Las fachadas de los centros públicos de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid amanecieron el 14 de octubre cubiertas de carteles verdes que animaban a secundar la huelga indefinida que comenzaba ese día. Había profesores que lucían sus camisetas verdes mientras vendían en las puertas de los colegios e institutos merchandising de la huelga para obtener fondos para la caja de resistencia ante la sangría económica que supone una huelga indefinida. “Educación de calidad”, podía leerse por ejemplo en unos globos del República de Venezuela en el distrito de Usera. Una instrucción anunciada en una nota de prensa por el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso el pasado miércoles —el día de la huelga general— advierte de que “no se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas y quedan prohibidas “pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores” con la excepción, añade, de los tablones sindicales de los centros. Antes de que llegara el anuncio, muchos de estos mensajes han ido desapareciendo, retirados en muchas ocasiones por los propios equipos directivos. “La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias”, señala la nota de la Comunidad. EL PAÍS ha consultado la medida con dos expertos en Derecho Constitucional que coinciden en que es una medida que “atenta contra la libertad de expresión y los derechos sindicales”.
La medida, que aún no es oficial, “menoscaba” la libertad de expresión y los derechos sindicales, advierten dos profesores de Derecho Constitucional
Las fachadas de los centros públicos de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid amanecieron el 14 de octubre cubiertas de carteles verdes que animaban a secundar la huelga indefinida que comenzaba ese día. Había profesores que lucían sus camisetas verdes mientras vendían en las puertas de los colegios e institutos merchandising de la huelga para obtener fondos para la caja de resistencia ante la sangría económica que supone una huelga indefinida. “Educación de calidad”, podía leerse por ejemplo en unos globos del República de Venezuela en el distrito de Usera. Una instrucción anunciada en una nota de prensa por el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso el pasado miércoles —el día de la huelga general— advierte de que “no se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas y quedan prohibidas “pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores” con la excepción, añade, de los tablones sindicales de los centros. Antes de que llegara el anuncio, muchos de estos mensajes han ido desapareciendo, retirados en muchas ocasiones por los propios equipos directivos. “La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias”, señala la nota de la Comunidad. EL PAÍS ha consultado la medida con dos expertos en Derecho Constitucional que coinciden en que es una medida que “atenta contra la libertad de expresión y los derechos sindicales”.
“Si de lo que estamos hablando es de mensajes que informan, que llaman a la huelga, o de reivindicaciones laborales, eso no es técnicamente un mensaje político. Y desde luego está amparado por la normativa tanto de función pública como la propia normativa de huelga y libertad sindical”, explica Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (Tenerife).
La orden para retirar carteles y pancartas en Madrid aún no está vigente. En huelgas educativas anteriores, como las vividas en Cataluña, Comunidad Valenciana o Asturias, no se planteó ninguna medida similar. Ante la previsible publicación de esta instrucción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tal y como ha anunciado el Gobierno regional, Pérez considera que la única vía del Comité de Huelga sería “acudir a los tribunales”. No sería la primera vez que se plantea desde que empezó la huelga el 14 de octubre. Primero se llevó ante la justicia a la Comunidad por no sentarse a negociar pese a que como empleador sería su deber. Esta semana se ha iniciado otro procedimiento que denuncia la carta enviada a los docentes madrileños por parte de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, al considerar que “vulneran la libertad sindical y el derecho de huelga”. “Llegados a ese punto, existe la posibilidad de que se abra un procedimiento especial, preferente y sumario que agilizaría los plazos y que se utiliza para la tutela de los derechos fundamentales como puede ser el derecho a huelga”, cuenta el profesor Pérez. “Es muy probable que cuando salga la sentencia la huelga haya terminado, pero al menos sentaría jurisprudencia que podría invocarse para que esto no vuelva a repetirse en el futuro”, agrega. Si se llegara a imponer una sanción, “esta también podría ser llevada a los tribunales alegando que no se puede obligar a cumplir una orden inconstitucional”, opina el experto.
“Una previsión tan genérica como la que se ha anunciado es completamente inconstitucional e ilegal. Pretende menoscabar el derecho a la libertad de expresión, que puede ejercerse en los centros docentes y en las Administraciones públicas. Otra cosa sería pedir el voto a un determinado partido, eso sí está prohibido”, señala por su parte Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. “El argumento de que son contenidos políticos no sirve. Cualquier reivindicación laboral tiene por definición connotaciones políticas porque políticamente es como se puede resolver el conflicto. Además, su interlocutor, en este caso la Comunidad de Madrid, es un poder público”, manifiesta.
Bajo su punto de vista, es importante tener en cuenta “el contexto” en el que se produce esta instrucción. “Las normas hay que interpretarlas en el contexto en el que van a operar. Y el contexto es una huelga en la que podría tener un impacto que en derecho se llama el chilling effect. Esto es un efecto disuasorio de la huelga que es un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional tiene clarísimo que esto está prohibido”, defiende Gerardo.
El Comité de Huelga ha denunciado esta instrucción de la Comunidad de Madrid, que afecta también a los medios empleados habitualmente por los centros educativos. La consejera Zarzalejo ha anunciado que tampoco podrán utilizarse plataformas digitales, páginas web, redes sociales o correos corporativos para difundir manifiestos políticos ni mensajes de carácter sindical. El objetivo, según la Comunidad de Madrid, es “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar”.
Reunión fallida con la consejería
Una reunión telemática de apenas 30 minutos ha sido la única aproximación de la Consejería de Educación con el Comité de Huelga. La cita, a las 15.00, fue propuesta por la consejería. El objetivo era comunicar al Comité el borrador sobre la ampliación de los servicios mínimos de los centros educativos de ahora en adelante y que afecta sobre todo a 2º de Bachillerato y Formación Profesional. En una sala de la planta baja de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, nueve representantes de cada una de las distintas organizaciones del Comité se conectaron a la reunión. Al otro lado de la pantalla estaban tres cargos importantes de la Consejería: José Carlos Gibaja, subdirector general de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial; Francisco Cilleruelo, subdirector general de Centros de Educación Secundaria; y Miguel Ángel Pinero, subdirector general de Centros de Formación Profesional y Régimen Especial.
“Nos sorprende que solo hemos hablado nosotros”, resume Aída San Millán, portavoz de Comisiones Obreras. “normalmente te explican en poco el borrador que te han mandado y lo defienden cuando tú te quejas, pero en esta ocasión no han dicho una palabra. Saben que puede ser inconstitucional y no quieren pillarse los dedos, de hecho ninguno ha defendido a la consejera”, añade. “Si la huelga no está teniendo seguimiento, tal y como vienen diciendo, no tiene sentido que quieran aumentar los servicios mínimos y que se hayan perdido miles de horas de clase como ahora denuncian”, añade por su parte Andrea Ordóñez, portavoz de CNT, que subraya que todos los estratos de la educación “hasta las direcciones de los centros” respaldan la huelga.
ADiMAD, la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, emitió el jueves un comunicado de apoyo a la huelga. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, decía el escrito, que también se refería con dureza a la instrucción de retirar cualquier mensaje referido a la huelga de las fachadas de los centros. “Los directores y directoras rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Resulta especialmente llamativo que, mientras persisten graves problemas derivados del conflicto, se dediquen esfuerzos a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”.
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