El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino las comunicaciones de dos exdiputados de la CUP , Carles Riera y David Fernández, con el preceptivo aval del Tribunal Supremo. Así lo ha acreditado el Gobierno, después de que el Consejo de Ministros acordase desclasificar información relativa a la monitorización de los terminales de los dos independentistas, ya que un juzgado de Barcelona elevó un suplicatorio, el pasado marzo, tras la querella formalizada por ambos. Certifica así el Ministerio de Defensa que la actividad de los Servicios de Inteligencia fue «legal y autorizada judicialmente», y por ello ha acordado la desclasificación de los autos que así lo avalaron y también que la actual directora del Centro, Esperanza Casteleiro, declare como testigo en dicho procedimiento, ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, para acreditarlo. No obstante, el Ejecutivo rechaza aportar información sobre las herramientas empleadas para la intervención de las comunicaciones de Riera y Fernández, al entender que se trata de un procedimiento técnico del CNI, por tanto, que puede afectar a la eficacia misma del Centro y «por ende, al cumplimiento de su misión». Proporcionar dicha información, abunda la respuesta gubernamental, «pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (y la de todos los españoles)». También supondrían un peligro para «la eficacia, las fuentes de información, los medios, y los procedimientos operativos» de los Servicios de Inteligencia. Precisa, además, que esa limitación de acceso a la información a ajenos al Centro se «refuerza aún más» cuando esos medios hubieran sido proporcionados o empleados «en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados». Noticia relacionada general No No La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa de Òmnium por Pegasus y reclama al Gobierno desclasificar información Elena BurésEs decir, la respuesta no hace mención alguna al programa israelí Pegasus. Cabe recordar que en 2022, la entonces directora del CNI Paz Esteban ya detalló en la comisión de Secretos Oficiales que Riera había sido uno de los 18 independentistas monitorizados -entre los que también se encontraba el expresidente catalán Pere Aragonès-. No así David Fernández, algo que ahora acredita el Gobierno.Sobre un tercer querellante, también de la CUP, Albert Botran, el CNI no ha monitorizado sus comunicaciones. Algo que Casteleiro también podrá certificar ante el instructor de la causa, tras la desclasificación parcial acordada por el Consejo de Ministros. Una declaración que, precisa la respuesta remitida al juzgado, «no podrá ir más allá, ni extenderse de tal manera que pudiera dar lugar a riesgos para la Seguridad Nacional». Es decir, sólo podrá certificar el aval del Supremo en los casos de Riera y Fernández, y negar cualquier intervención respecto de Botran. Cabe recordar que el pasado viernes, fue Esteban quien certificó ante el juzgado que el CNI había monitorizado las comunicaciones del exdirigente republicano Sergi Sabrià, también con autorización judicial. Al igual que en este caso, la antigua secretaria de Estado pudo aportar esta información tras la desclasificación aprobada por el Gobierno. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino las comunicaciones de dos exdiputados de la CUP , Carles Riera y David Fernández, con el preceptivo aval del Tribunal Supremo. Así lo ha acreditado el Gobierno, después de que el Consejo de Ministros acordase desclasificar información relativa a la monitorización de los terminales de los dos independentistas, ya que un juzgado de Barcelona elevó un suplicatorio, el pasado marzo, tras la querella formalizada por ambos. Certifica así el Ministerio de Defensa que la actividad de los Servicios de Inteligencia fue «legal y autorizada judicialmente», y por ello ha acordado la desclasificación de los autos que así lo avalaron y también que la actual directora del Centro, Esperanza Casteleiro, declare como testigo en dicho procedimiento, ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, para acreditarlo. No obstante, el Ejecutivo rechaza aportar información sobre las herramientas empleadas para la intervención de las comunicaciones de Riera y Fernández, al entender que se trata de un procedimiento técnico del CNI, por tanto, que puede afectar a la eficacia misma del Centro y «por ende, al cumplimiento de su misión». Proporcionar dicha información, abunda la respuesta gubernamental, «pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (y la de todos los españoles)». También supondrían un peligro para «la eficacia, las fuentes de información, los medios, y los procedimientos operativos» de los Servicios de Inteligencia. Precisa, además, que esa limitación de acceso a la información a ajenos