“Yo tenía 10 años”, relata Nicolás Sánchez-Albornoz, “y estaba enfermo, en la cama. Vivíamos en la calle Ferraz, justo en la esquina de la plaza de España, y una parte daba al Cuartel de la Montaña. Cuando lo asaltaron, las barridas de las ametralladoras llegaron a las habitaciones de mis hermanas, que, afortunadamente, no estaban. Mi abuela Teresa me cubrió con su cuerpo…”. La guerra entró por la ventana y se quedó casi 40 años. Todos los que habían vivido en esa casa tuvieron que abandonarla y, a partir de ese momento, 18 de julio de 1936, aquella familia, como otras decenas de miles en España, empezó a dispersarse por distintos países para evitar que mataran a uno, que metieran a otro en la cárcel, que pudieran volver a juntarse. Muchas no lo consiguieron. En el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, EL PAÍS visita en su refugio de Ávila a aquel niño de la calle Ferraz que ahora tiene 100 años y puede contar, en primera persona, todo lo que arrasó un golpe de Estado disfrazado de cruzada religiosa cuyas consecuencias perduran hasta hoy en forma de fosas comunes aún sin abrir y en discursos revisionistas y negacionistas que se pronuncian incluso en la sede de la soberanía nacional y, por tanto, de la democracia: el Parlamento.
En el 90 aniversario del golpe de 1936, Nicolás Sánchez-Albornoz, que acaba de cumplir un siglo, relata el periplo de una familia empeñada en sobrevivir
“Yo tenía 10 años”, relata Nicolás Sánchez-Albornoz, “y estaba enfermo, en la cama. Vivíamos en la calle Ferraz, justo en la esquina de la plaza de España, y una parte daba al Cuartel de la Montaña. Cuando lo asaltaron, las barridas de las ametralladoras llegaron a las habitaciones de mis hermanas, que, afortunadamente, no estaban. Mi abuela Teresa me cubrió con su cuerpo…”. La guerra entró por la ventana y se quedó casi 40 años. Todos los que habían vivido en esa casa tuvieron que abandonarla y, a partir de ese momento, 18 de julio de 1936, aquella familia, como otras decenas de miles en España, empezó a dispersarse por distintos países para evitar que mataran a uno, que metieran a otro en la cárcel, que pudieran volver a juntarse. Muchas no lo consiguieron. En el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, EL PAÍS visita en su refugio de Ávila a aquel niño de la calle Ferraz que ahora tiene 100 años y puede contar, en primera persona, todo lo que arrasó un golpe de Estado disfrazado de cruzada religiosa cuyas consecuencias perduran hasta hoy en forma de fosas comunes aún sin abrir y en discursos revisionistas y negacionistas que se pronuncian incluso en la sede de la soberanía nacional y, por tanto, de la democracia: el Parlamento.
Aquel 18 de julio de 1936, Nicolás tenía que estar en Lisboa con su padre y sus hermanas, pero su enfermedad había retrasado el traslado. Claudio Sánchez-Albornoz, historiador, diputado por Ávila y ministro de Asuntos Exteriores republicano en 1933, llevaba apenas unos meses, desde mayo, en su nuevo puesto: embajador de la República en Portugal. El reencuentro no fue fácil porque una de las primeras consecuencias de la Guerra Civil es que desaparecieron las líneas rectas, los caminos cortos. El paso por Badajoz era imposible porque ya estaba en manos de los sublevados, así que para reunirse con su padre, Nicolás y los familiares que habían quedado atrás, tuvieron que desplazarse de Madrid a Alicante y desde allí coger un barco, el Alfonso de Alburquenque. “Llegamos a las cuatro de la mañana y a las siete estaban bombardeando la ciudad”, recuerda en sus memorias Nicolás, el niño al que perseguían las bombas. “Eran los prolegómenos de la sublevación de la marinería contra Salazar [António de Oliveira, el dictador portugués] y en favor de la República española. La intentona fracasó. Los barcos fueron hundidos al abandonar el estuario del Tajo”.
Los informes que Claudio Sánchez-Albornoz enviaba desde Lisboa a las autoridades republicanas, recogidos en el libro Al servicio de la democracia, dan cuenta de lo que se encontró el representante diplomático poco después de su llegada: “Me han amenazado de muerte los elementos fascistas españoles y sus íntimos portugueses si no abandono la embajada, pero cualquiera que lleguen a ser las dificultades de mi situación, aquí seguiré siempre leal en mi puesto”, escribe en uno datado el 8 de agosto de 1936. En otro informe del 31 de ese mes describe detalladamente los envíos regulares de armamento, municiones y víveres que Portugal suministraba a las tropas franquistas. Su anfitrión apoyaba el bando sublevado.
