La industria tabacalera ha amenazado veladamente al Gobierno central, al menos desde 2024, con reclamar indemnizaciones multimillonarias si impone el empaquetado genérico o neutro en el sector, una medida que obligaría a las cajetillas de cigarrillos y otros productos a tener una apariencia neutra en la que primen los mensajes de aviso con los riesgos de la adicción al tabaco. Este cambio impide dar visibilidad a las marcas comerciales y evita que las presentaciones se conviertan en un elemento publicitario por sí mismas.
Sanidad ha retirado dos veces desde 2024 la medida de sendas iniciativas legales. El sector exigió sin éxito compensaciones de varios miles de millones de euros a Reino Unido y Australia
La industria tabacalera ha amenazado veladamente al Gobierno central, al menos desde 2024, con reclamar indemnizaciones multimillonarias si impone el empaquetado genérico o neutro en el sector, una medida que obligaría a las cajetillas de cigarrillos y otros productos a tener una apariencia neutra en la que primen los mensajes de aviso con los riesgos de la adicción al tabaco. Este cambio impide dar visibilidad a las marcas comerciales y evita que las presentaciones se conviertan en un elemento publicitario por sí mismas.
Así lo revela el documento de alegaciones presentado por la Mesa del Tabaco —formada por tabacaleras, estanqueros, cultivadores…— frente a un real decreto impulsado hace dos años por el Ministerio de Sanidad, al que ha tenido ahora acceso EL PAÍS. Entre la batería de argumentos planteados contra la iniciativa, que modificaba el real decreto 579/2017 y tenía el empaquetado genérico como uno de sus principales objetivos, la industria calificó el cambio como una “medida expropiatoria de enorme magnitud” que va contra el “derecho a la propiedad privada […] de los fabricantes de productos del tabaco respecto de sus marcas” y que “supone una restricción desproporcionada de la libertad de expresión” al limitar el uso que las compañías pueden hacer de ellas.
“No cabe expropiación sin la correspondiente indemnización“, advertía el documento, de 43 páginas y que hasta ahora no había sido hecho público. Tras recibir estas alegaciones, Sanidad retiró la medida del real decreto y ahora ha vuelto a excluir el empaquetado genérico de la nueva ley del tabaco, presentada el pasado día 21, a pesar de su intención inicial de incluirlo en el proyecto legislativo.
Aunque las alegaciones de la industria no ponen sobre la mesa ninguna cantidad, el sector ha recurrido a procedimientos legales para reclamar de miles de millones de euros en indemnizaciones en otros países. El primero fue Australia, en 2012, cuando su gobierno impuso para todas las cajetillas un color marrón, sin logotipos, con tipografía idéntica e imágenes impactantes de los daños del tabaco. La respuesta de Philip Morris —uno de los gigantes del sector, responsable de marcas como Marlboro— fue exigir la retirada de las medidas o conceder indemnizaciones por un importe de ”al menos 4.160 millones de dólares de EE UU más intereses”, según un informe jurídico del caso. Esta cantidad equivale a 5.300 millones de euros actuales.
En Reino Unido, la industria actuó de forma similar. “El empaquetado genérico viola las leyes nacionales e internacionales […] y obligará al Gobierno del Reino Unido a pagar a las compañías miles de millones de libras esterlinas en compensaciones”, defendía un documento presentado por Philip Morris a las autoridades. En un peritaje adjunto, la empresa cifraba estas indemnizaciones en “entre 3.000 y 5.000 millones de libras” (entre 5.400 y 8.900 millones de euros actuales).
Pese a estas exigencias, el sector ha perdido hasta la fecha todas las batallas legales emprendidas contra estos y otros gobiernos que han impuesto el empaquetado genérico, que hoy es una realidad en una veintena de países. Además de Australia y Reino Unido, la medida está vigente en Arabia Saudí, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda y Países Bajos, entre otros.
Varios estudios y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan de que la industria, pese a perder en estos frentes legales, sí está teniendo éxito al hacer que otros países tengan dudas a la hora de aplicar la medida o consiguiendo que la retrasen. Un documento específico de este organismo de 2021 alertaba de que “una razón clave de la falta de avances [del empaquetado genérico] es probablemente la oposición de la industria tabacalera, incluido el potencial efecto disuasorio creado por los litigios nacionales e internacionales”.