al Centro se «refuerza aún más» cuando esos medios hubieran sido proporcionados o empleados «en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados». Noticia relacionada general No No La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa de Òmnium por Pegasus y reclama al Gobierno desclasificar información Elena BurésEs decir, la respuesta no hace mención alguna al programa israelí Pegasus. Cabe recordar que en 2022, la entonces directora del CNI Paz Esteban ya detalló en la comisión de Secretos Oficiales que Riera había sido uno de los 18 independentistas monitorizados -entre los que también se encontraba el expresidente catalán Pere Aragonès-. No así David Fernández, algo que ahora acredita el Gobierno.Sobre un tercer querellante, también de la CUP, Albert Botran, el CNI no ha monitorizado sus comunicaciones. Algo que Casteleiro también podrá certificar ante el instructor de la causa, tras la desclasificación parcial acordada por el Consejo de Ministros. Una declaración que, precisa la respuesta remitida al juzgado, «no podrá ir más allá, ni extenderse de tal manera que pudiera dar lugar a riesgos para la Seguridad Nacional». Es decir, sólo podrá certificar el aval del Supremo en los casos de Riera y Fernández, y negar cualquier intervención respecto de Botran. Cabe recordar que el pasado viernes, fue Esteban quien certificó ante el juzgado que el CNI había monitorizado las comunicaciones del exdirigente republicano Sergi Sabrià, también con autorización judicial. Al igual que en este caso, la antigua secretaria de Estado pudo aportar esta información tras la desclasificación aprobada por el Gobierno.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) intervino las comunicaciones de dos exdiputados de la CUP, Carles Riera y David Fernández, con el preceptivo aval del Tribunal Supremo. Así lo ha acreditado el Gobierno, después de que el Consejo de Ministros acordase desclasificar información … relativa a la monitorización de los terminales de los dos independentistas, ya que un juzgado de Barcelona elevó un suplicatorio, el pasado marzo, tras la querella formalizada por ambos.
Certifica así el Ministerio de Defensa que la actividad de los Servicios de Inteligencia fue «legal y autorizada judicialmente», y por ello ha acordado la desclasificación de los autos que así lo avalaron y también que la actual directora del Centro, Esperanza Casteleiro, declare como testigo en dicho procedimiento, ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, para acreditarlo. No obstante, el Ejecutivo rechaza aportar información sobre las herramientas empleadas para la intervención de las comunicaciones de Riera y Fernández, al entender que se trata de un procedimiento técnico del CNI, por tanto, que puede afectar a la eficacia misma del Centro y «por ende, al cumplimiento de su misión».
Proporcionar dicha información, abunda la respuesta gubernamental, «pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (y la de todos los españoles)». También supondrían un peligro para «la eficacia, las fuentes de información, los medios, y los procedimientos operativos» de los Servicios de Inteligencia. Precisa, además, que esa limitación de acceso a la información a ajenos al Centro se «refuerza aún más» cuando esos medios hubieran sido proporcionados o empleados «en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados».
Noticia relacionada
-U16780384067IjG-366x256@diario_abc.jpeg)
Es decir, la respuesta no hace mención alguna al programa israelí Pegasus. Cabe recordar que en 2022, la entonces directora del CNI Paz Esteban ya detalló en la comisión de Secretos Oficiales que Riera había sido uno de los 18 independentistas monitorizados -entre los que también se encontraba el expresidente catalán Pere Aragonès-. No así David Fernández, algo que ahora acredita el Gobierno.
Sobre un tercer querellante, también de la CUP, Albert Botran, el CNI no ha monitorizado sus comunicaciones. Algo que Casteleiro también podrá certificar ante el instructor de la causa, tras la desclasificación parcial acordada por el Consejo de Ministros. Una declaración que, precisa la respuesta remitida al juzgado, «no podrá ir más allá, ni extenderse de tal manera que pudiera dar lugar a riesgos para la Seguridad Nacional». Es decir, sólo podrá certificar el aval del Supremo en los casos de Riera y Fernández, y negar cualquier intervención respecto de Botran.
Cabe recordar que el pasado viernes, fue Esteban quien certificó ante el juzgado que el CNI había monitorizado las comunicaciones del exdirigente republicano Sergi Sabrià, también con autorización judicial. Al igual que en este caso, la antigua secretaria de Estado pudo aportar esta información tras la desclasificación aprobada por el Gobierno.
RSS de noticias de espana/cataluna
