La Generalitat confía en que el Gobierno termine realizando nuevas concesiones a Junts para salvar en el Congreso el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya tramitación se presenta especialmente complicada después del rechazo expresado por la práctica totalidad de las comunidades autónomas y del anuncio de los posconvergentes de que presentarán una enmienda a la totalidad.La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha pedido este sábado a Junts que aproveche la tramitación parlamentaria para modificar el proyecto, en lugar de impedir que llegue a aprobarse. «Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años. Y, por tanto, me parece que todos hemos de ser responsables», ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio.Las palabras de Romero llegan un día después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobase la propuesta del Ministerio de Hacienda con un respaldo territorial muy limitado. Únicamente Cataluña y Canarias votaron a favor, mientras que se opusieron tanto las comunidades gobernadas por el PP como Asturias y Castilla-La Mancha, presididas por los socialistas Adrián Barbón y Emiliano García-Page. La Comunidad de Madrid no participó en la reunión.El modelo salió adelante gracias al sistema de votación del CPFF, en el que el Ministerio de Hacienda dispone por sí solo de la mitad de los votos y únicamente necesita el apoyo de una comunidad autónoma. El resultado, por tanto, permitió superar formalmente este trámite, pero evidenció el aislamiento territorial con el que la propuesta inicia ahora su recorrido legislativo.La reforma prevé aportar a las comunidades 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto a lo que recibirían con el sistema actualmente vigente. De esa cantidad, aproximadamente 4.700 millones corresponderían a Cataluña. Entre otros cambios, se plantea elevar la participación autonómica en el IRPF del 50 al 55% y en el IVA hasta el 56,5%, además de modificar los criterios con los que se calcula el reparto de recursos.Romero ha defendido que se trata de un sistema «más justo, más igualitario» y respetuoso con el principio de ordinalidad, aunque ha admitido que todavía puede mejorarse. Por ello, ha emplazado a Junts a negociar aspectos como la incorporación del coste de la vida en Cataluña o una mayor capacidad de la Generalitat para recaudar y gestionar el IRPF.La consejera ha reconocido abiertamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá mover ficha si quiere sumar los siete votos de Junts, imprescindibles ante el rechazo del PP. «El Gobierno de España sabe que, si ha de convencer a Junts y ha de incorporarlo al consenso con el modelo de financiación, deberá ofrecer alguna cosa», ha afirmado. Romero espera, en este sentido, que Hacienda mantenga abierta la negociación durante la preparación del anteproyecto y su posterior paso por las Cortes.Por ahora, sin embargo, Junts mantiene su oposición. Su portavoz adjunto en el Congreso, Josep Maria Cruset, confirmó el viernes que la formación registrará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para implantar en Cataluña un concierto económico similar al vasco. Los posconvergentes consideran que la propuesta de Hacienda constituye un «brindis al sol», no garantiza una financiación singular y tampoco concede a la Generalitat la denominada «llave de la caja».Romero ha replicado que el concierto económico defendido por Junts carece actualmente de apoyos suficientes en el Congreso y ha advertido de que rechazar el nuevo sistema supondría renunciar a una mejora sustancial de los recursos. A su juicio, Junts también es consciente de que existe «un clamor en Cataluña» para corregir una financiación insuficiente y un modelo aprobado en 2009 y caducado desde 2014.La reforma tiene su origen en el acuerdo alcanzado en el verano de 2024 entre el PSC y ERC para hacer posible la investidura de Salvador Illa. Los republicanos convirtieron la financiación singular en la principal condición para devolver la presidencia de la Generalitat a los socialistas y han presionado desde entonces para obligar al Gobierno a concretar aquel compromiso. El modelo presentado por Hacienda supone el principal fruto de aquella exigencia, aunque queda lejos del concierto económico y de la plena soberanía fiscal que inicialmente defendió ERC. La Generalitat confía en que el Gobierno termine realizando nuevas concesiones a Junts para salvar en el Congreso el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya tramitación se presenta especialmente complicada después del rechazo expresado por la práctica totalidad de las comunidades autónomas y del anuncio de los posconvergentes de que presentarán una enmienda a la totalidad.La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha pedido este sábado a Junts que aproveche la tramitación parlamentaria para modificar el proyecto, en lugar de impedir que llegue a aprobarse. «Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años. Y, por tanto, me parece que todos hemos de ser responsables», ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio.Las palabras de Romero llegan un día después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobase la propuesta del Ministerio de Hacienda con un respaldo territorial muy limitado. Únicamente Cataluña y Canarias votaron a favor, mientras que se opusieron tanto las comunidades gobernadas por el PP como Asturias y Castilla-La Mancha, presididas por los socialistas Adrián Barbón y Emiliano García-Page. La Comunidad de Madrid no participó en la reunión.El modelo salió adelante gracias al sistema de votación del CPFF, en el que el Ministerio de Hacienda dispone por sí solo de la mitad de los votos y únicamente necesita el apoyo de una comunidad autónoma. El resultado, por tanto, permitió superar formalmente este trámite, pero evidenció el aislamiento territorial con el que la propuesta inicia ahora su recorrido legislativo.La reforma prevé aportar a las comunidades 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto a lo que recibirían con el sistema actualmente vigente. De esa cantidad, aproximadamente 4.700 millones corresponderían a Cataluña. Entre otros cambios, se plantea elevar la participación autonómica en el IRPF del 50 al 55% y en el IVA hasta el 56,5%, además de modificar los criterios con los que se calcula el reparto de recursos.Romero ha defendido que se trata de un sistema «más justo, más igualitario» y respetuoso con el principio de ordinalidad, aunque ha admitido que todavía puede mejorarse. Por ello, ha emplazado