El periplo de la familia Sánchez-Albornoz permite ilustrar la reacción de distintas potencias al golpe de Estado de 1936, lo que terminó siendo un factor determinante en la derrota del Gobierno legítimo. Salazar, que apoyaba el golpe, expulsó al embajador republicano, aunque lo libró de ser asesinado por un enviado de Franco. “Aquel hombre le dijo: ‘Le doy una semana. O se va, o le mato, y si no, mato a sus hijos’. Mi padre no se arredró”, recuerda Nicolás 90 años después. “Mi hipótesis es que a Salazar debió de parecerle demasiado violento el asunto y dio orden de detener a aquel fulano y ponerlo en la frontera. El razonamiento era: ‘A mí, Franco no me mata un embajador”. De todos modos, en octubre de 1936 el Gobierno portugués expulsó a Claudio Sánchez-Albornoz.
La familia se desplazó entonces a Francia y desde allí contempló la llegada en masa de refugiados españoles en el invierno de 1939. La estampa dinamitó las esperanzas de regresar pronto. “España”, recuerda Nicolás en sus memorias, Cárceles y exilios, “seguía presente en la conversación diaria. Su geografía la conocí por los periódicos, no en clase, en función de cómo se desplazaban los frentes. Los topónimos que aprendía no evocaban en mí paisajes o monumentos, sino tierras ensangrentadas. De Guernica no sabía de su árbol, pero sí de los bombardeos que la arrasaron”. “El drama de la derrota y el vivido por los refugiados”, añade, “me distanciaba de mis compañeros de colegio y de la Francia en la que residía. La mayoría de los chicos de mi edad con los que trataba se mostraban indiferentes ante la suerte que corrían mis compatriotas”. Aquellos niños representaban, en realidad, la postura de todo el país, que había patrocinado, junto a Gran Bretaña, el acuerdo de no intervención en España al que se adhirieron a finales de agosto de 1936 todos los gobiernos europeos. El movimiento, como explica el libro Al servicio de la democracia, “sentenció la derrota diplomática de la República e impidió al Gobierno legítimo abastecerse de suministros bélicos en sus mercados tradicionales”.
La invasión nazi obligó a los Sánchez-Albornoz, como a tantas familias, a huir de nuevo. Otra consecuencia de la Guerra Civil fue que la vida empezó a depender de estar o no en una lista: las que elaboraban sacerdotes y falangistas sobre los “desafectos al “glorioso movimiento nacional”, muchos de los cuales acabaron fusilados o encarcelados; las de los rebeldes fugados; las de los que irían a parar a campos de concentración; las que incluían los nombres de los que podían subir a un barco o a un avión para evitar todo lo anterior…
Los franquistas enviaron a la Gestapo, la policía nazi, una lista de republicanos que se habían refugiado en Francia para que los detuvieran y se los entregaran. En aquella relación de nombres figuraba Lluís Companys, expresidente de la Generalitat, que fue ejecutado en el Castillo de Montjuïc dos meses después de su arresto. También estaba Claudio Sánchez-Albornoz. “Los alemanes”, recuerda Nicolás, “entraron en Burdeos y confiscaron la casa en la que vivíamos para alojar a aviadores alemanes, que chapurreaban un poco de español porque habían estado en la Legión Cóndor y bombardearon Gernika. Pero mi padre ya no estaba allí. La policía francesa había recibido orden de la Gestapo de detenerlo, por petición expresa de Serrano Súñer [cuñado de Franco], pero republicanos españoles le filtraron que iban a ir a detenerle a su casa a las siete de la tarde, y cuando llegaron, no lo encontraron”. Sí detuvieron al político y periodista Julián Zugazagoitia, que fue fusilado en España en noviembre de 1940. La diputada republicana Victoria Kent recibió el aviso y logró huir a tiempo.
Tras el soplo, Claudio Sánchez-Albornoz se despidió de sus hijos, recogió documentos y algo de ropa y se escondió durante tres meses. Para lograr llegar al destino final de su exilio, Argentina, en ese mundo en guerra que había eliminado las líneas rectas, tuvo que desplazarse a Marsella; de ahí, en barco, a Argel, y posteriormente, por ferrocarril, a Casablanca, donde otro buque lo llevó a Lisboa y donde cogió un transatlántico a Río de Janeiro, última parada antes de llegar a Buenos Aires.
La familia Sánchez-Albornoz, que había logrado reunirse en Burdeos, volvió a desquebrajarse. Los abuelos, Nicolás y sus hermanas regresaron a España con pasaportes cubanos. Para entonces ya habían perdido la casa del abuelo paterno y se fueron a Ávila. “El Tribunal de Responsabilidades Políticas, instaurado por los exaltados vencedores de la Guerra Civil”, recuerda Nicolás en sus memorias, “le confiscó escandalosamente a sus 76 años la cuarta parte de su mermada fortuna personal”. La guerra continuaba también en forma de incautaciones y depuraciones sobre los vencidos. Nicolás se trasladó a Madrid para continuar sus estudios. Solo en lo que hoy es la Universidad Complutense fue purgado el 45% de la plantilla. ”Mi padre había sido rector de la universidad y profesor de historia medieval, fue destituido y yo tuve que cursar aquella asignatura con otro profesor que sabía quién era yo y quién era mi padre. Evidentemente, no podía comulgar con todo aquello, y me metí en la FUE». La Federación Universitaria Escolar agitaba el mundo estudiantil desde finales de 1945 y lo hacía en la clandestinidad, el único espacio donde podían moverse los demócratas inconformistas. En la fachada del paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras, uno de los primeros edificios en ser reconstruidos tras la guerra, realizaron una pintada que decía: “FUE. Viva la Universidad Libre”. Lo hicieron con nitrato de plata, de forma que las letras no se veían en la oscuridad, pero sí en cuanto recibieron la primera luz del día. Para borrarla tuvieron que picar la fachada entera, pero los huecos aún permitieron durante años leer aquel lema, hasta que fue definitivamente eliminado bajo el gobierno de Cristina Cifuentes (PP).
