Los planes de pensiones encaran su sexto año con salidas netas de dinero

Los planes de pensiones son el vehículo financiero por antonomasia para acumular un capital de cara a la jubilación. Todas las Administraciones los quieren fomentar porque son una vía para canalizar ahorro privado hacia inversión productiva, pero también porque suponen un sostén para el primer pilar de la previsión social: las pensiones públicas. Sin embargo, en los últimos años este pilar va perdiendo cada vez más relevancia.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por Inverco (la asociación del sector), en el primer semestre de 2026 se registraron 112 millones de euros en aportaciones a planes de pensiones individuales. Mientras tanto, las prestaciones —el dinero que los jubilados van retirando al llegar a los 65 años— ascendieron entre enero y junio a 235 millones. Por lo tanto, en ese periodo salieron 123 millones de euros.

La cifra es solo de mitad de año y únicamente incluye los planes individuales, dejando fuera las aportaciones y prestaciones a planes de empleo, que las empresas dotan en beneficio de su plantilla. Pero la tendencia es muy potente. Desde el año 2021, todos los ejercicios han registrado salidas de dinero del sistema de planes de pensiones. 304 millones, 928 millones, 1.132 millones… En total, ya han salido cerca de 3.500 millones de euros desde entonces.

El año pasado, además, se añadió la circunstancia de que se abrió la ventana para que se pueda rescatar el dinero que lleve más de 10 años metido en un plan. Eso supuso salidas adicionales por valor de 1.100 millones de euros.

Si el patrimonio total no ha caído en estos años ha sido por la revalorización que han tenido los activos donde ya estaban invertidos los planes. El volumen de activos en el sistema individual asciende a 101.849 millones de euros, con una rentabilidad agregada del 12% en los últimos 12 meses. En planes de empleo hay otros 41.000 millones de euros, pero no hay datos tan actualizados.

El punto de inflexión en los planes de pensiones fue, paradójicamente, una ley que trató de impulsarlos. El Gobierno se propuso fomentar los planes colectivos frente a los individuales. Para ello, estableció un tope de aportación anual de 1.500 euros para estos últimos, mientras que mantuvo el tope previo de 8.000 euros para los planes de empleo. Dado que muy pocas empresas tienen constituidos este tipo de planes colectivos para sus empleados, la consecuencia directa del cambio normativo fue que empezó a entrar mucho menos dinero en planes individuales.

A pesar de las salidas netas de dinero en el sistema durante los últimos años, sí que se observa una cierta minoración de los reembolsos. Esto se explica por el progresivo desarrollo de los llamados planes de pensiones simplificados. A través de dos vías, los planes para autónomos y el nuevo plan sectorial para los trabajadores del sector de la construcción.

Las gestoras de planes de pensiones llevan años reclamando al Gobierno que eleve el tope de 1.500 euros al año y vuelva a las guías previas. El dinero que se aporta a un plan de pensiones puede desgravarse de la base imponible del IRPF. Se trata de postergar el pago de impuestos, dado que en el momento de rescatar el plan sí que hay que tributar, como si fuera una renta del trabajo.

Además, una parte del dinero que cada año iba a planes de pensiones individuales ha acabado redirigiéndose a fondos de inversión, que llevan una racha de muchos años registrando llegadas de capital.