Las patronales catalanas levantan la mano ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y trasladan a los partidos sus principales reivindicaciones económicas para la próxima legislatura. Foment del Treball y Pimec han presentado este viernes sendos documentos con un total de 1.129 propuestas, en los que coinciden en reclamar una fiscalidad más favorable, menos trabas administrativas y reformas para impulsar la productividad. Una de sus principales coincidencias es la exigencia de deflactar el IRPF para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación se traduzcan en una mayor factura fiscal para los contribuyentes.La organización que preside Josep Sánchez Llibre ha elaborado un documento con 729 medidas distribuidas en 28 ámbitos de actuación, mientras que la patronal de las pequeñas y medianas empresas, encabezada por Antoni Cañete, plantea otras 400 iniciativas para el periodo 2026-2030.En el caso de Foment, la propuesta fiscal pasa por establecer por ley una actualización anual de los tramos estatales del IRPF y de los mínimos personales y familiares, aplicando el mismo porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. La patronal reclama además recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido por la falta de actualización del impuesto.La organización también propone suprimir los impuestos sobre el patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas, reducir la tributación sobre sucesiones y donaciones y reforzar los incentivos fiscales a la reinversión de beneficios empresariales. La vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, defendió la necesidad de contar con «un sistema más sencillo, previsible y favorable a la actividad productiva».En el ámbito laboral, Foment reclama recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia, así como reforzar el papel de las mutuas en la gestión de las bajas médicas, especialmente en las pruebas diagnósticas, la rehabilitación y el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, para combatir el absentismo.Otro de los capítulos centrales es el de las infraestructuras. La patronal reclama una aportación conjunta adicional del Estado y la Generalitat de Cataluña al menos 1.500 millones de euros anuales para reducir el déficit inversor acumulado en la conunidad, así como la creación de un consorcio entre ambas administraciones para supervisar la ejecución de los proyectos.En política energética, Foment defiende prolongar la vida útil de las centrales nucleares mientras sean necesarias para garantizar el suministro y reclama una política industrial estable que permita elevar el peso de la industria hasta el 20% del PIB. También propone un pacto de Estado para aumentar la oferta de vivienda y agilizar las licencias urbanísticas.Por su parte, Pimec ha presentado en Madrid su programa de 400 propuestas estructuradas en 22 ámbitos y diez grandes prioridades. Entre ellas destaca una Ley de Crecimiento y Dimensión Empresarial destinada a eliminar las barreras normativas que penalizan a las compañías cuando aumentan su facturación o plantilla. En materia tributaria, coincide con Foment en reclamar la actualización anual de los tramos y mínimos del IRPF y propone incentivos a la reinversión de beneficios y la capitalización empresarial.La patronal también plantea reducir un 35% los costes administrativos que soportan las pymes durante la próxima legislatura, mediante una pausa normativa, la simplificación de trámites y un examen vinculante del impacto de las nuevas regulaciones sobre las pequeñas empresas. Otras reivindicaciones incluyen aprobar un régimen sancionador contra la morosidad, impulsar un pacto por el trabajo y facilitar el acceso de las pymes a la inteligencia artificial, la digitalización y una energía competitiva. Por otra parte, la patronal de las pymes catalanas, apenas unos días después de anunciar su salida de Conpymes en medio de la crisis institucional de la confederación, también incluye entre sus demandas la aprobación de una ley de representatividad empresarial que establezca criterios objectivos para garantizar la participación efectiva en el diálogo social de las organizaciones empresariales más representatiaes de ámbito autonómico y de aquellas que representan específicamente a las pymes. Las patronales catalanas levantan la mano ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y trasladan a los partidos sus principales reivindicaciones económicas para la próxima legislatura. Foment del Treball y Pimec han presentado este viernes sendos documentos con un total de 1.129 propuestas, en los que coinciden en reclamar una fiscalidad más favorable, menos trabas administrativas y reformas para impulsar la productividad. Una de sus principales coincidencias es la exigencia de deflactar el IRPF para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación se traduzcan en una mayor factura fiscal para los contribuyentes.La organización que preside Josep Sánchez Llibre ha elaborado un documento con 729 medidas distribuidas en 28 ámbitos de actuación, mientras que la patronal de las pequeñas y medianas empresas, encabezada por Antoni Cañete, plantea otras 400 iniciativas para el periodo 2026-2030.En el caso de Foment, la propuesta fiscal pasa por establecer por ley una actualización anual de los tramos estatales del IRPF y de los mínimos personales y familiares, aplicando el mismo porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. La patronal reclama además recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido por la falta de actualización del impuesto.La organización también propone suprimir los impuestos sobre el patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas, reducir la tributación sobre sucesiones y donaciones y reforzar los incentivos fiscales a la reinversión de beneficios empresariales. La vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, defendió la necesidad de contar con «un sistema más sencillo, previsible y favorable a la actividad productiva».En el ámbito laboral, Foment reclama recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia, así como reforzar el papel de las mutuas en la gestión de las bajas médicas, especialmente en las pruebas diagnósticas, la rehabilitación y el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, para combatir el absentismo.Otro de los capítulos centrales es el de las infraestructuras. La patronal reclama una aportación conjunta adicional del Estado y la Generalitat de Cataluña