El Comité Electoral Central de Israel ha aprobado vetar la participación en las elecciones del 27 de octubre de todos los partidos árabes, a la vez que ha rechazado las peticiones de impedir que concurran varios partidos judíos. La decisión será previsiblemente tumbada la próxima semana por el Tribunal Supremo, como ha sucedido en anteriores comicios, pero refleja la profundización de la distinta vara de medir a las formaciones que representan a la mayoría judía o a la minoría de palestinos con ciudadanía israelí. El Comité Electoral está conformado a partir de los equilibrios de poder en el Parlamento, con mayoría, por tanto, de la derechista coalición gobernante de Benjamín Netanyahu.
El organismo rechaza las peticiones de impedir que concurran varios partidos judíos. La decisión será previsiblemente tumbada por el Tribunal Supremo
El Comité Electoral Central de Israel ha aprobado vetar la participación en las elecciones del 27 de octubre de todos los partidos árabes, a la vez que ha rechazado las peticiones de impedir que concurran varios partidos judíos. La decisión será previsiblemente tumbada la próxima semana por el Tribunal Supremo, como ha sucedido en anteriores comicios, pero refleja la profundización de la distinta vara de medir a las formaciones que representan a la mayoría judía o a la minoría de palestinos con ciudadanía israelí. El Comité Electoral está conformado a partir de los equilibrios de poder en el Parlamento, con mayoría, por tanto, de la derechista coalición gobernante de Benjamín Netanyahu.
El miércoles, en la primera jornada de estudio de las peticiones, la Comisión votó la inhabilitación de las dos listas electorales árabes que, según los sondeos, obtendrían representación parlamentaria: la Conjunta (una alianza de los partidos Balad, Hadash y Taal) y la Árabe Unida, la primera formación árabe en la historia del país en integrar un Gobierno. Fue en 2021, con Naftali Bennett y Yair Lapid como primeros ministros en alternancia.
La Comisión alega que rechazan la existencia de Israel como Estado judío y democrático y que apoyan la lucha armada, pese a que ambas listas apuestan por una solución pacífica al conflicto de Oriente Próximo. A la Lista Árabe Unida, liderada por Mansur Abbas, también le reprocha la incitación al racismo, lo que resulta chocante porque a ella se acaba de sumar un ex número dos de la policía, el judío Yoav Segalovich, y porque en esta legislatura se ha normalizado la retórica genocida o a favor de la limpieza étnica por parte de diputados judíos.
Esta decisión no solo refleja el creciente ambiente de incitación y rechazo de la presencia árabe en el Parlamento, promovido por el actual Ejecutivo y buena parte de la oposición, sino también su potencial papel de bisagra. Los sondeos auguran que los partidos judíos de la oposición necesitarían el apoyo de la Lista Árabe Unida para desbancar a Netanyahu, pese a que varios de ellos se han esforzado en campaña en asegurar que no gobernarían con ellos. Coincide con los deseos de la mayoría social de excluir del poder a las formaciones palestinas, representantes del 20% de la población que desciende de las decenas de miles de palestinos que se quedaron en el actual territorio de Israel durante la Nakba, la expulsión o huida de otros cientos de miles.
El Comité también ha pedido la descalificación de Ofer Cassif (el parlamentario judío más combativo en las causas palestinas, del partido de inspiración comunista Hadash) y Sami Abu Shehada, presidente de Balad.
El primero por rechazar la existencia de Israel como Estado judío y democrático y el segundo, por las acusaciones de que apoya la lucha armada o a una organización terrorista contra Israel. El motivo es un artículo que escribió el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás que causó más de 1.200 muertos y 251 rehenes, en el que lo definía como un “acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico” y señalaba que “si la pequeña y aislada Gaza ha logrado hacerlo, otros podrán hacerlo en la misma escala”.
Abu Shehada —que además de presidir Balad concurre en el tercer puesto de la Lista Conjunta— ha insistido en que nunca ha “apoyado la violencia ni ninguna lucha armada” y que desconocía el alcance de la masacre cuando escribió ese artículo, del que hoy se arrepiente.
En su caso, la votación para inhabilitarlo acabó con 30 votos a favor por cuatro en contra. Contó, además, con el apoyo de todos los partidos de la oposición y con inhabitual respaldo de la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y el magistrado del Supremo que preside el panel, Noam Sohlberg, lo que hace más probable que acabe saliendo adelante.
Este jueves, en cambio, la Comisión ha rechazado nuevas peticiones, permitiendo así participar a las formaciones ultraderechistas Poder Judío, Sionismo Religioso y Zehut. La primera está liderada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien propone matar cada día en Gaza a 30 o 40 personas y que fue condenado en el pasado y rechazado para el servicio militar obligatorio por la radicalidad de sus ideas. La petición de excluirlo se basaba también en que es el heredero ideológico de una formación (Kaj, del rabino racista estadounidense-israelí Meir Kahane) que Israel prohibió en el siglo pasado.
“Poder Judío no es solo un partido más de extrema derecha, es una amenaza a la democracia israelí”, ha señalado el partido que pidió la exclusión, Los Demócratas, en un comunicado lamentando la decisión del Comité. Los Demócratas, liderados por Yair Golán, conjugan el histórico laborismo y la formación de izquierdas Meretz y habían pedido la descalificación tanto de Abu Shehada como de Ben Gvir.
La Comisión rechazó asimismo una petición inversa, la de Ben Gvir, de vetar a Los Demócratas, argumentando que la formación socava la democracia e incita al racismo. Ninguna de estas peticiones contaba con el aval jurídico de la fiscal general.
La Ley Básica de Israel establece que los candidatos y las listas de partidos pueden ser vetados de las elecciones por rechazar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, incitar al racismo o apoyar la lucha armada por parte de un país enemigo u organización terrorista contra Israel. Ahora, el Supremo tiene la última palabra. Suele aplicar criterios mucho más estrictos que la Comisión para descalificar a una formación de los comicios.
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