Los presidentes de Ceuta y Andalucía exigen que se blinde la frontera con Marruecos y se agilicen las devoluciones Leer Los presidentes de Ceuta y Andalucía exigen que se blinde la frontera con Marruecos y se agilicen las devoluciones Leer
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne este jueves con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en plena crisis migratoria y justo el mismo día que un enorme dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil ha acordonado la playa del Trampolín para desalojar a los más de 3.000 subsaharianos y magrebíes que la ocupan en su totalidad, todos ellos procedentes del salto desde Marruecos del pasado 30 de julio.
Moreno visita la ciudad autónoma un día después que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Se trata del primer presidente autonómico que se entrevista con Vivas desde el comienzo de la crisis migratoria a finales de julio. Además de la reunión con Vivas, Moreno tiene previsto mantener un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Ceuta.
Al llegar a Ceuta, Moreno ha expresado su «afecto, comprensión y solidaridad al pueblo ceutí ante la grave situación que está viviendo. Andalucía está con Ceuta. Nos apreciamos y nos apoyamos. Somos tierras hermanas», ha dicho en su cuenta de X.
Desde que comenzó la crisis, Moreno ha trasladado a Vivas la «solidaridad» de Andalucía con el «pueblo hermano» en «varias conversaciones» entre ambos mandatarios durante los días de las entrada masiva. La Junta ha defendido que «Andalucía está hermanada con Ceuta históricamente», tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.
El Ejecutivo andaluz ha criticado estos días la «tardanza en reaccionar» en la crisis migratoria de Ceuta al Gobierno de España, al que le ha exigido que asuma su «obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España, así como la seguridad en todo el territorio español».
Como viene informando EL MUNDO, el Gobierno andaluz tendrá que resolver en las próximas semanas una complicada disyuntiva política y jurídica derivada del giro drástico que ha imprimido a su discurso en materia de menores extranjeros a raíz de su acuerdo con Vox. El pacto que hizo posible la investidura de Moreno se opone tajantemente a aceptar los repartos solidarios entre comunidades autónomas de los menores no acompañados. Y, sin embargo, la Junta firmó hace sólo dos años un convenio de colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta en el que ambos gobiernos autonómicos se comprometen a auxiliarse mutuamente en caso de crisis migratoria.
Ese acuerdo, rubricado el 11 de enero de 2024 por la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y el titular de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, tiene vigencia de cuatro años (prorrogables), es decir está plenamente en vigor en la actualidad.
Su objeto es «coordinar» las actuaciones entre Ceuta y Andalucía «para la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados afectados por la contingencia migratoria», y pretende «ser un instrumento de cooperación interautonómico que permita la derivación e integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados entre las partes firmantes de forma ágil y que sea estable en el tiempo, mientras continúe desarrollándose la crisis migratoria que afecta a la Ciudad de Ceuta». Entonces se acordó que el número de menores que serían trasladados a Andalucía sería «el que se establezca sucesivamente en función de los criterios de reparto recogidos en el Plan de Respuesta aprobado por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia, de 5 de octubre de 2022».
Más allá de ese acuerdo, el artículo 228 del Estatuto de Autononía de Andalucía recoge que «la comunidad autónoma de Andalucía mantendrá unas especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla». Esos lazos se reforzaron en 2024 con la firma de un protocolo, que también incluye a Melilla, para estrechar vínculos y por el que, entre otras medidas, la comunidad andaluza pone a disposición de las dos ciudades autónomas sus oficinas de Madrid Cataluña y Bruselas para facilitarles el apoyo que necesiten y les ofrece su protección en materia de seguridad.
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