienen las competencias de tutela, mientras que la aportación extraordinaria del Estado fue de 7,78 millones en 2025 y para este año se han comprometido, según los populares, únicamente dos millones de euros.«No es razonable que el Gobierno de España decida sobre la acogida de menores en unas islas que ya están desbordadas y después pretenda que sean el Govern y los Consells quienes paguen las consecuencias», ha denunciado Gil.La iniciativa reclama por ello revisar los criterios utilizados para determinar la capacidad de acogida de cada territorio, de manera que se tengan en cuenta factores como la insularidad y la presión migratoria efectiva, así como un incremento de la financiación estatal.Frontex en la ruta argelinaLa PNL va más allá de la atención a los menores y reclama al Ejecutivo central la aprobación de un Plan Estatal de Actuación específico para Baleares ante la presión migratoria. Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los medios destinados a la vigilancia de las fronteras marítimas, una mayor actuación contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la implicación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.Los populares también quieren que el Gobierno informe de las actuaciones realizadas para la identificación y documentación de los menores, su situación administrativa y las gestiones desarrolladas para localizar a sus familias y estudiar posibles procesos de reagrupación.Gil ha insistido en que la respuesta del Estado debe ir más allá de aumentar plazas o transferir fondos y ha reclamado al Gobierno que actúe también en los países de origen y en el control fronterizo. «No aceptaremos que el Gobierno de Sánchez siga descargando su responsabilidad sobre Baleares mientras las mafias siguen haciendo negocio», ha concluido.
El PP balear elevará al Parlamento autonómico la presión migratoria que soportan las Islas y, especialmente, la situación de los menores extranjeros no acompañados. Los populares han registrado este lunes una Proposición no de Ley (PNL) con la que pretenden instar al Gobierno de … Pedro Sánchez a poner en marcha una respuesta específica para el archipiélago, que incluya desde un refuerzo del control de las fronteras marítimas hasta mecanismos para localizar a los familiares de los menores y favorecer, cuando sea compatible con su interés superior, su reagrupación en sus países de origen.
La diputada popular Cristina Gil ha acusado al Ejecutivo central de haber «abandonado a Baleares ante una emergencia migratoria que ya es estructural» y que, según sostiene, ha llevado al límite el sistema de protección de menores de las Islas.
Baleares tutela 897 menores
Las cifras aportadas por el PP reflejan la dimensión del problema. Baleares tutela actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble de las 434 plazas de capacidad ordinaria establecidas por el Ministerio. A ello se suma el incremento de las llegadas por vía marítima: en lo que va de año, según los datos manejados por los populares, han alcanzado las costas del archipiélago 239 embarcaciones con 4.494 inmigrantes en situación irregular.
El PP pone especial énfasis en el coste que supone la atención a estos menores para las administraciones insulares. La previsión del Govern contempla destinar 38 millones de euros a los Consells, que tienen las competencias de tutela, mientras que la aportación extraordinaria del Estado fue de 7,78 millones en 2025 y para este año se han comprometido, según los populares, únicamente dos millones de euros.
«No es razonable que el Gobierno de España decida sobre la acogida de menores en unas islas que ya están desbordadas y después pretenda que sean el Govern y los Consells quienes paguen las consecuencias», ha denunciado Gil.
La iniciativa reclama por ello revisar los criterios utilizados para determinar la capacidad de acogida de cada territorio, de manera que se tengan en cuenta factores como la insularidad y la presión migratoria efectiva, así como un incremento de la financiación estatal.
Frontex en la ruta argelina
La PNL va más allá de la atención a los menores y reclama al Ejecutivo central la aprobación de un Plan Estatal de Actuación específico para Baleares ante la presión migratoria. Entre las medidas planteadas figura el refuerzo de los medios destinados a la vigilancia de las fronteras marítimas, una mayor actuación contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la implicación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.
Los populares también quieren que el Gobierno informe de las actuaciones realizadas para la identificación y documentación de los menores, su situación administrativa y las gestiones desarrolladas para localizar a sus familias y estudiar posibles procesos de reagrupación.
Gil ha insistido en que la respuesta del Estado debe ir más allá de aumentar plazas o transferir fondos y ha reclamado al Gobierno que actúe también en los países de origen y en el control fronterizo. «No aceptaremos que el Gobierno de Sánchez siga descargando su responsabilidad sobre Baleares mientras las mafias siguen haciendo negocio», ha concluido.
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