El coste de la deuda autonómica se encamina a triplicarse en menos de una década. Según las proyecciones elaboradas por el centro de estudios Fedea, las comunidades soportarán una factura en intereses de 11.528 millones de euros en 2029, muy por encima de los 3.608 millones pagados en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania detonó una escalada inflacionaria global a la que el Banco Central Europeo (BCE) respondió encareciendo el coste del dinero. Estos mayores tipos de interés, junto a un pasivo cada vez más voluminoso, explican esta trayectoria ascendente, detalla el trabajo Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC.AA.(2022-2029), publicado este miércoles.
El centro de estudios Fedea calcula el alza de la carga financiera desde 2022, cuando empezó la guerra en Ucrania y el BCE empezó a subir los tipos
El coste de la deuda autonómica se encamina a triplicarse en menos de una década. Según las proyecciones elaboradas por el centro de estudios Fedea, las comunidades soportarán una factura en intereses de 11.528 millones de euros en 2029, muy por encima de los 3.608 millones pagados en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania detonó una escalada inflacionaria global a la que el Banco Central Europeo (BCE) respondió encareciendo el coste del dinero. Estos mayores tipos de interés, junto a un pasivo cada vez más voluminoso, explican esta trayectoria ascendente, detalla el trabajo Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC.AA.(2022-2029), publicado este miércoles.
“El contexto internacional continúa agitado con presiones inflacionistas provocadas por el aumento del precio del petróleo a raíz de la declaración de guerra entre EE UU e Irán”, contextualizan los autores del informe, los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín. De hecho, el BCE subió 25 puntos básicos los tipos de interés en junio, hasta el 2,40%, por primera vez en casi tres años. “Debido a estas presiones inflacionistas, no esperamos que los tipos de interés se reduzcan y ni mucho menos alcancen los valores cercanos al 0% que estuvieron vigentes entre 2016 y 2022″, añaden.
Este escenario convulso consolida la previsión de que el gasto en intereses supondrá una rúbrica cada vez más onerosa en los futuros presupuestos de gasto autonómico. La carga financiera medida como ratio sobre el PIB ya casi se ha duplicado entre 2022 y 2025 para la Administración regional, pasando del 0,28% al 0,45%, porcentajes equivalentes a una factura que ha pasado de los 3.608 millones de euros a los 7.487 millones.
Los territorios más grandes experimentarían los mayores repuntes en valores absolutos, con Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza —los dos territorios con las peores cifras de deuda, junto con Murcia—, seguidos por Madrid y Andalucía. En términos porcentuales, las subidas más acusadas se registrarían en La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia.
Las comunidades son uno de los niveles de la Administración más sensibles a los ciclos económicos. Responsables de prestar los servicios públicos básicos de sanidad, educación y servicios sociales, partidas que presionan constantemente al alza, y con incentivos débiles para perseguir la estabilidad presupuestaria, sus políticas suelen estar orientadas al gasto, inciden los investigadores de Fedea, antes que al cumplimiento de la disciplina fiscal.
Los resultados cosechados en los últimos años corroboran la tesis. A partir de la Gran Recesión, la deuda autonómica ha subido como la espuma, desde el 8% del PIB de 2008 hasta un máximo del 27% en la pandemia de 2020. Esta evolución se ha registrado pese a los instrumentos de rescate y apoyo que el Estado ha puesto en marcha para las comunidades, desde los mecanismos extraordinarios de liquidez diseñados en la Gran Recesión, para que pudieran financiarse en mejores condiciones, hasta el perdón de las liquidaciones negativas del sistema de financiación en el año de la covid.
Aunque la tasa de deuda se ha desinflado tras la pandemia, situándose alrededor del 20% del PIB —por el crecimiento económico más que por ajustes—, en términos de volumen está en niveles récord, por encima de los 346.000 millones en el primer trimestre de este año, según el Banco de España, una cifra unos 30.000 millones superior a la de cierre de 2022 y unas 4,5 veces más que en 2008.
Según las proyecciones de Fedea, el montante de la deuda pública autonómica seguirá creciendo ligeramente en los próximos años, hasta los 347.012 millones en 2029, disminuyendo al 17,1% en ratio sobre el PIB gracias al tirón de la actividad. Pero la reducción no será suficiente para frenar el incremento del gasto por intereses, puesto que la refinanciación de los vencimientos se producirá a tipos superiores a los de la deuda amortizada.
Fedea prevé que el tipo medio de la deuda autonómica —ratio entre el pago anual de intereses y el volumen de pasivo a cierre de año—, del 1,1% en 2022, escale hasta el 3,3% a finales de la década. Asturias registraría el alza más significativa (4,4%), aunque los autores matizan que la estimación podría estar sesgada al alza en su metodología, porque el tipo variable al que se ha financiado el Principado en los últimos años ha cristalizado en un incremento de los costes de financiación promedio superior al resto de comunidades.
Tipos de interés por encima de la media también los soportarían Castilla y León (3,8%), Canarias y Madrid (3,7%), Galicia (3,6%) y Aragón (3,5%). Por debajo del promedio del 3,3% se situarían Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, País Vasco y La Rioja, pero ninguna llegaría a financiarse a un tipo tan bajo como antes de la crisis energética causada por la guerra en Ucrania.
Proyecciones “optimistas”
El trabajo de Fedea se basa en una serie de supuestos que los mismos autores consideran “conservadores” respecto al escenario actual, todavía lleno de incertidumbre, y hasta “optimistas” en cuanto a cumplimiento de las reglas fiscales, visto el comportamiento que han tenido las comunidades en los últimos años.
Por un lado, se han tenido en cuenta las previsiones de la Autoridad Fiscal, que pronostica un déficit autonómico del 0,1% para 2026, equilibrio para el año 2027 y un inusual superávit del 0,1% para los años 2028 y 2029. En cuanto al crecimiento, la referencia es la tasa nominal que contempla el Gobierno en el Informe de Situación de la Economía Española, del 4% de aquí a 2029. Por el otro, se pronostica que las emisiones de deuda solo irán a financiar los vencimientos, el déficit y las liquidaciones negativas de la Gran Recesión que las comunidades siguen pagando.
Para estimar la vida media de la deuda, se han analizado tanto las emisiones de las comunidades que se financian a través de los mecanismos de liquidez del Estado (4,8 años promedio) como las que acuden a los mercados (7,9 años), suponiendo que los plazos se mantendrán invariados hasta 2029. El cálculo del incremento del gasto en intereses se ha elaborado a partir del bono soberano a 5-7 años de junio (3%) en el caso de la financiación del déficit y de las liquidaciones negativas, mientras que para los vencimientos la referencia es el diferencial medio del bono soberano a 5-7 años en el periodo 2017-2024, respecto al mismo bono a junio 2026 (1,9%).
El trabajo matiza que los resultados “no deben interpretarse como una predicción, sino como un ejercicio de proyección a políticas constantes”. Es decir: no se contempla una posible política fiscal reactiva para corregir los desajustes ni cambios normativos que pongan patas arriba el punto de partida considerado, como la condonación de la deuda autonómica que plantea el Gobierno. La iniciativa, en una fase inicial de tramitación y con pocos visos de salir adelante en el Congreso, plantea el perdón de 83.000 millones de pasivo autonómico, cerca de un cuarto del total. Según la Airef, la medida redundaría en un ahorro de más de 15.600 millones en intereses hasta 2030 y permitiría a las comunidades reducir su deuda hasta el objetivo que tienen marcado, del 13% del PIB, ya a finales de esta década.
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