a Junts a negociar aspectos como la incorporación del coste de la vida en Cataluña o una mayor capacidad de la Generalitat para recaudar y gestionar el IRPF.La consejera ha reconocido abiertamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá mover ficha si quiere sumar los siete votos de Junts, imprescindibles ante el rechazo del PP. «El Gobierno de España sabe que, si ha de convencer a Junts y ha de incorporarlo al consenso con el modelo de financiación, deberá ofrecer alguna cosa», ha afirmado. Romero espera, en este sentido, que Hacienda mantenga abierta la negociación durante la preparación del anteproyecto y su posterior paso por las Cortes.Por ahora, sin embargo, Junts mantiene su oposición. Su portavoz adjunto en el Congreso, Josep Maria Cruset, confirmó el viernes que la formación registrará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para implantar en Cataluña un concierto económico similar al vasco. Los posconvergentes consideran que la propuesta de Hacienda constituye un «brindis al sol», no garantiza una financiación singular y tampoco concede a la Generalitat la denominada «llave de la caja».Romero ha replicado que el concierto económico defendido por Junts carece actualmente de apoyos suficientes en el Congreso y ha advertido de que rechazar el nuevo sistema supondría renunciar a una mejora sustancial de los recursos. A su juicio, Junts también es consciente de que existe «un clamor en Cataluña» para corregir una financiación insuficiente y un modelo aprobado en 2009 y caducado desde 2014.La reforma tiene su origen en el acuerdo alcanzado en el verano de 2024 entre el PSC y ERC para hacer posible la investidura de Salvador Illa. Los republicanos convirtieron la financiación singular en la principal condición para devolver la presidencia de la Generalitat a los socialistas y han presionado desde entonces para obligar al Gobierno a concretar aquel compromiso. El modelo presentado por Hacienda supone el principal fruto de aquella exigencia, aunque queda lejos del concierto económico y de la plena soberanía fiscal que inicialmente defendió ERC.
La Generalitat confía en que el Gobierno termine realizando nuevas concesiones a Junts para salvar en el Congreso el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya tramitación se presenta especialmente complicada después del rechazo expresado por la práctica totalidad de las comunidades autónomas y del … anuncio de los posconvergentes de que presentarán una enmienda a la totalidad.
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha pedido este sábado a Junts que aproveche la tramitación parlamentaria para modificar el proyecto, en lugar de impedir que llegue a aprobarse. «Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años. Y, por tanto, me parece que todos hemos de ser responsables», ha afirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Las palabras de Romero llegan un día después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobase la propuesta del Ministerio de Hacienda con un respaldo territorial muy limitado. Únicamente Cataluña y Canarias votaron a favor, mientras que se opusieron tanto las comunidades gobernadas por el PP como Asturias y Castilla-La Mancha, presididas por los socialistas Adrián Barbón y Emiliano García-Page. La Comunidad de Madrid no participó en la reunión.
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El modelo salió adelante gracias al sistema de votación del CPFF, en el que el Ministerio de Hacienda dispone por sí solo de la mitad de los votos y únicamente necesita el apoyo de una comunidad autónoma. El resultado, por tanto, permitió superar formalmente este trámite, pero evidenció el aislamiento territorial con el que la propuesta inicia ahora su recorrido legislativo.
La reforma prevé aportar a las comunidades 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto a lo que recibirían con el sistema actualmente vigente. De esa cantidad, aproximadamente 4.700 millones corresponderían a Cataluña. Entre otros cambios, se plantea elevar la participación autonómica en el IRPF del 50 al 55% y en el IVA hasta el 56,5%, además de modificar los criterios con los que se calcula el reparto de recursos.
Romero ha defendido que se trata de un sistema «más justo, más igualitario» y respetuoso con el principio de ordinalidad, aunque ha admitido que todavía puede mejorarse. Por ello, ha emplazado a Junts a negociar aspectos como la incorporación del coste de la vida en Cataluña o una mayor capacidad de la Generalitat para recaudar y gestionar el IRPF.
La consejera ha reconocido abiertamente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá mover ficha si quiere sumar los siete votos de Junts, imprescindibles ante el rechazo del PP. «El Gobierno de España sabe que, si ha de convencer a Junts y ha de incorporarlo al consenso con el modelo de financiación, deberá ofrecer alguna cosa», ha afirmado. Romero espera, en este sentido, que Hacienda mantenga abierta la negociación durante la preparación del anteproyecto y su posterior paso por las Cortes.
Por ahora, sin embargo, Junts mantiene su oposición. Su portavoz adjunto en el Congreso, Josep Maria Cruset, confirmó el viernes que la formación registrará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para implantar en Cataluña un concierto económico similar al vasco. Los posconvergentes consideran que la propuesta de Hacienda constituye un «brindis al sol», no garantiza una financiación singular y tampoco concede a la Generalitat la denominada «llave de la caja».
Romero ha replicado que el concierto económico defendido por Junts carece actualmente de apoyos suficientes en el Congreso y ha advertido de que rechazar el nuevo sistema supondría renunciar a una mejora sustancial de los recursos. A su juicio, Junts también es consciente de que existe «un clamor en Cataluña» para corregir una financiación insuficiente y un modelo aprobado en 2009 y caducado desde 2014.
La reforma tiene su origen en el acuerdo alcanzado en el verano de 2024 entre el PSC y ERC para hacer posible la investidura de Salvador Illa. Los republicanos convirtieron la financiación singular en la principal condición para devolver la presidencia de la Generalitat a los socialistas y han presionado desde entonces para obligar al Gobierno a concretar aquel compromiso. El modelo presentado por Hacienda supone el principal fruto de aquella exigencia, aunque queda lejos del concierto económico y de la plena soberanía fiscal que inicialmente defendió ERC.
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