Por segundo año consecutivo, el centro de deportación para solicitantes de asilo que Italia construyó en Albania ha estado casi vacío. En este tiempo, estas instalaciones construidas por Roma fuera de su territorio han acumulado, además, varapalos judiciales relacionados con el sistema de asilo y polémicas por su excesivo coste. Y, en cambio, cuando las imágenes de la avalancha de Ceuta corrieron como la pólvora por todo el mundo, el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, aprovechó el martes el Consejo de la UE en el que se abordó la crisis en la ciudad española del norte de África para plantear la necesidad de que la UE construya este tipo de instalaciones para combatir la inmigración irregular. Pidió “el valor de emprender el camino de las soluciones innovadoras”, dijo en la intervención ante sus colegas, empleando ese lenguaje aséptico que busca huir de la connotación polémica de la iniciativa.
Los Estados miembros que apoyan estas instalaciones quieren llegar a los primeros acuerdos con terceros países antes de acabar el año
Por segundo año consecutivo, el centro de deportación para solicitantes de asilo que Italia construyó en Albania ha estado casi vacío. En este tiempo, estas instalaciones construidas por Roma fuera de su territorio han acumulado, además, varapalos judiciales relacionados con el sistema de asilo y polémicas por su excesivo coste. Y, en cambio, cuando las imágenes de la avalancha de Ceuta corrieron como la pólvora por todo el mundo, el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, aprovechó el martes el Consejo de la UE en el que se abordó la crisis en la ciudad española del norte de África para plantear la necesidad de que la UE construya este tipo de instalaciones para combatir la inmigración irregular. Pidió “el valor de emprender del camino de las soluciones innovadoras”, dijo en la intervención ante sus colegas, empleando ese lenguaje aséptico que busca huir de la connotación polémica de la iniciativa.
No estuvo solo. Le apoyaron los países que defienden esta apuesta dura, con la socialdemócrata Dinamarca en cabeza. “Sí, lo mencionaron los Estados miembros que están negociando con terceros países sobre estos centros de retorno”, confirmó el comisario Magnus Brunner, al acabar la reunión, cuidándose mucho de no emplear la palabra “deportación”, que había usado un periodista al preguntar. Los partidarios de esta opción recibieron este junio un espaldarazo clave a su apuesta con la aprobación del reglamento de retornos, en el que se abre la puerta legalmente a estos centros a los que trasladar migrantes o refugiados rechazados, un paso facilitado por el auge de los ultras en el Parlamento Europeo y la asunción de este camino por parte de los conservadores tradicionales.
Brunner es austriaco, como el conservador Gerhard Karner, el ministro de Interior de ese país que, al calor de lo sucedido en Ceuta, destacó esta semana que se había reunido por videoconferencia con ese grupo de países ―Austria, Grecia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca― que está negociando de forma discreta con un Estado que no sea de la UE en el que ubicar este tipo de centros, criticados por ONG de derechos humanos, entre otros, y sobre los que hasta hace poco había grandes dudas jurídicas. “Los acontecimientos de los últimos días ponen de relieve la necesidad y la importancia de este grupo, que se reunirá de nuevo a principios de septiembre”, subrayó Karner. Los que se califican como “grupo de países ejecutores”, intensificarán en ese encuentro “aún más las negociaciones” con Estados “fuera de Europa” y “antes de que finalice el año se tomará una decisión sobre en qué países podrán aplicarse estas medidas”.
Para Dinamarca, especialmente, este proyecto es capital, un empeño personal de su primera ministra, la socialdemócrata Mette Fredriksen. Su filiación progresista nunca la ha frenado para ser adalid de estos centros de deportación. Ya en 2021 aprobó una ley que permitía trasladar a los solicitantes de asilo fuera de la UE para tramitar allí sus solicitudes y firmó un acuerdo con Ruanda. Pero el controvertido proyecto fue suspendido en 2023 y no ha vuelto a ponerse en marcha.