Esta situación adquiere especial relevancia en la situación actual en España, donde la presión de la industria parece haber logrado frenar en dos ocasiones las intenciones de Sanidad de introducir esta medida en un texto legal. La primera fue en el borrador del real decreto de 2024, donde, junto a la amenaza de exigir indemnizaciones, la Mesa del Tabaco utilizó otro argumento que ponía el foco en la jerarquía legislativa: “La clarísima incidencia del empaquetado genérico en derechos reconocidos [propiedad, libertad de expresión…] exige ineludiblemente que dicha medida se regule en una norma con rango de ley”.
El actual proyecto de ley del tabaco, a pesar de tener este rango, ha vuelto a dejar fuera el empaquetado genérico. La ministra Mónica García, de la formación Sumar, explicó en una entrevista a este diario que la razón era que otras carteras del Gobierno en manos del PSOE “no estaban de acuerdo” con la medida, aunque se mostró confiada en que esta acabe saliendo adelante durante la tramitación en el Congreso. “Más que oponerse [a ella], hay algunas dudas. Esperamos resolverlas y convencer a todas las fuerzas parlamentarias de sus beneficios”, precisó.
Aunque Sanidad abandera la regulación sanitaria del tabaco, la ordenación comercial del sector depende del Comisionado para el Mercado de Tabacos, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda que cuenta con un Comité Consultivo en el que están presentes los actores privados del sector. Fuentes del Gobierno explican que, por ahora, “se ha optado que el empaquetado genérico no sea incluido en el proyecto de ley de aprobado por el Consejo de Ministros” y que una de las razones para excluirlo es “que podría fomentar el fraude y el contrabando”. Estas fuentes añaden que en esta decisión “no ha influido la presión del sector”.
El argumento de que el empaquetado genérico puede aumentar la presencia de tabaco ilegal en el mercado es otro de los incluidos entre las alegaciones presentadas por la Mesa del Tabaco al real decreto de 2024. “La indiferenciación del producto lo hace más fácil de copiar, facilita la falsificación y amplía la posibilidad de comercio ilegal y contrabando”, recoge el documento. En esta misma línea, el sector alega que el hecho de que se elimine la diferenciación entre marcas puede hacer que se “intensifique la competencia de precios en la industria”, lo que puede acabar produciendo el efecto indeseado de que, al abaratarse, “el empaquetado genérico produjese un aumento del consumo de cigarrillos” incluso entre los más jóvenes.
Para la OMS y decenas de estudios publicados, sin embargo, el empaquetado genérico consigue “reducir el atractivo de los productos del tabaco” al “eliminar el envase del tabaco como forma de publicidad y promoción”, “eliminar la información engañosa que sugiere que algunos productos son menos nocivos” y “aumentar la visibilidad y efectividad de las advertencias sanitarias”. En conjunto, sigue un informe de la OMS, esto “contribuye al fin más amplio de proteger la salud mediante la reducción de la demanda de productos de tabaco” y, “aunque el empaquetado neutro no podrá resolver la epidemia del tabaquismo por sí solo, debe introducirse como parte de una estrategia integral de control del tabaco”.
Un informe del Gobierno de Australia que evaluó el impacto de la medida concluyó que esta había logrado “una disminución estadísticamente significativa en la prevalencia del tabaquismo del 0,55% [unas 108.000 personas] durante el periodo posterior a la implantación, con respecto a la prevalencia que habría habido sin los cambios en el empaquetado”.
En una respuesta por escrito a EL PAÍS suscrita por la Mesa del Tabaco —en la que también están presentes otros actores como estanqueros o agricultores de la planta―, la patronal de las tabacaleras ADELTA reitera los argumentos esgrimidos en el documento de alegaciones y asegura ”no disponer de estimaciones sobre eventuales reclamaciones patrimoniales que, en su caso, corresponderían individualmente a las empresas que pudieran verse afectadas».
La respuesta concluye que “desde la perspectiva de la Mesa del Tabaco, el debate debe centrarse en otro plano: que una medida de este alcance respete plenamente el marco constitucional y los principios de buena regulación, cuente con una adecuada cobertura legal, sea proporcionada y venga acompañada de una evaluación objetiva de su eficacia y de sus consecuencias económicas y sociales”.
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