Poco después, la cúpula de la FUE fue arrestada. Nicolás se encontraba en un viaje de estudios en Barcelona. Los agentes que le apresaron le explicaron que le reclamaban en Madrid y que tenía dos opciones: el traslado por etapas, sufragado por la Guardia Civil y que podía demorarse entre una y dos semanas de cárcel en cárcel hasta llegar a la capital, o un viaje directo sin esposar si sufragaba él mismo el coste. Nicolás eligió lo segundo.
Desde los calabozos de la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno madrileño, pasó varias noches escuchando los alaridos —“por instantes, de una intensidad infernal”— de los antifranquistas que estaban siendo torturados. Cree que a él no le hicieron daño por su procedencia social. “Tener que perseguir a señoritos y encima tiernos de edad”, relata, “les descolocaba. Los policías, servidores de los estratos sociales superiores, no concebían que individuos cercanos a esos sectores no se condujeran como ellos, sino al revés”.
El consejo de guerra, pese a que los procesados eran estudiantes y, por tanto civiles, condenó a Nicolás a seis años de cárcel. Tras pasar por la de Alcalá de Henares y la de Carabanchel, fue trasladado, como otros presos políticos republicanos, al Valle de los Caídos para redimir su pena trabajando en la construcción del mausoleo de Franco. De allí se escapó con su amigo Manuel Lamana en una fuga de película que Fernando Colomo rodó, efectivamente cinco décadas después, Los años bárbaros. Su padre, que seguía en Buenos Aires, había movido cielo y tierra, a 10.000 kilómetros, para tratar de lograr su liberación. Consiguió que el nombre de su hijo figurara en una lista de presos políticos con familiares en Argentina que fue entregada a Eva Perón. Franco se hizo el loco. Y un año después, convenció al embajador peruano Raúl Porras Barrenechea para que solicitara su indulto. La cancillería peruana se adelantó y se lo planteó al Fernando Castiella, que acababa de asumir la embajada de España en Lima. El dictador también se negó, pero probablemente se arrepintió porque apenas unos días después, Nicolás humilló al Régimen fugándose de Cuelgamuros. Pasó tan poco tiempo entre aquella gestión y la fuga que cuando Claudio Sánchez-Albornoz supo que su hijo estaba en Francia pensó que había sido gracias a sus gestiones.
Nicolás ha contado tantas veces la fuga que esta mañana, en Ávila, es de lo que menos le apetece hablar, pero admite que hubo muchas veces a lo largo de aquel recorrido que pensó que iba a fracasar y recuerda “el alivio enorme” cuando por fin se vio libre. Llevaba ocho años sin ver a su padre.
Tras la muerte de Franco y restaurada la democracia, en 1983 volvieron a España: el padre, su hijo, la nuera y nietos americanos (Nicolás se había ido a vivir a EEUU). En Barajas esperaba el resto de la familia descompuesta y Barbara Probst Solomon, la mujer que lo había conducido hasta la frontera francesa tras la fuga de Cuelgamuros y que se había cogido un vuelo desde Nueva York para contemplar aquel emocionante regreso.
En 1984, Claudio Sánchez-Albornoz fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades “por ser la suya una vida ejemplar dedicada por entero al servicio de España y de los españoles, desde el compromiso intelectual con la política”, según el acta del jurado. Murió dos meses después y no pudo recogerlo. Su nieto, llamado como él, escribió en el obituario publicado en este periódico: “Su amor por su tierra era tan grande que nunca quiso volver mientras esta no fuera enteramente libre”.
Al comienzo de sus memorias, publicadas en 2012, Nicolás Sánchez-Albornoz explica: “Ventilar las heridas evita la gangrena. Un propósito del libro es, precisamente, airear las llagas y evitar que se cierren con el pus de la insatisfacción adentro. Los herederos de quienes ejercieron en su tiempo una violencia a manos llenas abogan por el olvido, sin importarles que el silencio perpetúe la fragmentación de la sociedad que habita en España”. Esta semana, la del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, el PP ha reiterado su compromiso de derogar la Ley de Memoria y ha prometido hacerlo “en el primer Consejo de Ministros” en cuanto llegue al poder, dándole carácter prioritario. Y su socio en cuatro gobiernos autonómicos, Vox, asegura en la sede de la soberanía nacional que la dictadura “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”.
España en EL PAÍS