Este fracaso, en cambio, no la ha desanimado. En Copenhague se cree que lo sucedido en Ceuta recuerda la importancia de apostar por “soluciones innovadoras”, una expresión aséptica con la que se huye de todas las connotaciones negativas de una medida que ha encontrado gran oposición allí donde se ha intentado. Por eso, cuando hace apenas unas semanas la UE aprobó el reglamento de retornos que busca acelerar expulsiones y abre la puerta legal a estos centros fuera de la UE, Fredriksen y Meloni promovieron una carta ―igual que hicieron ambas hace una semana con los sucesos de Ceuta―. En ella, junto con otros 17 países animaban “a aplicar las nuevas posibilidades [del reglamento recién aprobado], incluidos los hub en terceros países”.
Desde las ONG se critica que esos movimientos a raíz “no son más que la última excusa”, señala Chiara Catelli, asesora de Picum, una red organizaciones dedicadas a defender los derechos de los migrantes. “Lo ocurrido en Ceuta no tiene nada que ver con los centros de deportación fuera de la UE, pero los gobiernos están utilizando cualquier excusa para imponerlos y dar la imagen de que son duros con la inmigración. Los cruces fronterizos se han utilizado desde hace tiempo para convertir a los migrantes en chivos expiatorios y distraer a los votantes de los verdaderos problemas a los que todos nos enfrentamos”, señala.
Consciente de las críticas y lo polémicos que son estos centros de deportación, Brunner ha tenido mucho cuidado estos días de no vincular nada con los sucesos de Ceuta. Y cuando ha hablado de ellos, ha puesto el acento en que deben situarse “en un tercer país seguro”, un concepto que no existe en la Convención de Ginebra, pero que se ha construido en Europa para un Estado en el que presume que se respeta el principio de no devolución al lugar del que un refugiado huye, la vida y la libertad.
No se sabe por ahora con qué países hay negociaciones para que acojan estos centros. Las informaciones de prensa en los Estados que integran “el grupo de países ejecutores” apuntan a Ruanda, Uganda, Uzbekistán e, incluso, Montenegro, uno de los países candidatos a entrar pronto en la UE, como también lo es Albania. La incógnita tendrá que resolverse pronto si, como también apuntan desde Alemania, se espera cerrar acuerdos con Estados fuera de la UE “a lo largo de este año”, siguiendo las palabras del ministro de Interior, Alexander Dobrindt.
En definitiva, todos estos países que, pese a los fracasos anteriores (también hubo un intento fallido del Reino Unido en Ruanda esta misma década) o al alto coste de esta apuesta a tenor de lo sucedido en Italia, buscan dar otra vuelta de tuerca a las políticas migratorias, que ya en los últimos años se han endurecido a lomos del auge de la ultraderecha y la asunción por parte del PP europeo de buena parte de esos postulados. Eso también se refleja en un artículo escrito esta semana por Kiriákos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, otro de los países que está en el grupo promotor de los centros de deportación.
El político conservador, el mismo día que se reunían los ministros de Interior para hablar de Ceuta, publicó un texto en Politico reclamando “nuevas herramientas para combatir la migración que se usa como arma” en ataques híbrido. En el texto no habla de los centros fuera de la UE, lo que plantea es la creación de nuevas herramientas que sirvan para responder a situaciones como la de Ceuta o como la que vivió su país en 2020 en Evros, cuando Turquía abrió su frontera para dejar pasar a inmigrantes a Grecia, que no están previstas en el Pacto de Migración y Asilo, aún no desarrollado plenamente: “Europa debe ser honesta sobre los límites de sus procedimientos de asilo acelerados. En situaciones excepcionales y claramente definidas de presión extrema y desproporcionada —ya sea en las fronteras terrestres o tras llegadas masivas por mar—, los Estados miembros deberían tener la opción, en el marco de un régimen de emergencia específico de la UE, de suspender temporalmente las solicitudes de asilo de las personas recién llegadas”, escribe.
La lógica detrás de esto también la ha expuesto el comisario Brunner. El endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado que en los últimos años la migración irregular haya caído un 55% en dos años y en lo que va de 2026, un 40%. “Pero, por supuesto, los sucesos de Ceuta —eso también está bastante claro— demuestran que esas imágenes dramáticas superan, de hecho, a las mejores estadísticas, y eso es también una de las lecciones aprendidas”, advirtió el austriaco.
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