El Gobierno entiende que la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo avala que la ley de amnistía era legítima y constitucional, frente a las duras críticas y costes que le supuso al inicio de esta legislatura, sino que ha sido útil para normalizar la situación en Cataluña y “demuestra” el sentido de la “mayoría plurinacional” que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Con esa legitimidad, en el Gobierno de coalición y sus socios se apresuraron a apurar a los tribunales, el Constitucional y el Supremo, a que apliquen ahora la amnistía a todos los afectados y cuanto antes para completar los objetivos de la legislatura. Eso sí, con lecturas políticas diferentes sobre el fallo europeo: mientras el Gobierno ve superado el procés en Cataluña, Junts y ERC consideran que la sentencia revalida la “rotunda victoria” y la continuidad del conflicto y del proceso independentista.
El Constitucional tumbará en julio el recurso contra la amnistía de Extremadura y prevé ver las peticiones de amparo a partir de octubre
El Gobierno entiende que la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no solo avala que la ley de amnistía era legítima y constitucional, frente a las duras críticas y costes que le supuso al inicio de esta legislatura, sino que ha sido útil para normalizar la situación en Cataluña y “demuestra” el sentido de la “mayoría plurinacional” que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Con esa legitimidad, en el Gobierno de coalición y sus socios se apresuraron a apurar a los tribunales, el Constitucional y el Supremo, a que apliquen ahora la amnistía a todos los afectados y cuanto antes para completar los objetivos de la legislatura. Eso sí, con lecturas políticas diferentes sobre el fallo europeo: mientras el Gobierno ve superado el procés en Cataluña, Junts y ERC consideran que la sentencia revalida la “rotunda victoria” y la continuidad del conflicto y del proceso independentista.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ofreció desde La Moncloa la declaración que marcó la posición oficial del Gobierno al subrayar que con la validación del tribunal europeo se refrendaban, además, la veintena de sentencias favorables ante distintos recursos del Constitucional y las tesis de la comisión de Venecia sobre que en la norma no se vulneraban los derechos humanos. Bolaños aprovechó ahí para destacar además el objetivo de fondo de la ley de amnistía como “instrumento adecuado para pacificar un conflicto y para la normalización política, social e institucional de Cataluña” ante una grave crisis heredada de los ejecutivos del PP por el desafío del proceso separatista. “La ley de amnistía no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos representados en el Congreso. También hubo buena parte de la sociedad española que la vio con cierta suspicacia e incluso que la rechazó frontalmente pero tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, hoy nadie, tampoco sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo a calificarla de logro colectivo”, sostuvo el ministro que lideró las complicadas negociaciones con Junts y ERC para sacar adelante la norma.
Ernest Urtasun, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, el socio de la coalición gubernamental, fue un poco más allá desde Luxemburgo y recalcó que la sentencia “demuestra las muchas cosas que podemos hacer la mayoría plurinacional juntos y un aval a lo que hemos conseguido y podemos conseguir en un escenario de mejor colaboración”.
Los responsables del Ejecutivo y de los partidos aún socios optaron así por subrayar la relevancia de la “buena noticia” para el presente y el futuro de la legislatura y de Cataluña, como hizo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pero sin dejar de presionar para que ahora los tribunales españoles, en especial el Supremo y el Constitucional, se apliquen a acelerar los efectos de la amnistía sobre todos los afectados, incluidos los líderes políticos del procés, en la ambición de que esa decisión ayude a terminar los proyectos pendientes antes de que acabe este mandato. Así lo demandaron también desde el PNV o el BNG. Fue más un deseo que un pronóstico basado en contactos del Ejecutivo con los partidos más remisos a pactar por ejemplo los primeros Presupuestos del Estado de esta legislatura, en particular por Junts.
En Junts no quisieron dar este jueves ninguna pista de que su bloqueo actual a la mayoría de las iniciativas que promueve el Gobierno ahora en el Congreso vaya a cambiar. Sus principales dirigentes en Cataluña y el abogado Gonzalo Boyé mantuvieron una reunión telefónica con Carles Puigdemont y Toni Comín, los fugados a Bruselas, y recibieron más preguntas que instrucciones. Puigdemont se mostró satisfecho, pero pidió sobre todo explicaciones técnicas sobre la afectación de la sentencia a los miembros de los CDR condenados.
Jordi Turull, el secretario general de Junts, y Boyé, el letrado de Puigdemont, comparecieron solo para atribuirse en exclusiva el éxito de la sentencia, recordar los ataques que recibieron en enero de 2024 cuando exigieron correcciones a la primera redacción de la norma y precisar ahí que ellos entonces apostaron porque pudiera beneficiar “a todos” y no solo a unos pocos, en una alusión crítica a ERC y PSOE, que según su visión pretendían una repercusión más individual.
En lo que sí coincidieron los responsables de Junts y los de ERC, como su presidente, Oriol Junqueras, es en que con la sentencia no se acaba nada, ni termina el objetivo final del proceso separatista ni “el conflicto político con el Estado” español. Al contrario. La interpretan como una “reválida” para retomarlo y acabarlo. La primera reclamación que se plantean ahora es que los tribunales españoles, en particular el Supremo, pero también el Constitucional, se pongan las pilas y aceleren las resoluciones que puedan permitir la amnistía a los más de 40 dirigentes y líderes del procés todavía no beneficiados por esa medida “sin excusas”, como señaló Junqueras.
El líder de ERC lanzó al aire de las otras fuerzas independentistas de Cataluña una propuesta para trabajar a partir de ahora “con un horizonte de país, de futuro compartido, con más fuerza, más capacidad de decisión y más soberanía”. Ni Puigdemont, ni Turull ni Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, repicaron nada sobre esas ideas por ahora ni sobre el futuro de la legislatura o del Gobierno central, escenarios sobre los que en privado mantienen que nada ha cambiado. La presión de Junts se dirige ahora al Supremo y al Constitucional, al que exigen que no se vaya de vacaciones de verano sin revolver los recursos de amparo registrados por varios de los dirigentes pendientes de la amnistía.
Los tiempos del Constitucional
Esas prisas las refrendó también el ministro de Justicia o el presidente catalán, que abogó por una aplicación de la amnistía “diligente, integral y sin subterfugios”. Algunos responsables políticos apuntaron ahí hacia lo que entienden como una desautorización del Supremo, y del juez Manuel Marchena, que fueron los firmaron la sentencia condenatoria y los que defendieron los recursos que han dilatado dos años y medio su aplicación. En el Constitucional toman nota de esas demandas pero mantienen que hay razones técnicas y jurídicas para sostener su propio calendario sin tantas urgencias.
La semana que viene el Constitucional celebrará un pleno en el que se tumbará el último de los recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía presentado por una autonomía del PP, en este caso Extremadura. Ya van casi una veintena en esa misma línea. La siguiente reunión del pleno del Constitucional para valorar el primer recurso de amparo registrado por un líder del procés, en este caso el de Turull, está agendado para octubre. Su ponente, Mario Macías, aún no ha terminado su proyecto de sentencia de cabecera, que es el que marcará doctrina y podría servir de base para el de Puigdemont, que podría entrar a la consideración del pleno en noviembre.
El PP, que recurrió la iniciativa y la llevó políticamente a las calles con media docena de manifestaciones y a Europa con todo tipo de cuestionamientos, ahora dice que este debate nunca fue jurídico sino político y moralmente “inaceptable”.
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