al menos 1.500 millones de euros anuales para reducir el déficit inversor acumulado en la conunidad, así como la creación de un consorcio entre ambas administraciones para supervisar la ejecución de los proyectos.En política energética, Foment defiende prolongar la vida útil de las centrales nucleares mientras sean necesarias para garantizar el suministro y reclama una política industrial estable que permita elevar el peso de la industria hasta el 20% del PIB. También propone un pacto de Estado para aumentar la oferta de vivienda y agilizar las licencias urbanísticas.Por su parte, Pimec ha presentado en Madrid su programa de 400 propuestas estructuradas en 22 ámbitos y diez grandes prioridades. Entre ellas destaca una Ley de Crecimiento y Dimensión Empresarial destinada a eliminar las barreras normativas que penalizan a las compañías cuando aumentan su facturación o plantilla. En materia tributaria, coincide con Foment en reclamar la actualización anual de los tramos y mínimos del IRPF y propone incentivos a la reinversión de beneficios y la capitalización empresarial.La patronal también plantea reducir un 35% los costes administrativos que soportan las pymes durante la próxima legislatura, mediante una pausa normativa, la simplificación de trámites y un examen vinculante del impacto de las nuevas regulaciones sobre las pequeñas empresas. Otras reivindicaciones incluyen aprobar un régimen sancionador contra la morosidad, impulsar un pacto por el trabajo y facilitar el acceso de las pymes a la inteligencia artificial, la digitalización y una energía competitiva. Por otra parte, la patronal de las pymes catalanas, apenas unos días después de anunciar su salida de Conpymes en medio de la crisis institucional de la confederación, también incluye entre sus demandas la aprobación de una ley de representatividad empresarial que establezca criterios objectivos para garantizar la participación efectiva en el diálogo social de las organizaciones empresariales más representatiaes de ámbito autonómico y de aquellas que representan específicamente a las pymes.
Las patronales catalanas levantan la mano ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y trasladan a los partidos sus principales reivindicaciones económicas para la próxima legislatura. Foment del Treball y Pimec han presentado este viernes sendos documentos con un total de 1. … 129 propuestas, en los que coinciden en reclamar una fiscalidad más favorable, menos trabas administrativas y reformas para impulsar la productividad. Una de sus principales coincidencias es la exigencia de deflactar el IRPF para evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación se traduzcan en una mayor factura fiscal para los contribuyentes.
La organización que preside Josep Sánchez Llibre ha elaborado un documento con 729 medidas distribuidas en 28 ámbitos de actuación, mientras que la patronal de las pequeñas y medianas empresas, encabezada por Antoni Cañete, plantea otras 400 iniciativas para el periodo 2026-2030.
En el caso de Foment, la propuesta fiscal pasa por establecer por ley una actualización anual de los tramos estatales del IRPF y de los mínimos personales y familiares, aplicando el mismo porcentaje general de revalorización de las pensiones contributivas. La patronal reclama además recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido por la falta de actualización del impuesto.
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La organización también propone suprimir los impuestos sobre el patrimonio y de solidaridad de las grandes fortunas, reducir la tributación sobre sucesiones y donaciones y reforzar los incentivos fiscales a la reinversión de beneficios empresariales. La vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, defendió la necesidad de contar con «un sistema más sencillo, previsible y favorable a la actividad productiva».
En el ámbito laboral, Foment reclama recuperar el despido objetivo por faltas de asistencia, así como reforzar el papel de las mutuas en la gestión de las bajas médicas, especialmente en las pruebas diagnósticas, la rehabilitación y el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, para combatir el absentismo.
Otro de los capítulos centrales es el de las infraestructuras. La patronal reclama una aportación conjunta adicional del Estado y la Generalitat de Cataluña al menos 1.500 millones de euros anuales para reducir el déficit inversor acumulado en la conunidad, así como la creación de un consorcio entre ambas administraciones para supervisar la ejecución de los proyectos.
En política energética, Foment defiende prolongar la vida útil de las centrales nucleares mientras sean necesarias para garantizar el suministro y reclama una política industrial estable que permita elevar el peso de la industria hasta el 20% del PIB. También propone un pacto de Estado para aumentar la oferta de vivienda y agilizar las licencias urbanísticas.
Por su parte, Pimec ha presentado en Madrid su programa de 400 propuestas estructuradas en 22 ámbitos y diez grandes prioridades. Entre ellas destaca una Ley de Crecimiento y Dimensión Empresarial destinada a eliminar las barreras normativas que penalizan a las compañías cuando aumentan su facturación o plantilla. En materia tributaria, coincide con Foment en reclamar la actualización anual de los tramos y mínimos del IRPF y propone incentivos a la reinversión de beneficios y la capitalización empresarial.
La patronal también plantea reducir un 35% los costes administrativos que soportan las pymes durante la próxima legislatura, mediante una pausa normativa, la simplificación de trámites y un examen vinculante del impacto de las nuevas regulaciones sobre las pequeñas empresas. Otras reivindicaciones incluyen aprobar un régimen sancionador contra la morosidad, impulsar un pacto por el trabajo y facilitar el acceso de las pymes a la inteligencia artificial, la digitalización y una energía competitiva.
Por otra parte, la patronal de las pymes catalanas, apenas unos días después de anunciar su salida de Conpymes en medio de la crisis institucional de la confederación, también incluye entre sus demandas la aprobación de una ley de representatividad empresarial que establezca criterios objectivos para garantizar la participación efectiva en el diálogo social de las organizaciones empresariales más representatiaes de ámbito autonómico y de aquellas que representan específicamente a las pymes.
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